Tuxtla Gutiérrez, Chiapas — A casi nueve años del desplazamiento forzado que transformó sus vidas, 14 familias originarias del Ejido Puebla, en el municipio de Chenalhó, se manifestaron este lunes frente al Palacio de Gobierno para exigir justicia, verdad y una solución definitiva a su situación.

Las familias, víctimas de violencia comunitaria y abandono institucional, denunciaron que desde el 26 de mayo de 2016, cuando fueron obligadas a abandonar sus hogares, no han recibido una respuesta real por parte de las autoridades. Aquel día, además del éxodo forzado, fue asesinado Guadalupe Cruz Hernández, un hecho que —según los manifestantes— permanece impune hasta la fecha.

“Han pasado casi diez años, y seguimos sin justicia ni garantías para volver a casa. Vivimos en el olvido”, expresó una de las representantes del grupo durante la protesta pacífica.

Los desplazados portaban pancartas y fotografías que recordaban su historia de despojo y violencia, mientras solicitaban al gobierno estatal acciones concretas para asegurar su retorno seguro, la reparación del daño y el castigo a los responsables.

Organismos defensores de derechos humanos han señalado que el caso del Ejido Puebla es uno de los muchos episodios de desplazamiento interno forzado en Chiapas, ligados a conflictos políticos, religiosos y territoriales en la región Altos del estado.

Chiapas.– La situación es desesperante en los Altos de Chiapas. Más de 3,400 personas, entre mujeres, niños y ancianos, se han visto forzadas a abandonar sus hogares tras una emergencia humanitaria que ha afectado gravemente a las comunidades de Pantelhó y Chenalhó. Las autoridades están en alerta máxima ante este desplazamiento masivo, que está dejando a miles de personas sin refugio ni recursos.

Las comunidades de San José Tercero, San Francisco, El Roblar y la cabecera municipal de Pantelhó, entre otras, han sido evacuadas de forma precipitada. En total, miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y desplazarse hacia zonas más seguras, buscando refugio ante la grave incertidumbre que los rodea.

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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el IPRI han emitido un llamado urgente para que se actúe de inmediato, exigiendo que se garantice la protección integral de las víctimas y se les ofrezca el apoyo necesario, conforme a la Ley Estatal sobre Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas. Las organizaciones también piden la desarticulación de grupos que afectan la estabilidad de la región y que el gobierno garantice una solución real y efectiva.

Los pueblos indígenas de la región están a la espera de respuestas concretas de las autoridades, que aún no han cumplido con sus promesas de apoyo, mientras enfrentan esta crisis sin precedentes que los deja vulnerables a una incertidumbre total.