El obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Felipe Arizmendi Esquivel señaló que “aún hay marginación, menosprecio, abusos y violencia contra las mujeres, no sólo en las comunidades indígenas y campesinas, sino en las mismas ciudades y en los ambientes universitarios. Sin embargo, mucho se ha avanzado. Por ejemplo, son muchas las jóvenes, también indígenas, que estudian no sólo la secundaria y el bachillerato, sino que cursan diversas carreras universitarias, con gran competencia”.

Asimismo, el obispo informó que ya se están eligiendo dos personas de cada zona pastoral para que ayuden a preparar y coordinar la próxima asamblea ordinaria, en mayo de 2017, con el tema “El lugar de la mujer en la sociedad y en la Iglesia”.

Explicó que para dicha asamblea se está haciendo una encuesta en toda la diócesis con una sola pregunta, “¿Cuál es la situación que viven las mujeres en tu comunidad y en tu parroquia, en lo positivo y en lo negativo? insistimos mucho eso porque a veces solo se resalta lo negativo y hay que ver lo positivo”.

“Ya no se casan siendo adolescentes, ni son obligadas por sus padres a casarse con alguien que ni siquiera conocen, aunque quedan todavía algunos casos, sino que ellas eligen y deciden; algunas, incluso, pasan de 25 y 30 años, se sienten seguras de su trabajo y de sus decisiones, a veces porque no encuentran un posible esposo que esté a su altura académica y humana”, apuntó además.

Recordó que en la diócesis, desde hace 25 años se instituyó la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ) que ha luchado incansablemente por educar a las mismas mujeres sobre su dignidad y sus derechos, así como formar a los agentes de pastoral y a la comunidad creyente sobre el lugar que Dios quiere para las mujeres.

“Son mujeres educadas para leer la biblia y la realidad con ojos y corazón de mujer, y con ello nos complementan en la construcción del Reino de Dios, que es verdad y vida, santidad y gracia, justicia, amor y paz”, aludió Arizmendi Esquivel.

·      Un grupo de 20 personas ‘fuertemente armados’, hostigaron a los desplazados detonando armas de grueso calibre con disparos al aire

Treinta y cinco familias que se mantienen en un campamento en el crucero conocido como El Carmelito, luego de haber sido desplazados de la ranchería La Granada del municipio de Amatenango del Valle, desde el pasado 19 de noviembre, también integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata, Región Carranza (OCEZ-RC), pidieron la mediación con las autoridades del gobierno del estado, al obispo de la Diócesis de San Cristóbal Felipe Arizmendi Esquivel.

“El obispo dijo que sí nos va apoyar, va hablar con el gobierno  y decirle que nosotros tenemos derecho en ese predio. Le dijimos que fuimos desalojados el 19 de noviembre y hasta ahorita estamos en este campamento a  la orilla de la carretera, queremos el apoyo del obispo para que hable con el gobierno y se haga el desalojo, ellos no tienen derecho de entrar ahí, nosotros entramos el 6 de junio del 2006 y ellos llegaron el 21 de diciembre de 2009, ya estábamos trabajando cuatro años antes en el predio”, dijo Mario Zepeda Bautista.

En representación de los desplazados, recordó que el pasado miércoles se reunieron con autoridades de la Secretaría de Gobierno y en  ese encuentro se hizo presente el hijo del propietario de las tierras en disputa, quien alegó a favor de ellos, pues desde hace años están ese predio.

Al respecto, el vocero de la OCEZ-RC, Eliezer de Jesús Castellanos Vicente, narró que entre las dos y tres de la madrugada un grupo de 20 personas ‘fuertemente armados’, hostigaron a los desplazados detonando armas de grueso calibre con disparos al aire.

Pidió la intervención de las autoridades del gobierno, ya que han demostrado con documentación de que esas tierras les pertenecen por derecho y por justicia a estas familias, contándose con todas las pruebas documentales que ya están en manos del gobierno.

“Es de alto riesgo la presencia de grupos paramilitares que se protegen bajo la sombra del EZLN diciendo que pertenecen a Luz y Fuerza y a la Sexta declaración de la Selva Lacandona; nosotros decimos que son los nuevos grupos paramilitares que están surgiendo para desalojar y aterrorizar a  las organizaciones sociales”, aseguró.

Señaló que los responsables del desplazamiento lo encabezan Gerónimo Jiménez Díaz, Pedro Hernández López, Santiago Vásquez Hernández, Sebastián Juárez López, Aniselmo Morales Zúñiga y Esteban Méndez Díaz originarios del poblado Napité del municipio de San Cristóbal de las Casas.

Finalmente llamó a los organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales, a la prensa nacional e internacional y a las organizaciones sociales políticas e independientes, mantenerse al tanto de los acontecimientos que sufren hoy estas familias desplazadas. 

*Con armas de fuego, 50 se oponen a la construcción de 3 calles que benefician  a miles; el alcalde lo permite

 Ante la falta de intervención de las autoridades municipales de San Juan Chamula  por la construcción de tres calles en el ejido La Milpoleta, la cual fue aprobada en asamblea el 13 de junio de este año pero unos 50 pobladores se niegan y hostigan a los demás con armas de fuego, el grupo mayoritario inició un bloqueo carretero.

 “Estamos plantados porque el presidente del Concejo Municipal de San Juan Chamula no nos ha atendido, queremos que solucione nuestro problema”, dijo en este sentido Fernando Díaz Gómez, poblador a favor.

Recordó que en la asamblea del 13 de junio acordaron la construcción de las tres calles, en la que firmaron los representantes de bienes comunales, funcionarios de gobierno, entre ellos el subsecretario.

Presionó a las autoridades ya que temen a ser agredidos, pues recordó que hace tres meses fueron intimidados con detonaciones de arma de grueso calibre  y la prueba es que acudieron al ejido elementos del Ministerio Público a levantar los casquillos de las armas que se usaron, “no queremos llegar a eso, que intervenga el gobierno y el presidente municipal”.

Señaló que estas tres calles ya habían sido abiertas, pero que fue después de la intervención de Narciso Ruiz Sántiz, líder de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach) que cerraron y destruyeron los avances.

Por su parte, Laura Gómez Díaz, habitantes de La Milpoleta, urgió la construcción de las calles, ya que beneficia esta obra a los barrios Terán, Calixto y Checheb, para la facilidad al sacar sus productos que cosechas, así como la fácil introducción del servicio de agua entubada.

Reveló que fueron unos 449 pobladores quienes cerraron el paso del tránsito vehicular de este ejido, y advirtieron que no darán paso hasta que alguna autoridad intervenga, o el presidente del Concejo municipal de Chamula, Mario Sántiz Gómez.

Calculó que quienes se oponen en la construcción de dichas calles, argumentando que les invaden parte de sus tierras, son menos de 50 personas, a pesar que en una asamblea acordaron todos los pobladores aceptar dicho beneficio aun perdiendo parte de su propiedad.

 “Según ellos la mayor parte perdieron su terreno, pero no es cierto, la mayoría donamos terrenos. No hay afectaciones a casas, esperamos la solución lo antes posible y damos un límite de 72 horas”, añadió.

Gómez Díaz  apuntó finalmente que en esta comunidad existen algunas viviendas que no tienen acceso para ingresar sus productos de consumo como agua y leña, afectándose más las personas de la tercera edad.