San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Tres familias originarias de Tapachula se encuentran en condición de desplazamiento forzado interno y han buscado refugio en San Cristóbal de Las Casas, luego de denunciar amenazas de muerte, intento de despojo de sus viviendas y presuntos actos de extorsión cometidos por un grupo armado que opera en la colonia Las Conchitas.

Uno de los afectados, quien por razones de seguridad se identificó únicamente como don José, relató que este sábado se cumplirá una semana desde que abandonó su hogar junto con su familia para resguardarse con familiares en San Cristóbal. Aseguró que tomó la decisión tras un presunto intento de desalojo irregular y después de recibir amenazas de muerte.

De acuerdo con su testimonio, integrantes de un grupo armado le exigieron el pago de 200 mil pesos para permitirle permanecer en la colonia, situación que lo obligó a huir para proteger su vida y la de su familia.

Los desplazados señalaron como presunto responsable a un hombre identificado como Roberto Chávez, alias “El Charrasqueado”, a quien acusan de encabezar un grupo armado que presuntamente cobra derecho de piso, despoja de propiedades a habitantes y mantiene bajo amenazas a pobladores de la zona.

Don José afirmó que otras familias también abandonaron Tapachula por temor a las agresiones; algunas buscaron refugio en Guatemala, mientras que otras, como la suya, llegaron a la región Altos de Chiapas.

“Nos despojaron de todo, hasta de nuestros sueños y de lo que construimos con tanto esfuerzo. Hoy estamos en la calle y empezar de nuevo es muy difícil. No queremos convertirnos en una cifra más de muertos como ha ocurrido en Comalapa, Chicomuselo, Motozintla o Honduras de la Sierra”, expresó.

Los afectados hicieron un llamado al Gobierno de Chiapas y a la Fiscalía General del Estado para que investiguen los hechos, brinden protección a las familias desplazadas y actúen contra los presuntos responsables. Asimismo, solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para garantizar su seguridad y atender las presuntas violaciones a sus derechos humanos.

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