Alrededor de 7 mil de 15 mil usuarios en resistencia han consignado sus pagos correspondientes ante un Juzgado, para exigir una tarifa preferencial de 20 pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informaron los integrantes del Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia (Mopor)

En conferencia de prensa Arturo Díaz González, representante de la organización, dio a conocer que el próximo 28 de octubre en la comunidad Zapotal, se realizará un foro con la participación de representantes de los pueblos originarios de la entidad chiapaneca, donde abordarán temas relacionados con el derecho y cultura indígena, territorio y biodiversidad, entre otros.

Recordó que Mopor desde el año 2017, ha establecido un proceso de consignación de pagos de 20 pesos bimestrales en favor de CFE como un mecanismo de defensa al acceso de la población al servicio de energía eléctrica y como respuesta ante el hostigamiento de la CFE que exige el pago excesivo.

Destacaron que a la fecha han realizado consignaciones en los Municipios de: San Andrés Duraznal, Ocozocoautla, Chiapa de Corzo, Uzumacinta, Tuxtla Gutiérrez, Tecpatán, Coapilla, Copainalá, Simojovel, Chilón, Yajalón, Pantelhó, Ocosingo, Altamirano, etc.

Uno de los procesos más significativos que existe en Chiapas es la existencia de organizaciones que afrontan los abusos que se cometen en materia energética por parte de la CFE mediante los altos cobros de energía eléctrica, concluyó Díaz González.

Una persona muerta y seis heridas fue el saldo de un fuerte accidente carretero,  registrado en la carretera San Cristóbal de Las Casas-Teopisca en el  Km 93+300, antes de llegar a la entrada al parque turístico " Las Grutas de Rancho Nuevo".

Al lugar arribaron de inmediato elementos de Protección Civil, quienes brindaron los primeros auxilios a las personas que se encontraban al interior de una camioneta blanca, originarias de Guatemala .

La unidad accidentadaes una camionta Chevrolet  Silverado 3500, color blanca, con placas de circulación CV 75825 del Estado de Chiapas, la cual se salió de la carretera volcándose. El chófer se dio a la fuga.

Los elementos de Protección Civil indicaron que al llegar al lugar se encontraron a una persona del sexo femenino sin signos vitales   y seis personas  más entre ellos cuatro menores de edad, quienes se trasladaron a nosocomios de San Cristóbal de Las Casas para su atención médica. Se informó que tres de ellos se encuentran muy graves.

Un accidente carretero dejó daños materiales, al volcarse un camión pesado la tarde-noche del martes en la región de Altamirano. Los hechos se registraron en el tramo carretero estatal Comitán - Altamirano, en la curva conocida como el Caracol, a la altura del ejido 20 de noviembre.

En el lugar se encontró un tracto camión marca kenwood atravesado y volcado sobre el lado izquierdo del mismo, el cual llevaba carga de calidra hacia el municipio de Altamirano, el chófer no se encontró en el lugar.

Más tarde, fue necesario el apoyo de una grúa para el rescate y traslado de la unidad a un corralón, los colonos del lugar manifestaron que no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal, así como Trránsito del Estado, quienes se hicieron cargo del peritaje.

La infancia de comunidades tsotsiles en desplazamiento forzado está en riesgo a la vida, aseguró el Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas" por lo que exigió el cese de discriminación y amenazas a representantes comunitarios defensores de derechos humanos de los pueblos originarios.

El organismo indicó que el día 05 de octubre de 2018, el niño Juan de Jesús Pérez N, de 12 años de edad, fue herido de bala cuando se encontraba en su casa, en la comunidad de Koko’, municipio de Aldama, el 02 de abril de 2018, los niños Alonso Gómez N y José Antonio Gómez N, fueron emboscados y asesinados cuando se dirigían con su padre a su milpa, en el camino del tramo a Tselejpotobtik; en ambos casos los disparos venían desde el ejido Manuel Utrilla municipio de Chenalhó.

“Lo anterior evidencia el riesgo a la vida, integridad y seguridad de la población de 5 comunidades tsotsiles, que desde marzo de 2018, se encuentran en situación de desplazamiento forzado por la acción de grupos civiles armados de corte paramilitar procedentes del ejido Manuel Utrilla, Chenalhó, quienes las siguen asediando, de acuerdo a testimonios: desde trincheras les disparan ráfagas con armas de alto calibre a larga distancia y de manera constante, por lo que no pueden realizar sus actividades cotidianas, especialmente de siembra y cosecha para su alimentación”, denunció el Frayba.

Ante estos hechos el Centro manifestó su preocupación por el riesgo de otra incursión armada a la cabecera, como la del 16 de marzo de 2018, u otras comunidades causando una masacre y otras violaciones graves de derechos humanos a pueblos originarios.

Sostuvo que la población en desplazamiento forzado más vulnerable son las niñas y niños, quienes viven en permanente miedo lo cual causa daño psicológico, y en las montañas carecen de resguardo a su salud y alimentación adecuada, las mujeres y personas mayores de edad son también especialmente vulnerables en desplazamiento forzado.

“Exigimos se atienda de manera urgente e integral la situación de desplazamiento forzado en las comunidades de Tabak, Koko’, Cotsilnam, Stselej Potop y Xchuchte, del municipio de Aldama, para evitar una crisis humanitaria de daños irreparables; aplicando de manera inmediata los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, así como realizar acciones de prevención con el fin de evitar que otras comunidades se desplacen de manera forzada debido a las agresiones armadas en la región", indicó.

Así también garantizar la integridad física, la seguridad y la libertad de los representantes comunitarios del municipio de Aldama, que en las mesas de negociación los representantes de gobierno se conduzcan sin discriminación y cesen las amenazas, intimidación, hostigamientos y vigilancia en contra de quienes defienden los derechos humanos de sus comunidades.

Finalmente solicitó la desarticulación, desarme, detención y sanción a los grupos civiles armados de corte paramilitar en la región, así como una investigación a fondo a las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados.