El Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán reprobó las acciones de 200 tzotziles desplazados del 2019 que mantienen tomada la caseta de cobro San Cristóbal- Chiapa de Corzo, afirmando que el problema es un asunto interno de la comunidad de Canteal, Canech y Joltealal.

La autoridad detalló que se trata de un grupo de personas que han violentado los acuerdos tomados en asamblea, presentando inconsistencia en la participación de labores comunitarias razón por la que los comuneros han aplicado sanciones y multas de acuerdo a sus usos y costumbres.

Especificó que la Familia Rodriguez originarios de Canteal, fue expulsada "Florentino Rodríguez, fungía como policía municipal(Mayol) y prestó servicio de seguridad a las autoridades pasadas encabezada por Margarita Diaz García y Hermelindo García Núñez, al enterarse los habitantes de la comunidad Canteal, lo mandaron a citar en varias ocasiones para que pudiera seguir como policía Mayol, pero no hizo caso y, amenazó a varias personas y autoridades de Canteal en el 2019".

Por esto, dijeron que el acuerdo final determinado mediante una acta de asamblea es desconocerlos de la comunidad por el incumplimiento de obligaciones y colaboración comunitaria. Así también, fueron desconocidas las Familias de la comunidad Joltealal, quienes defendieron el liderazgo de los ex funcionarios “corruptos” .

Finamente indicaron “es importante mencionar que todas estas personas quienes se autodenominan desplazados, siguen viviendo en sus casas y siguen trabajando sus terrenos y tierras.
Cada uno de ellos deben de hacer la labor de convencer a los habitantes de sus comunidades y pedirles perdón por todo lo que han hecho y reconocer el error que han cometido. Ya que ni eso quieren hacer”.

Desplazados del Ejido Puebla del municipio de Chenalhó, acompañados de autoridades estatales, y  municipales, realizaron un peritaje de los daños ocasionados por caciques del poblado.

Indicaron que uno de los acuerdos que pactaron entre las autoridades y desplazados, fue primeramente levantar un peritaje de los daños, para poder exigir el pago del mismo, “primeramente se tiene que realizar un peritaje del daño a las viviendas y así poder integrarlo a las carpetas de investigación, y luego exigir el pago de daños”.

“Los compañeros desplazados que entraron al Ejido Puebla municipio de Chenalhó, fue una comisión de 6 personas que fueron a señalar sus viviendas y sus parcelas, acompañados por peritos de la Fiscalía General del Estado para que se puedan hacer los avalúos de los daños, así como de las pérdidas de cosechas”, señaló el abogado Diego Cadenas.

Agregó que el recorrido en el Ejido transcurrió en paz, únicamente fueron dos peritos de la Fiscalía de Justicia Indígena, escoltados por elementos de la Policía Estatal, así como la presencia del personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y del municipio.

Finalmente, externó que las actividades continuarán hasta terminar con el peritaje correspondiente, “ahora le toca el peritaje a las propiedades (sus milpas, sus cosechas), el objetivo es integrar estos peritajes a las carpetas de investigación correspondiente y estar en condiciones de exigir una reparación integral de los daños”.

Marcos Moreno Báez, Director General Adjunto para la Atención de Casos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, visitó las instalaciones donde actualmente permanecen las más de 50 familias desplazadas del ejido Puebla del municipio de Chenalhó, en San Cristóbal de Las Casas.

El funcionario federal y el abogado Diego Cadenas Gordillo, recorrieron las instalaciones del albergue, donde sostuvieron una larga conversación con los más de 200 desplazados entre, hombres, mujeres, personas de la tercera edad y menores.

“Se cumplió una reunión de seguimiento a la implementación de las Medidas Cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en beneficio de las personas en situación de desplazamiento del ejido Puebla Chenalhó, refugiados en el oriente de San Cristóbal”, señaló en entrevista Diego Cadenas.

Refirió que el encuentro tuvo lugar en el Centro de Producción de Especies Menores en San Cristóbal de Las Casas, sitio que funciona como campamento temporal para las 240 personas, beneficiarias de la Medida Cautelar MC-361-17.

“En la discusión se tocaron temas como ayudas humanitarias, retorno digno y desarticulación de grupos paramilitares en Chenalhó, también se habló del escenario actual de nuevos desplazamientos en los Altos de Chiapas y la ausencia de garantías para la seguridad de las poblaciones indígenas”, expresó.

Finalmente destacó que Marcos Moreno Báez, reiteró el compromiso de Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, con el retorno seguro y con condiciones de vida digna para las personas en situación de desplazamiento.