Policías ministeriales dependientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, detuvieron a Enrique López Pérez, identificado como uno de los líderes del grupo armado que opera en la comunidad de Santa Martha, municipio de San pedro Chenalhó, acusado de realizar disparos de armas de fuego de alto calibre en contra de pobladores de localidades de Aldama.

Cabe señalar que este es el segundo habitante de Santa Martha detenido en menos de un mes por los mismos motivos, ya que el 11 de septiembre fue capturado Efraín Ruiz Álvarez, quien se encuentra recluido en el penal de El Amate.

Trascendió que López Pérez, quien tenía orden de aprehensión, fue capturado en un retén policiaco instalado en el tramo carretero de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, luego fue ingresado en el penal de El Amate, acusado del delito de atentado contra la paz.

Además es señalado como presunto líder del grupo que en octubre de 2015 efectuó cientos de disparos con arma de fuego hacia la comunidad de Tselejopotoptic, lo que ocasionó el desplazamiento forzado de familias de Aldama.

Los pobladores de Aldama externaron que desde la detención de Efraín Ruiz disminuyeron los disparos de armas de fuego en contra de comunidades de ese municipio.

Integrantes del Consejo Estatal de Pueblos Indígenas Pluriétnicos de Chiapas (CEPICH), que se conformó el 12 de marzo de 2019, y que actualmente cuenta con representaciones y consejeros de los 12 grupos étnicos (Tsotsiles, Tseltales, Choles, Zoques, Tojolabales, Lacandones, Jacaltecos, Kakchiqueles, Kanjobales, Mames, Mochos y Chujes) en el Estado de Chiapas, pidieron se respeten las bases para elegir al delegado estatal de este organismo.

En conferencia de prensa realizada en San Cristóbal de Las Casas, indicaron que se han enterado que el director nacional del recién creado Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) Adelfo Regino Montes, insiste en imponer como líderes a un grupo de personajes para conducir los destinos de la Delegación Estatal.

Juan Carlos Méndez Jiménez, presidente de la organización, dijo que no aprueban la designación sigilosa de una persona con una trayectoria plagada de malos manejos, tráfico de influencias; por ello los representantes y miembros directivos que integra el Consejo Estatal manifestaron el rechazo total a éstas designaciones pactadas mediante acuerdos cupulares, que solo están buscando satisfacer intereses políticos y personales. 

“Ante esto el Consejo Estatal ha manifestado su disposición de coadyuvar con el proyecto alternativo de Nación y la Cuarta Transformación, queremos contribuir y ser parte de este gran proyecto, por ello consideramos la inclusión de nuestros pueblos para la implementación de las nuevas políticas públicas para el bienestar de los miles de indígenas que integramos los pueblos originarios, establecer una relación cordial y respetuosa, ser escuchados para trabajar por la paz, la reconciliación y la reconstrucción del tejido social, incluyendo el derecho a la consulta previa".

Así también dejaron en claro que lo más importante, es definir las prioridades en materia de desarrollo, y sus instituciones, así como los derechos usos y costumbres, libre determinación y autonomía de nuestros pueblos  originarios, con énfasis en tres aspectos fundamentales el derecho a la igualdad, la no discriminación y los derechos de las mujeres indígenas.

Mencionaron que los pueblos originarios siguen marginados, excluidos y olvidados, en ellos siguen cometiéndose muchas injusticias y violaciones sistemáticas de derechos humanos a hombres y mujeres indígenas inocentes, “nos preocupa ver que los pueblos originarios siguen en situaciones de ingobernabilidad e injusticia”.

En este contexto hicieron un llamado y exhortaron a los tres niveles de gobierno para que se implemente una estrategia efectiva que permitan identificar las causas de éstos conflictos sociales, lo cual ha llevado a estos pueblos a enfrentamientos violentos que han cobrado la vida a seres humanos.

Por todo lo anterior, propusieron coordinar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno y el Cepich, instalar una mesa de atención con los representantes y miembros directivos para analizar la designación de la representación estatal del INPI, y así poder buscar la persona idónea para ocupar este importante cargo, “ya sea hombre o mujer”.

Finalmente dieron un plazo hasta el día 15 de octubre para que sean tomados en cuenta para la designación de la delegación estatal del INPI, “de lo contrario en cada región donde hay presencia del Consejo Estatal se tomarán otras acciones, nosotros solo exigimos que seamos tomados en cuenta”.

Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, exhortó a los legisladores y presidentes  que están rindiendo sus informes a qué lo hagan diciendo la verdad y no den un informe maquillado.

“Que sea un informe de la realidad, no nada más maquillar la realidad, desgraciadamente solamente hablan de logros, es como una felicitación a la persona en funciones que da el informe para los bienes, habría que ver con sinceridad cuanto está faltando por hacer en este problemático estado de Chiapas donde se ha  registrado la violencia en todas partes”, señaló.

Indicó que en los informes sale a relucir que ya hicieron todo y resulta que no es cierto, “ hay que ver cual es la realidad, la verdad de lo que se está haciendo, eso es lo que quiere saber la gente, tenemos que buscar la verdad, la justicia y el bien para el pueblo, y lo malo de todo esto es que hay personajes que buscan el beneficio personal, pues así aplastan a otros que son los más necesitados, gente que no tiene nada y todavía son aplastados”.

Finalmente el prelado lamentó lo que está ocurriendo en el municipio de San Juan Chamula, en donde permanecen retenidos desde hace varios días algunos funcionarios del Ayuntamiento, “los problemas los hacen muy grandes y afecta toda la situación del municipio, no solamente política, sino también religiosa y socialmente, hay mucho temor en salir, la violencia llega hasta las puertas, desgraciadamente no se encuentran los responsables, es urgente que se resuelva este conflicto de Chamula”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), urgió al estado mexicano garantizar la seguridad de las y los integrantes de Las Abejas de Acteal y respetar la autonomía de la organización que nació en 1992, con apuesta por la paz, referente en la defensa de los derechos humanos de los Pueblos Originarios, especialmente en la búsqueda de justicia por la Masacre del 22 de diciembre de 1997.

Esto luego de los hechos de agresiones ocurridos en la comunidad de Acteal municipio de San Pedro Chenalhó, los días 18 y 19 de septiembre de 2019, donde destruyeron tres casas, una de ellas la de Juana Pérez Arias sobreviviente de la Masacre de Acteal y otra que ocupaban de cocina las desplazadas de Río Jordán.

“Solicitamos al gobierno de la república garantizar la seguridad de las y los integrantes de Las Abejas de Acteal, nuestra hermana Juana es nuestro ejemplo de lucha y resistencia, ella asiste cada 22 del mes a celebrar las conmemoraciones de los mártires, Juana se encontraba acostada en su cama, porque está enferma y aun así le pidieron que saliera de su casa, porque iban a sacar todas sus cosas, así salió y se fue a llorar en una cocina comunitaria, recordando los hechos de violencia y desplazamiento forzado de 1997”, denunció a través de un comunicado el Frayba.

El organismo no gubernamental pidió respeto e hizo un llamado a la solidaridad al pueblo de México y a diferentes organizaciones de defensores de derechos humanos  a realizar acciones de acompañamiento a Las Abejas de Acteal y firmar la acción urgente, y enviar a las instancias gubernamentales, así como a la CIDH, por las violaciones de derechos humanos que sufrieron tres integrantes de las Abejas.

Finalmente expresaron que existe el temor que los paramilitares de Chenalhó agredan a los integrantes de esta organización.