Centenares de maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), arremetieron de nueva cuenta en contra de Plaza comerciales del poniente y oriente de la capital, las cuales esta vez estuvieron resguardadas por elementos de la Policía Estatal y Municipal.

Sin que afortunadamente se registrara ninguna intentona de bronca, los maestros permanecieron en las afueras de la plazas, mientras los policías se colocaron a las entradas y salidas de las tiendas departamentales tanto de Plaza Crystal como Plaza Sol, donde podían observarse a estudiantes normalistas cubiertos los rostros con capuchas y portando cohetones y chimbas.

Algunos propietarios de tiendas departamentales de Plaza Crystal, mostraron su molestia y su indignación ante la acometida que los maestros siguen haciendo en contra del comercio, afectando a familias enteras y prácticamente corriendo a los clientes de esos lugares, ante el temor de ser agredidos por los manifestantes.

Indicaron que no es posible que tanto las autoridades gubernamentales, aunado a la intransigencia del profesorado, no puedan encontrar una solución a esta problemática que ya lleva más de tres meses sin ser resuelta, mientras los comercios poco a poco se van cerrando, ante la falta de circulante y la ausencia de clientes.

A pesar de ello, los maestros siguieron con su postura de permanecer apostados en los estacionamientos de las plazas comerciales, sin que hasta la tarde de ayer mismo se reportara alguna incidencia entre maestros y policías.

Tuxtla Gutiérrez, Chis.-Chiapas se encuentra dentro de los 10 primeros lugares con mayor registro testamentario, lo que deja ver la cultura de la prevención y legalidad con la que se conduce la sociedad chiapaneca, afirmó, Alejandro Llaven, especialista financiero.

El mes de septiembre, desde hace un par de años se ha convertido en el mes del testamento, campaña impulsada por el Colegio de Notarios; dicha campaña tiene como objetivo facilitar el proceso de sucesión de bienes, para impulsar la cultura de la legalidad en materia de realización de testamentos, la prevención, la seguridad jurídica y la unión familiar.

La campaña consiste en reducir el costo de sus servicios en materia testamentaria, en el cual, se ve disminuido en más del 50% del costo real de un testamento, lo que lo deja con un precio de mil pesos más IVA.

En Chiapas se han realizado ya 49 mil testamentos, y se espera que anualmente se sumen entre cuatro mil y cinco mil testamentos más; lo que posiciona a la entidad entre los diez estados con mayor registro testamentario.

El analista Alejandro Llaven, determinó que la cultura del testamento, no sólo en Chiapas  sino en el país aún se encuentra rezagada, debido a la poca cultura de legalidad y principalmente a que está mal asociado con la edad avanzada.

·        La Segunda Sala consideró que la privación de la libertad no le compete al Ministerio Público, sino al juez, quien cuenta con las facultades de emitir las resoluciones que incidan en la libertad de las personas

APRO

Ciudad de México.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo a habitantes de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, quienes solicitaron una indemnización de la Procuraduría General de la República (PGR), ya que fueron privados indebidamente de su libertad.

El máximo tribunal de justicia del país resolvió en contra del amparo directo interpuesto por los indígenas tzotziles Manuel “N” y Pedro “N”, al considerar que le corresponde a un juez federal determinar la culpabilidad de los elementos del Ministerio Público (MP).

Al emitir su fallo, la Segunda Sala consideró que la privación de la libertad no le compete al Ministerio Público, sino al juez, quien cuenta con las facultades de emitir las resoluciones que incidan en la libertad de las personas, ya sea mediante orden de aprehensión, auto de formal prisión, auto de vinculación a proceso o sentencia definitiva, según sea el caso.

Además, la SCJN consideró que, en caso de que los jueces emitan una sentencia absolutoria, obligaría a que en el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado siempre deba otorgarse una indemnización por la actividad administrativa irregular, a pesar de que el Ministerio Público de la Federación hubiese cumplido con sus funciones constitucionales y legales de argumentar (con base en los indicios recabados y las diligencias investigadoras realizadas), las razones por las que en la causa en cuestión se advirtió la probable existencia del conjunto de los elementos que constituyen la materialidad del hecho delictivo.

Los agentes del MP investigados por este hecho, podrían ser sujetos a responsabilidad penal o administrativa, u obligados a pagar la reparación del daño en otras vías cuando se demuestre que actuaron dolosamente de manera contraria a la ley.