La infancia de comunidades tsotsiles en desplazamiento forzado está en riesgo a la vida, aseguró el Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas" por lo que exigió el cese de discriminación y amenazas a representantes comunitarios defensores de derechos humanos de los pueblos originarios.

El organismo indicó que el día 05 de octubre de 2018, el niño Juan de Jesús Pérez N, de 12 años de edad, fue herido de bala cuando se encontraba en su casa, en la comunidad de Koko’, municipio de Aldama, el 02 de abril de 2018, los niños Alonso Gómez N y José Antonio Gómez N, fueron emboscados y asesinados cuando se dirigían con su padre a su milpa, en el camino del tramo a Tselejpotobtik; en ambos casos los disparos venían desde el ejido Manuel Utrilla municipio de Chenalhó.

“Lo anterior evidencia el riesgo a la vida, integridad y seguridad de la población de 5 comunidades tsotsiles, que desde marzo de 2018, se encuentran en situación de desplazamiento forzado por la acción de grupos civiles armados de corte paramilitar procedentes del ejido Manuel Utrilla, Chenalhó, quienes las siguen asediando, de acuerdo a testimonios: desde trincheras les disparan ráfagas con armas de alto calibre a larga distancia y de manera constante, por lo que no pueden realizar sus actividades cotidianas, especialmente de siembra y cosecha para su alimentación”, denunció el Frayba.

Ante estos hechos el Centro manifestó su preocupación por el riesgo de otra incursión armada a la cabecera, como la del 16 de marzo de 2018, u otras comunidades causando una masacre y otras violaciones graves de derechos humanos a pueblos originarios.

Sostuvo que la población en desplazamiento forzado más vulnerable son las niñas y niños, quienes viven en permanente miedo lo cual causa daño psicológico, y en las montañas carecen de resguardo a su salud y alimentación adecuada, las mujeres y personas mayores de edad son también especialmente vulnerables en desplazamiento forzado.

“Exigimos se atienda de manera urgente e integral la situación de desplazamiento forzado en las comunidades de Tabak, Koko’, Cotsilnam, Stselej Potop y Xchuchte, del municipio de Aldama, para evitar una crisis humanitaria de daños irreparables; aplicando de manera inmediata los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, así como realizar acciones de prevención con el fin de evitar que otras comunidades se desplacen de manera forzada debido a las agresiones armadas en la región", indicó.

Así también garantizar la integridad física, la seguridad y la libertad de los representantes comunitarios del municipio de Aldama, que en las mesas de negociación los representantes de gobierno se conduzcan sin discriminación y cesen las amenazas, intimidación, hostigamientos y vigilancia en contra de quienes defienden los derechos humanos de sus comunidades.

Finalmente solicitó la desarticulación, desarme, detención y sanción a los grupos civiles armados de corte paramilitar en la región, así como una investigación a fondo a las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados.

*Es urgente erradicar la pobreza, la violación de los derechos humanos y atender los problemas de rezago, afirma Guillén Pinto 

 Con el fin de coordinar e implementar acciones que coadyuven en beneficio a las familias más desprotegidas y rezagadas en los programas sociales, la Comisión Latinoamericana para la Prevención del Delito de los Derechos Humanos, realizó ayer aquí un balance de los logros realizados a lo largo de un año de haberse fundado.

El Presidente de este organismo en Chiapas, Ernesto Guillén Pinto, expresó que llegó el momento de que la ciudadanía se organice para obtener los beneficios del gobierno federal y estatal, toda vez que, en Chiapas existen regiones y zonas donde los programas sociales y proyectos federales no llegan todavía a muchas familias, existiendo los índices y cinturones de pobreza.

"Es tiempo también que la ciudadanía se organice para elegir a sus gobernantes y que realmente trabajen para la gente, que no se alejen de sus distritos y comunidades", dijo en una entrevista con el ánimo de verla publicada en Primera Edición.-

Por ello, Guillen Pinto expresó que cuando se elaboró la agenda o gestión 2017, ya se llevaba el 25 por ciento de avances en apoyos a muchas familias, como fueron proyectos productivos, atención a personas con extrema pobreza, alimentos a familias de bajos recursos que están presas de manera injusta en el Cereso de El Amate, así como ropas para las personas que están en etapa de rehabilitación por problemas de alcoholismo y drogadicción.

Sostuvo que en las dependencias federales y estatales, ya se abrieron las ventanillas para presentar los proyectos productivos y sean validados por cada una de las secretarías y así se pueda ayudar a muchas familias, porque en Chiapas todavía hay pobreza y marginación y violación a los derechos humanos.

Por eso, la Comisión Latinoamérica se basa principalmente en erradicar la pobreza y la marginación y ayudar a todas aquellas personas que no son atendidas en las dependencias, sino al contrario son violentados sus derechos, dijo, el Presidente de este organismo humano.

·         Debido a que éstos ya no buscan los medios comunes, sino que lo hacen en la mayor parte de ocasiones por brechas, o atraviesan cerros y montañas

Las vejaciones en contra de las personas indocumentadas en la región Costa de Chiapas han aumentado de forma preocupante, debido a que éstas ya no buscan los medios comunes para seguir su camino hacia Estados Unidos, sino que lo hacen en la mayor parte de ocasiones por brechas, o atraviesan cerros y montañas, lo que los hace más vulnerables, manifestó Nataniel Hernández Núñez, director del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa” en Tonalá.

En su visita en esta ciudad capital, refirió que esto también es producto del reforzamiento, en los últimos años, de los controles del flujo migratorio en la región Costa, es decir que existen cerca de 11 puestos de control policiaco-militares en la zona, lo que obedece al interés de Estados Unidos para frenar el paso de migrantes de Centroamérica hacia el Norte del país.

Aunque no otorgó cifras concretas sobre los casos de extorsión y otras violaciones a los derechos humanos de ese sector, aseveró que si antes ellos eran atacados por las policías estatales y municipales, autoridades migratorias o el mismo Ejército o la Marina, ahora se le suma la delincuencia organizada.

Con la llegada de Donald Trump al gobierno estadounidense, consideró que la situación migratoria se volverá aún más compleja, “porque están deportando a la población migrante de Centroamérica, pero mucha de esta gente se quedará en México, pero pues se ven casi obligados a quedarse aquí a buscar la vida, el trabajo”.

Comentó que el Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, con sede en Tapachula, cuenta con los datos exactos de los casos de migrantes afectados por este tipo de hechos; “ellos tienen esos números, incluso de cuánto es la afluencia migratoria”.

Aparte de esta situación, refirió que también se agudizará el despojo: “Está la declaratoria de Zonas Económicas Especiales, lo que le permitirá la entrada a las grandes empresas transnacionales, además de la construcción de minas, gasoducto, monocultivos, la cuestión de impulsar el turismo con inversión extranjera, entre otros”.