·      Se reúnen organizaciones en San Cristóbal; lamentan que el presupuesto que el gobierno envió al Congreso para el próximo año, trae recortes importantes en materia de salud, educación, campo, medio ambiente

 Con el objetivo de analizar las acciones a seguir ante los incumplimientos de minutas firmadas con el gobierno del estado, más de 500 delegados de diferentes regiones de Chiapas de la Organización Nacional del Poder popular (ONPP) Chiapas se reunieron en el X Congreso Anual.

“Vamos a discutir que hacer y por el otro lado las relaciones de negociación que hemos mantenido con gobierno, hay incumplimiento, tenemos minutas de trabajo firmada por el actual secretario de gobierno Gómez Aranda, sobre libertad de presos de conciencia, sobre resoluciones del problema del transporte, apoyos de vivienda", añadió Noé Hernández delegado estatal de la ONPP

La organización, que incorpora comerciantes, productores, pequeños productores, transportistas del sector social, amas de casa, indígenas de los pueblos originarios, explicó  que se reúnen anualmente donde se les revisan sus documentos básicos que tienen que ver con programas, principios, estatutos, “es decir las leyes que norman la conducta política y social del militante de la organización”.

Lamentó que el presupuesto que el gobierno envió al Congreso para el próximo año, trae recortes importantes en materia de salud, educación, campo, medio ambiente, el cual se traduce en decrecimiento económico y con ellos se deploran las condiciones de vida de las familias más pobres, que calculó serían entre 75 a 80 millones de familias de un total en el país de  120 millones.

“Esta situación social nacional y la aprobación del paquete de las reformas estructurales que ya se están poniendo en marcha, se están aplicando, ponen en riesgo el tejido social en comunidades, parajes, grupos, colonias, en el campos, ciudad, playas, puertos, porque lo que entrañan es una devastación, unas sobre explotación”, añadió.

El evento encabezado también por Adela Gómez Martínez, dirigente Estatal de la ONPP, Noé Hernández, señaló que en el caso específico de Chiapas, los megaproyectos mineros que están la costa la sierra, zona norte, la propuestas de los campos de energía eólica, fueron discutidos, ya que ha provocado la movilización de personas y siendo el ultimo la mega peregrinación de la Diócesis de San Cristóbal.

Calculó la participación en este congreso de 500 delegados, de los municipios de la zona Sierra y municipios como El Porvenir, Motocintla, Mazapa de Madero, Tenejapa, Chalchihuitán, Chenalhó, Zinacantán, San Cristóbal, Teopisca, Comitán, Ixtapa, Chiapa de Corzo, San Lucas, Tuxtla Gutiérrez, entre otros.

*Son ellos los que están detrás del conflicto por la construcción de tres calles, advierte el grupo contrario y pide la urgente intervención de las autoridades estatales

 Luego de que un grupo de pobladores de La Comunidad Milpoleta, del municipio de San Juan Chamula, bloquearon la entrada y salida de dicha comunidad, pobladores quienes se oponen a la construcción de tres calles, dieron a conocer que cuentan con amparo que los avala para que sus tierras no sean tocadas para tales fines.

En un escrito entregado al gobierno del estado, dan a conocer que el amparo a su favor lo sustenta en la sentencia de fecha nueve de marzo del 2015, “ante la falta de los procedimientos de resolución de fecha 21 de agosto de 2015, que nos dio la razón jurídica”.

Aseguraron que son los hermanos Manuel y Javier Collazo Gómez, quienes están incitando a los pobladores, a pesar de existir un amparo a favor de ellos.

 “Respetando la ley los suscritos logramos que la justicia Federal nos amparara por violación a nuestros derechos constitucionales, por la falta del procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública, del entonces ex presidente municipal Sebastián Collazo Díaz, quien se coordinó precisamente con el mismo grupo e incitadores a la violencia que hoy realiza el bloqueo”, añadieron.

Solicitan al gobierno del estado su intervención para el respeto a un amparo federal, ya que desde hace dos años les fueron despojadas sus tierras, “abuso de autoridad, daños, lesiones, privación ilegal de la libertad”.

Con fecha 16 de noviembre del año 2016, citan que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del vigésimo circuito se ordena a la autoridad municipal el cumplimiento íntegro de su amparo ya que fueron violados sus derechos constitucionales de propiedad, daños y perjuicios.

Aseguraron que el bloqueo que se mantiene en la entrada y salida de aquella comunidad, es incitado por Javier y Manuel Collazo, alterando la paz y buscando provocar conflictos entre los mismos habitantes.

Subrayaron que el pasado 13 de junio de 2016 sí se realizó una asamblea general en la comunidad, pero que jamás se llegó a un acuerdo porque el grupo contrario a ellos querían abrir las calles, ya que jamás se les planteó un proyecto y en apego a la ley agraria, como se había acordado en una minuta de trabajo del pasado 6 de mayo del 2016.