Feligreses piden alto a impunidad en Chenalhó; hay grupos armados

·         Integrantes de la Coordinación de la Parroquia de San Pedro Apóstol piden el desarme de grupos y que se investigue las redes de tráfico de armas

 Integrantes de la Coordinación de la Parroquia de San Pedro Apóstol del municipio de San Pedro Chenalhó, pidieron a las autoridades estatales y federales, dejen de tolerar la impunidad y propiciar el desorden social en aquel municipio, así como desarme de grupos armados, además que se investigue las redes de tráfico de armas.

“Exigimos a las autoridades busquen una solución de consenso y diálogo para que las partes en conflicto de Chenalhó, con los ciudadanos como actores principales y no los partidos ni los contendientes directos”, señalan en un escrito.

Recordaron cómo se llegó a la masacre, por lo que ven con preocupación pues pareciera repetirse la historia, por los actos de amenazas, muertos y heridos, desplazados, casas quemadas, actuación de grupos con tráfico de armas y, sobre todo, “lo que más nos angustia es ver cómo, ante todas las voces que denuncian, las autoridades no hacen nada por resolver el problema y se escudan e n pretextos absurdos”.

 “Ese sufrimiento en nuestro municipio tiene ahora el rostro concreto de más de 200 desplazados, el rostro de las familias de los muertos que ya suman cuatro, dos en la colonia Puebla en mayo del año pasado y otros en días recientes, hijos de dos líderes de una de las partes en conflicto”, destacaron.

Asimismo, aseguraron que es notorio que en el municipio de Chenalhó  se han reactivado los grupos armados y están actuando con total libertad e impunidad, “incluso paseando y haciendo alarde de sus armas en la cabecera municipal y en la colonia Puebla. De hecho las autoridades estatales permitieron con completo conocimiento de causa que el grupo en actual en posesión de la presidencia municipal, la retomara con sus propios grupos de choque en lugar de que, si efectivamente le correspondía la razón jurídica, la fuerza pública estatal hubiese restablecido el orden y actuado conforme a derecho”.

Consideran que las autoridades federales deben investigar la procedencia de las armas que son consideradas “exclusivas del ejército” y que con insistencia se señala a las mismas autoridades estatales como fuente de financiamiento.

Es de señalar que el escrito es firmado por Manuel Pérez Jiménez, Damián Vázquez Gómez, Magdalena Ortiz Pérez, Juan Arias Pérez; el presbítero Manuel Pérez Gómez, párroco; María de la Luz Rodríguez López, Rafael Landerreche Gómez, Claudia Gutiérrez Hernández, Javier Sántiz Cruz, Lucio Vázquez Pérez y Tomasa Pérez Hernández.

Aparte de dirigir el escrito a instancias de gobierno, también le fue enviado copia a Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de la Diócesis de San Cristóbal y al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC.