La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las Comandancias de la VII Región Militar y 31/a. Zona Militar, llevó a cabo una ceremonia para nombrar a cuatro menores, como “Soldados Honorarios” del 13/o. Batallón de Infantería.

El evento se realizó en las instalaciones del mencionado Batallón, el cual se encuentra ubicado en el interior del Campo Militar 31-A, de Rancho Nuevo, Chiapas, contando con la presencia de padres de familia, personal integrante del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y funcionarios públicos del municipio de San Cristóbal de las Casas.

La Secretaría de la Defensa Nacional, dio a conocer que con esto busca contribuir al logro de metas y aspiraciones de la niñez mexicana, es por ello que en esta fecha se otorgó el nombramiento a cuatro Soldados Honorarios, imposición de porta nombres, entrega de placa metálica, identificación militar y reconocimientos a Emanuel Araujo Navarro, Hania Valentina Ruiz Santiz, Aarón Esaú Niño Bossel y Citlaly Joselin Flores Pérez.

Mediante estas acciones el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ratificaron su compromiso con el pueblo de México, "porque cada soldado que integra esta Institución, da lo mejor de sí mismo, su entrega y su capacidad, buscando siempre el bienestar de la nación".

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que preside Monseñor Raúl Vera López y Pedro Faro Navarro presidente y director respectivamente, manifiestaron que el Poder Judicial tiene la decisión de vincular a proceso a policías torturadores de Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo.

Informó que este viernes 23 de agosto, se realizará la Audiencia Inicial de Formulación de Imputación y Vinculación a proceso en contra de los policías Orday Rodríguez Vilchis y Edgar Zavala Gutiérrez y los que resulten responsables, por el delito de tortura, cometido en agravio de Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo, el acto tendrá lugar en la sala B del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, para la atención de delitos no graves, con sede en Chiapa de Corzo, México.

En un comunicado exhortó sean vinculados a proceso, se encuentran adscritos a la Comandancia Regional Zona Centro, de la Dirección General de la Policía Especializada, dependiente de la entonces Procuraduría General de Justicia de Chiapas, sus nombres constan en el expediente penal 50/2015 como los agentes aprehensores que presentaron a Francisco ante el Ministerio Público, de la Fiscalía de Distrito Centro, en Chiapas de Corzo.

El Frayba recordó que la mañana del 29 de mayo de 2015, Francisco salió de su casa en el barrio La Alberca, municipio de Venustiano Carranza, a trabajar su milpa, a unos metros de su vivienda, personas vestidas de civil que él identificó como policías, lo privaron de su libertad y desaparecieron, de acuerdo a su testimonio, durante la detención y traslado fue torturado física y psicológicamente: "Pensé que me iban a matar porque me golpeaban mucho en la cabeza".

“Francisco permaneció durante tres años, cuatro meses, en el Centro Estatal para la Reinserción Social para Sentenciados Número 14 "El Amate", según el auto de formal prisión del Juez Primero del Ramo Penal de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, fue acusado de robo con violencia agravada y daños, por Domingo Sebastián de la Torre Gómez, ex comisariado ejidal, por hechos ocurridos el 21 de abril de 2015, el 21 de septiembre de 2018, Francisco logró su libertad por reconocimiento de inocencia, con el apoyo de una amplia red nacional e internacional de organizaciones defensoras de derechos humanos”, citó el organismo.

En este contexto, el Frayba insistió que el Tribunal Superior de Justicia en Chiapas tiene la decisión de establecer un antecedente de no impunidad que garantice la necesaria no repetición de la Tortura a Pueblos Originarios, vincular a proceso a los policías, sería un avance en la reparación moral a sobrevivientes y sus familiares con quienes el Estado mexicano tiene una deuda histórica.

Finalmente el organismo hizo un llamado a la solidaridad para pronunciarse por un México digno sin tortura, y que las organizaciones de defensores de Derechos Humanos se sumen a estas demandas.

* No van a callarnos, no permitiremos que nos encarcelen ni nos repriman aseguran normalistas.

Estudiantes del turno vespertino de la Normal "Lic. Manuel Larraínzar" tomaron las instalaciones de la escuela la mañana de este jueves para exigir que se cumplan las necesidades de esa casa de estudios.

"Desde aquí le decimos al gobierno y a la sociedad que no vamos a callarnos y que pronto empezaremos a reorganizarnos y caminar, saldremos a las calles a esperar una respuesta pero no la violenta sino una ruta de actividades que tienen su razón de ser en el artículo 9 constitucional", indicaron.

Los normalistas indicaron que no van  a permitir que ultrajen más sus derechos, que los despojen,  los repriman, los encarcelen y los persigan, "nosotros no soñamos un futuro así, por ello exigimos la solución inmediata a las necesidades de nuestra normal, ratificamos el apoyo a las bases magisteriales de la combativa seccion VII del SNTE, nuestro apoyo a los hermanos y hermanas de la escuela normal rural Mactumactza, rechazamos toda la represión a nuestra comunidad estudiantil".

Exigieron al gobierno que cumpla las promesas de campaña de fortalecer las normales del  país y plazas a todos los egresados de las normales. "Nosotros con lucha y sangre no permitiremos que desaparezcan las normales, las vamos a defender".

Finalmente aclararon  que la toma de las instalaciones únicamente  fue por unas horas de este jueves, pero es así como inician este reclamo de atenciones a la normal Manuel Larraínzar.

Desde el penal número 5 de San Cristóbal de Las Casas, Roberto Martínez Pérez, indígena tsotsil, originario de la comunidad Bacóm municipio de Huixtán solicitó al gobierno de Chiapas su excarcelación, tras asegurar que fue acusado de un delito que no cometió.

En una carta dirigida a medios de comunicación, narra que desde niño quedó huérfano de padre, “a mi papá no lo conocí, murió cuando yo era niño, quise estudiar pero no pude por falta de dinero, tuve que trabajar para apoyar a mi madre”.

“A la edad de 6 años me mandaron a la escuela primaria, a los 12 años mi madre me mando a la ciudad de San Cristóbal para estudiar la secundaria, y como somos pobres, tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo, al final no pude seguir con las dos cosas, decidí  trabajar, mi madre es madre soltera y una hermana menor que yo, era feliz mi mamá, mi hermana al igual que yo, nos iba bien, me quitaron mi felicidad, yo quería tener una familia”, señaló en la carta.

Recordó que un 4 de Septiembre de 2006 a las dos de la tarde, fue detenido en la ciudad de San Cristóbal por agentes estatales acusado de un delito prefabricado, años después fue sentenciado a 41 años de prisión, “mi madre está enferma, yo aquí encerrado, solicito de manera respetuosa al gobernador que me voltee a ver, no hice nada, estoy detenido injustamente”.

“Todo lo que había logrado en mi juventud, hoy no queda nada, ahora mi madre está sola, edad avanzada y enferma y no hay quien la cuide, el gobierno de la pasada administración del 2006, en ese entonces Pablo Salazar, era el gobernador de Chiapas, destruyó mi vida y la de mi familia, mis sueños lo hicieron pedazos”, citó en la carta.