Desplazados del Ejido Puebla del municipio de Chenalhó, acompañados de autoridades estatales, y  municipales, realizaron un peritaje de los daños ocasionados por caciques del poblado.

Indicaron que uno de los acuerdos que pactaron entre las autoridades y desplazados, fue primeramente levantar un peritaje de los daños, para poder exigir el pago del mismo, “primeramente se tiene que realizar un peritaje del daño a las viviendas y así poder integrarlo a las carpetas de investigación, y luego exigir el pago de daños”.

“Los compañeros desplazados que entraron al Ejido Puebla municipio de Chenalhó, fue una comisión de 6 personas que fueron a señalar sus viviendas y sus parcelas, acompañados por peritos de la Fiscalía General del Estado para que se puedan hacer los avalúos de los daños, así como de las pérdidas de cosechas”, señaló el abogado Diego Cadenas.

Agregó que el recorrido en el Ejido transcurrió en paz, únicamente fueron dos peritos de la Fiscalía de Justicia Indígena, escoltados por elementos de la Policía Estatal, así como la presencia del personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y del municipio.

Finalmente, externó que las actividades continuarán hasta terminar con el peritaje correspondiente, “ahora le toca el peritaje a las propiedades (sus milpas, sus cosechas), el objetivo es integrar estos peritajes a las carpetas de investigación correspondiente y estar en condiciones de exigir una reparación integral de los daños”.

Marcos Moreno Báez, Director General Adjunto para la Atención de Casos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, visitó las instalaciones donde actualmente permanecen las más de 50 familias desplazadas del ejido Puebla del municipio de Chenalhó, en San Cristóbal de Las Casas.

El funcionario federal y el abogado Diego Cadenas Gordillo, recorrieron las instalaciones del albergue, donde sostuvieron una larga conversación con los más de 200 desplazados entre, hombres, mujeres, personas de la tercera edad y menores.

“Se cumplió una reunión de seguimiento a la implementación de las Medidas Cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en beneficio de las personas en situación de desplazamiento del ejido Puebla Chenalhó, refugiados en el oriente de San Cristóbal”, señaló en entrevista Diego Cadenas.

Refirió que el encuentro tuvo lugar en el Centro de Producción de Especies Menores en San Cristóbal de Las Casas, sitio que funciona como campamento temporal para las 240 personas, beneficiarias de la Medida Cautelar MC-361-17.

“En la discusión se tocaron temas como ayudas humanitarias, retorno digno y desarticulación de grupos paramilitares en Chenalhó, también se habló del escenario actual de nuevos desplazamientos en los Altos de Chiapas y la ausencia de garantías para la seguridad de las poblaciones indígenas”, expresó.

Finalmente destacó que Marcos Moreno Báez, reiteró el compromiso de Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, con el retorno seguro y con condiciones de vida digna para las personas en situación de desplazamiento.

Un grupo de desplazados del municipio de Chalchihuitán, exigió que se apliquen medidas cautelares, ya que desde el desplazamiento forzado ninguna autoridad se ha acercado a platicar, ni mucho menos a ofrecerles víveres.

Al medio día de este martes, en conferencia de prensa, realizada en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el grupo de integrantes del Comité de Desplazados de Chalchihuitles, (Chalchihuitán), dieron a conocer que no se ha cumplido con las medidas cautelares número 15-18MC882-MX, para que puedan retornar a sus lugares de origen.

“Ya se cumplió tres años del asesinato de nuestro compañero Samuel Luna Girón, y existe un total de 5 mil 023 personas desplazadas en Chalchihuitán, fue un día 18 de octubre del 2017 cuando salieron nuestros hermanos de sus casas y hasta ahora nadie le ha dado solución a este problema, una de ellas es el retorno  a nuestras casas”, denunciaron.

Señalaron que la orden que le dio el gobernador en ese tiempo Manuel Velasco Coello al presidente municipal Martin Gómez Pérez, fue que debian ser obligados a retornar a sus casas todos los desplazados, “retornaron la mayoría sin condiciones, mediante engaños, el 02 de enero del 2018 quedando hoy 282 familias, pero en total son mil 237 personas sin condición de seguridad”.

Expresaron que la situación actual, son los disparos de armas de fuego, invasiones y despojos de tierras ocasionados por pobladores de Chenalhó, hay invasiones recientes, robos y asaltos en los caminos de Chalchihuitán; “hay amenazas de muerte, represiones internas de autoridades municipales, agentes municipales y habitantes del mismo pueblo”.

“El problema de la comunidad Cruz Cacanam cada vez es más difícil, ya que ellos están expuestos a la violencia y a los ataques continuos de los paramilitares que circulan en los límites territoriales entre Chalchihuitán y Chenalhó, en donde viven está cerca la frontera territorial, queremos que la ley se aplique, exigimos justicia y retorno a nuestras casas”, dijo una de las representantes.

Finalmente aseguraro que los agresores y caciques del paraje Cruz Cacanam son: Hilario Luna López, Víctor Díaz Pérez y Efraín Girón Pérez, “ellos gozan de nuestras pertenencias que quedaron en nuestras casas, mientras nosotros seguimos sufriendo sin encontrar la verdadera justicia”.