En entrevista, la Dra. Marlene Maldonado Jiménez, el Dr. Eliseo Muñoz Mena y el Dr. Miguel Ángel Cordero Molina, dieron a conocer los detalles de esta segunda edición, que se realiza mediante un esfuerzo interinstitucional entre la Facultad de Derecho de la UNACH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad.

Explicaron que participarán especialistas de la CNDH, entre ellos el licenciado Álvaro Romeo Cartagena Rivero, director general del Programa contra la Trata de Personas de la Quinta Visitaduría; el licenciado Jesús Eduardo Villarromán, director de la Quinta Visitaduría en materia de recomendaciones y la maestra Cristina Isabel Hernández López, capacitadora de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo.

Así también se contará con la participación de docentes de la Facultad de Derecho y especialistas invitados del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. El primer módulo estará a cargo del doctor Antonio Paniagua Álvarez, coordinador de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho.

Los entrevistados señalaron que durante el diplomado se abordarán temas relacionados con los antecedentes y evolución de la defensa de los derechos humanos, el Sistema Interamericano, el Sistema Universal de Protección y el sistema regional, además de brindar conocimientos prácticos y teóricos sobre la defensa de la libertad de expresión.

Destacaron que la capacitación resulta relevante ante las agresiones y riesgos que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos en el país, por lo que se busca proporcionar herramientas para conocer los mecanismos de protección existentes y fortalecer la defensa de la vida, integridad y derechos de quienes ejercen estas actividades.

Finalmente dijeron que el diplomado está dirigido a periodistas, defensores de derechos humanos, integrantes de organizaciones civiles, abogados, estudiantes de la UNACH y al público en general. Las actividades se desarrollarán del 3 de octubre al 11 de diciembre de 2026 en la Facultad de Derecho los días sábados por la tarde.

A través de un pronunciamiento, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) señaló que estas carencias han generado una sobrecarga laboral entre los trabajadores de la clínica y afectan la atención que reciben los derechohabientes. De acuerdo con el organismo, una alternativa para atender la falta de personal sería la basificación de quienes actualmente prestan servicios de sustitución.

El FNLS afirmó que la situación representa un riesgo tanto para los pacientes como para los trabajadores de la salud, quienes, según el pronunciamiento, laboran bajo condiciones adversas y han enfrentado presuntas amenazas de despido en caso de hacer públicas sus inconformidades.

Ante ello, el organismo exigió a los gobiernos federal, estatal y municipal atender de manera inmediata las carencias que prevalecen en la clínica, además de garantizar el abasto de medicamentos e insumos y respetar el derecho de los trabajadores a manifestarse sin represalias.

Asimismo, el FNLS informó que se solidariza con los trabajadores de la salud que actualmente laboran bajo protesta y responsabilizó a las autoridades estatales de las posibles consecuencias que pudieran derivarse de la falta de atención médica y medicamentos.

De acuerdo con la denuncia enviada a este medio, el conflicto tendría antecedentes desde el ciclo escolar anterior, cuando la docente fue señalada por un incidente ocurrido durante el recreo, en el que un menor habría tirado accidentalmente a una niña. Los padres señalaron que posteriormente se habría corroborado que la maestra no tuvo responsabilidad en lo ocurrido.

Posteriormente, el conflicto habría aumentado debido a la inscripción de la menor al segundo grado. Según los padres denunciantes, la niña no fue inscrita inicialmente en tiempo y forma debido a que no había concluido adecuadamente el primer grado, situación que habría generado el malestar de sus padres.

Sin embargo, señalaron que el kínder finalmente permitió que la menor fuera inscrita a segundo grado y debido a que los grupos ya se encontraban completos, el personal del plantel buscó la disposición de un aula para darle un espacio en otro grupo y garantizar su derecho a continuar con su educación.

De acuerdo con los denunciantes, esta situación habría sido el detonante del conflicto con los padres de la menor, quienes posteriormente acudieron al plantel para reclamar a la docente, pese a que según los padres de familia, ella no tenía responsabilidad en la decisión sobre la inscripción o asignación del grupo.

Los inconformes aseguraron que el pasado martes 8 de septiembre se registró un nuevo conflicto, durante el cual la maestra habría sido objeto de agresiones verbales e intimidaciones. Señalaron que posteriormente presentó complicaciones de salud y tuvo que ser trasladada a Tuxtla Gutiérrez para recibir atención médica.

Según los padres de familia, la maestra sufrió un infarto y posteriormente presentó parálisis en la mitad de su cuerpo, por lo que permanece grave y hospitalizada. Ante esta situación, expresaron su preocupación por la seguridad de docentes, trabajadores, alumnos y padres de familia, debido a las presuntas amenazas realizadas contra integrantes de la comunidad escolar.

Los padres de familia solicitaron la intervención de las autoridades educativas y correspondientes para esclarecer lo ocurrido, garantizar la seguridad dentro del plantel y en su caso, determinar responsabilidades.

Finalmente, hicieron un llamado a mantener el respeto dentro de la comunidad escolar y pidieron que se brinde protección tanto a los docentes como a los alumnos, al considerar que cualquier diferencia debe ser atendida por las vías institucionales y sin recurrir a amenazas o agresiones.