A 25 años de prisión fue sentenciado un paramilitar de San Pedro Chenalhó, responsable del asesinato del indígena tsotsil Guadalupe Cruz Hernández, así lo dio a conocer  Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik. 

Informó que la mañana de este lunes fue notificado por el  Tribunal Colegiado, “nos acaba de notificar la sentencia condenatoria de 25 años de cárcel para Javier Gómez Gutiérrez uno de los paramilitares que asesinaron a Don Guadalupe Cruz Hernández  y desplazaron a su familia de la comunidad Ejido Puebla del municipio de Chenalhó”.

Agregó que esto es un logro más, pero aún faltan ser ejecutadas otras órdenes de aprehensión contra otros paramilitares de Chenalhó, y   que la Fiscalía General de estado (FGE) termine de integrar las otras Carpetas de Investigación que tienen 3 años estancadas.  “Sin detención de los agresores no se podrá decir que hay condiciones para el retorno seguro ni digno de sus familiares a sus viviendas, vamos a seguir trabajando para el retorno con todas las garantías de seguridad”. 

Finalmente Cadenas Gordillo, exigió a las autoridades del gobierno, a través de la FGE, la SSyPC, el ejército y la Guardia Nacional, la desarticulación del grupo paramilitar que opera en el municipio de Chenalhó, “causante de asesinatos y del desplazamiento de miles de personas”.

El Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba), informaron que han documentado el desplazamiento de familias de dos comunidades tseltales, integrantes del proceso organizativo de Gobiernos Comunitarios, en el municipio de Chilón.

Indicaron​ que el 06 de diciembre de 2019, a eso de​ las 06:00 de la mañana, un grupo civil armado de aproximadamente 20 personas procedentes de la comunidad de Pechton Icotsilh’, atacó con armas de fuego a la población de San Antonio Patbaxil, el mismo grupo agresor desplazó a la población de la comunidad Carmen San José, entre el 20 y 25 de junio de 2018.

“Son en total 40 familias, 190 personas aproximadamente, entre niños, niñas, mujeres, ancianos y hombres que se encuentran en comunidades vecinas, en la cabecera municipal y dispersas en las montañas, en su mayoría sin alimentos ni abrigo, cercadas por el grupo civil armado que impide su retorno con seguridad”, denunciaron.

Agregaron que tres comunidades más se encuentran en riesgo de su vida, seguridad e integridad: Juan Sabines Verapaz, Tzubute’ Santa Rosa, en el municipio de Chilón y Santa Cruz en el municipio de Sitalá, entre los hechos de agresiones el Frayba registró que el 09 de octubre de 2019, nueve personas regresaron a la comunidad de Carmen San José a ver sus domicilios, cuando a las 09:00 de la mañana, aproximadamente un grupo de 7 personas les dispararon con armas de grueso calibre, la agresión duró 30 minutos aproximadamente, el 10 de octubre continuaron las detonaciones.

Refirieron que desde el 15 de octubre de 2019, el Frayba informó a las instancias correspondientes, a la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la situación de violencia en la región de Chilón, especialmente del terror que vive la población por el cerco armado a comunidades, el gobierno de la república también fue notificado y hasta la fecha no ha realizado acciones inmediatas de ayuda humanitaria ni de protección y prevención para evitar siga escalando la crisis de derechos humanos en la entidad, por las circunstancias de la actuación impune del grupo armado se presume vínculos con agentes estatales y municipales.

Finalmente exigieron garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las 125 personas desplazadas de la comunidad Carmen San José y las 65 personas de la comunidad San Antonio Patbaxil, evitar el desplazamiento de las comunidades Juan Sabines Verapaz, Tzubute’ Santa Rosa, en el municipio de Chilón y Santa Cruz en el municipio de Sitalá”.

Cuatro personas  fueron  retenidas  más de 8 días por  intolerancia religiosa y agraria en el municipio de Teopisca, hasta el momento ninguna autoridad del municipio ha tratado de resolver ese conflicto. 

Los hechos se dieron la noche del pasado domingo 8 de diciembre, cuando cerca de 500 pobladores de la comunidad Santuario municipio de Teopisca en su mayoría evangélicos, retuvieron a 4 personas que profesan la religión católica, además señalaron que en la comunidad existen problemas agrarios.

Las personas que permanecen privadas de su libertad responden a los nombres de: Juan Hernández Pérez, Domingo Jiménez Hernández, Manuel Díaz Jiménez Primero, y Enrique Díaz Jiménez, hasta la tarde de este domingo aún permanecen en la cárcel rural de la localidad.

El grupo evangélico están condicionando al grupo católico que firmen documentos para que sus parcelas pasen a su favor, para liberar a los retenidos les exigen la cantidad de 150 mil pesos por los cuatro.

Ante este hecho familiares de los retenidos iniciaron la denuncia correspondiente en la agencia del ministerio público de la Fiscalía de Justicia Distrito Altos, con el número 00141-2019, por lo que esperan  que actúe la autoridad, y la denuncia se eleve a Averiguación Previa.

Finalmente se supo que los familiares se encuentran desesperados y temen por la integridad física de los retenidos  por lo que exigen a las autoridades competentes actúen ya y se castigue a los líderes de la comunidad.

“El Consulado de Guatemala en Chiapas, requirió al Instituto Nacional de Migración (INM), el traslado de las menores de edad Evelyn Melisa Ramírez Chilel y Roselia López Morales al albergue del Dif en Comitán, ya que se encontraban albergadas en las instalaciones de Aldeas Infantiles S.O.S, en la misma ciudad, a quienes se les ofreció Visa Humanitaria por el INM, enterándose los funcionarios consulares de la fuga de las guatemaltecas, lo cual es una situación muy seria”, señaló el vicecónsul de Guatemala Fernando Castro, tras una visita que hizo a San Cristóbal.

En entrevista indicó que dentro del informe que se ha enviado a la Cancillería guatemalteca, se hizo del conocimiento las actuaciones de protección consular hacia sus connacionales antes citados por parte del Consulado de Guatemala, pero que lamentablemente el Instituto Nacional de Migración, a través del área jurídica, ha hecho del conocimiento la fuga de las dos menores de edad, por medio de oficio, poniendo la denuncia del albergue en el cual se encontraban recluidas.

“Se ha procedido hacer las respectivas denuncias, ante la Delegada de Migración en el Estado de Chiapas, Carmen Yadira de Los Santos, a la Fiscalía de Delitos en Contra de Los Migrantes, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a quienes se les solicitó realicen actuaciones pertinentes de investigación por la fuga de las guatemaltecas”, aseveró.

Agregó que ya fue notificado a la Embajada de Guatemala en México, como parte de la información detallada del lamentable caso de fuga de las menores guatemaltecas, privadas de su libertad por 38 días por falta de notificación, lo cual se califica de inmoral e inconsciente por parte de la persona responsable, ya que se violan los derechos humanos de los guatemaltecos, esperando una investigación del caso por parte de personal de oficinas centrales del INM.

Finalmente el vicecónsul solicitó el apoyo a las instituciones gubernamentales y a los mexicanos en la búsqueda de la​ guatemalteca Éricka Rosalinda Gutiérrez Escobar, de quien ya se activó la Alerta, “dicha búsqueda es con posibilidades de haber ingresado a territorio mexicano, para cualquier información notifiquen a la embajada en México y a los consulados establecidos en varios puntos de la república”..