•    Informaron los últimos avances de la investigación del delito y localización del niño

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El fiscal general Jorge Llaven Abarca y la comisionada estatal de Búsqueda de Personas, Sandra Alicia García García, sostuvieron una reunión de trabajo con Juanita Pérez Pérez, madre de Dylan Esaú Gómez Pérez, en la cual se comprometieron a no escatimar recursos y esfuerzos en las diligencias de investigación del delito y para la localización del niño sano y salvo.
Acompañados por Jesús Ernesto Molina Ramos, fiscal de Derechos Humanos; así como familiares y asesores jurídicos de la madre de la víctima; Llaven Abarca informó los últimos avances de las investigaciones, destacando la identificación de la persona del sexo femenino, quien utilizó a dos menores de edad para sustraer a Dylan del Mercado Popular del Sur (Merposur) en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
Asimismo, indicó que luego de ubicar a los menores en el municipio de Zinacantán se llevaron a cabo entrevistas con total respeto a los derechos de las y los niños, en presencia de familiares y de la Procuraduría de la Defensa del Menor del DIF-Chiapas, manifestando que la responsable los manipuló refiriendo que Dylan era su hijo y éste se negaba a irse con ella, ofreciéndoles una cantidad de dinero para entregárselo.
Llaven Abarca expresó que a través de cámaras de videovigilancia se logró establecer que la persona del sexo femenino abordó un taxi en compañía de la menor víctima, descendiendo en una tienda departamental y dirigiéndose a un sitio de transporte público con ruta a municipios circunvecinos de San Cristóbal de Las Casas.
Señaló que los menores declararon que la mujer habla la lengua tsotsil, por lo que en reunión con las y los alcaldes de la región Altos les pidió coadyuvar con el operativo de búsqueda en las comunidades de sus municipios.
Finalmente, el fiscal general se comprometió a no escatimar recursos y esfuerzos para dar con el paradero del menor y trabajar de manera coordinada con los familiares de la víctima  y con las autoridades federales, estatales y municipales.
Por su parte, Juanita Pérez Pérez, sus familiares y asesores jurídicos agradecieron y reconocieron el trabajo de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las investigaciones tendientes a localizar y ubicar a su hijo desaparecido el pasado 30 de junio.

•    El Estado mexicano es omiso al no reconocer la figura legal de personas internamente desplazadas.
•    El no reconocimiento del desplazamiento forzado, revictimiza a las personas que no reciben tipo de apoyo de las autoridades.


Con el apoyo de colectivos de personas internamente desplazadas y de organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, la Iniciativa Ciudadana Ahora presentará una Iniciativa de Ley sobre Desplazamiento Interno Forzado en México. Como representantes de Ahora, Emilio Álvarez Icaza Longoria (Senador de la República), Lucía Riojas Martínez (Diputada Federal) y Carlos Morales Vázquez (Diputado Federal), inscribirán este día la propuesta de Ley en la Comisión Permanente, a fin de que se aparezca publicada mañana formalmente en la Gaceta Parlamentaria.

Con esta Iniciativa de Ley se busca visibilizar y dar reconocimiento legal a un fenómeno que se ha acrecentado durante los últimos años sobre todo, como efecto de la lucha contra la delincuencia organizada, aunado a otros de carácter religioso.

Al no existir la figura legalmente, ninguna autoridad se hace cargo de formular políticas públicas destinadas a atender la problemática, y deja en el desamparo a las miles de personas que se ven obligadas a abandonar sus propiedades y lugares de origen.

Un Informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) sobre el Desplazamiento Interno forzado en México en el 2018, presentado en el Senado de la República en noviembre pasado, señaló que al no existir la figura legalmente ha sido difícil de llevar a cabo un coteo preciso del número de personas afectadas en todo el país. Sin embargo, a través del estudio de la propia Comisión, se estableció que por ejemplo en el Estado de Guerrero cinco mil 56 familias había sido obligadas a desplazarse; mientras que en Chiapas se contabilizaron cinco mil 35 familias. En Sinaloa 846; y en Oaxaca, 300, por citar algunos casos.

La gran mayoría de las personas internamente desplazadas son mujeres y niñas y niños.

Para explicar el contenido de la Iniciativa de ley se llevó a cabo una rueda de prensa en que representantes de colectivos de personas internamente desplazadas, participaron María Dolores Hernández Bonifaz (representante de organizaciones de desplazados internos Misión 21 Gramos A. C. de Chiapas), Teodomira Rosales Sierra (Directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón), Manuel Olivares (representante del Centro de Derechos Humanos Morelos del Estado de Guerrero), así como Dora Elvia y Magdalena Ponce Río, víctimas de desplazamiento. Por parte de la CMDPDH participó su director, José Antonio Guevara.
El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, la Diputada Lucía Riojas Martínez y el Diputado Carlos Morales Vázquez, refrendaron el compromiso de la Iniciativa Ciudadana Ahora con atender la problemática que vive las miles de personas internamente desplazadas, quienes son revictimizadas por el propio Estado mexicano al no bridarles el apoyo necesario ni formular políticas públicas que asuman este fenómeno ocasionado entre otras causas, por la violencia criminal y por las propias autoridades de los tres niveles de gobierno en México.

Explicaron que la Iniciativa de Ley será inscrita hoy para ser presentada mañana en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y que pueda seguir los pasos procesales legislativos correspondientes, en tanto como representantes de Ahora se comprometieron a hacer lo esfuerzos necesarios para lograr el apoyo de las bancadas de los partidos políticos representados en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, de tal manera que pueda ser aprobada esta Iniciativa de Ley sobre Desplazamiento Interno Forzado.

Integrantes de la sociedad civil de Catioc y habitantes de la comunidad Río Grande municipio de Tila, denunciaron agresiones, secuestros y violación a los derechos humanos por parte del auto determinado ejido Tila.

Señalaron que uno de sus compañeros fue secuestrado el pasado sábado, por lo quel grupo de ejidatarios repartió volantes en la carretera Yajalón-Tila, a la altura de Río Grande, para exigir la inmediata liberación de su compañero secuestrado por integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI).

Informaron que los ejidatarios de Tila y anexo Río Grande denunciaron la retención arbitraria del joven Miguel Ángel Martínez Pérez, de 21 años de edad, por el grupo que se hace llamar CNI.

"Desde el núcleo de nuestras trincheras los que vivimos y sufrimos cotidianamente las diversas circunstancias adversas del autodenominado, grupos autónomos de esta comunidad, en contubernio con la comisaria ejidal de Tila, ya estamos cansados de tantos atropellos de este grupo, ya que  han violentado nuestros derechos", aseveraron.

Acusaron del secuestro de Miguel Ángel Martínez Pérez, a Germán Martínez Gutiérrez, José Antonio Pérez Martínez, Francisco Sánchez Gutiérrez, entre otros, en complicidad con otros pseudo líderes.

“Nuestro compañero fue secuestrado cuando regresaba a su domicilio después de jugar fútbol el pasado 1 de este mes, exigimos su libertad inmediata, ya que es injusto su detención, responsabilizamos a las personas antes citadas cuyos autores materiales e intelectuales son los mismos que tienen robado y secuestrado una camioneta cabina y media marca Ranger y una Urban Toyota, color blanco”, expresaron.

Finalmente pidieron a las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto; "ya basta de tantos atropellos y violación a los derechos humanos, estamos siendo pacientes, pero no vamos a aguantar mucho, las autoridades en los tres órdenes de gobierno no han querido solucionar nuestro problema”.