La generación de empleos es una responsabilidad de otras dependencias, no de la Secretaría del Trabajo, sostuvo el titular de la dependencia, Francisco Zorrilla Ravelo, quien anunció que el 30 de marzo se entregarán proyectos productivos con promedio de cinco millones de pesos.

         Entrevistado, dijo que se trata de la primera entrega de proyectos productivos a personas que han sido repatriados de los Estados Unidos, para lo cual es importante que tengan su constancia o documento que los acredita como tal.

         Los beneficiados son alrededor de 500 chiapanecos que anduvieron en los Estados Unidos, pero con la llegada del presidente Donald Trump han sido repatriados. Se les entregará equipos de cocina, taller de costura, carpintería, panadería, taquerías y otros.

         En tanto, se impulsan programas de capacitación donde se les apoyo con hasta mil 500 pesos, para que puedan trasladarse de Tuxtla hasta sus lugares de origen.

         Por otro lado, dio a conocer que el 31 de este mes se tendrá la visita del presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Jorge Alberto Zorrilla, para platicar con líderes sindicales, cámaras empresariales, barras de abogados y académicos, sobre la reforma en materia laboral y cómo será la transición de las juntas locales al Poder Judicial.

         Señaló que el evento será importante para que estén atentos los abogados, sindicalistas y la parte patronal para que puedan preguntar cualquier duda en el tema.

         Asimismo, adelantó que el tres de abril se llevará a cabo la feria del empleo en San Cristóbal de Las Casas, a donde podrán las personas que buscan empleos presentar sus currículos.

         De igual manera reveló que Chiapas será sede de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo que se llevará a cabo del 5 al 7e de abril, donde se podrá discutir las estrategias en política laboral del país. 

·         La senadora Gabriela Cuevas exhortó al gobierno a tratar con reciprocidad a dichas compañías, en función de la falta de solidaridad que muestran hacia nuestro país

 La legisladora Gabriela Cuevas Barrón pidió al Senado de la República exhortar a las autoridades del Estado Mexicano a abstenerse de contratar o adjudicar bienes o servicios con las personas o empresas que participen de manera directa o indirecta en la construcción del muro fronterizo de Donald Trump.

Mediante un punto de acuerdo, este martes argumentó que el interés general y la seguridad nacional de los mexicanos “debe prevalecer sobre los intereses económicos de los particulares”; es decir, de los empresarios.

Y es que la Agencia de Oportunidades de Negocios Federales de los Estados Unidos abrió en febrero una licitación para la construcción del muro, que la misma institución calcula costará 21.6 mil millones de dólares.

Según datos diversos medios de comunicación, entre ellos El Diario, de Chihuahua, alrededor de 470 compañías se han interesado en la obra y registrado de manera oficial para su construcción, entre las empresas extranjeras interesadas figura la compañía mexicana Cemex.

La senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, argumentó que el muro que pretende construir el presidente Donald Trump en la frontera sur de su país constituye, sin lugar a dudas, un riesgo a la seguridad nacional de México.

Este riego, destacó, va “más allá de las implicaciones en materia comercial y ambiental”, pues citando expertos “coinciden que la construcción de dicha infraestructura tendrá un impacto directo en la vida de los migrantes que cruzan a través de nuestro territorio con la finalidad de llegar a Estados Unidos”.

Asimismo, “esta situación pudiera derivar en enfrentamientos entre redes criminales por el control de las nuevas rutas de tráfico de migrantes y el mayor valor de éstas”.

La legisladora panista propuso que las físicas o morales “que busquen o pretendan obtener algún tipo de beneficio derivado de alguna acción que se oponga al interés nacional, y más aún ponga en riesgo la seguridad de nuestro país… deberán ser tratadas con reciprocidad en función de la falta de solidaridad que muestran hacia nuestro país”.

Ante esta situación, debemos pugnar por una unidad nacional de todos los sectores y actores de la sociedad, que muestren la prevalencia del interés nacional por encima de los intereses económicos de algunos. Por lo que el Estado mexicano, a través de los poderes de la Unión y sus tres niveles de gobierno, debe abstenerse de llevar a cabo contrataciones o adjudicaciones públicas de bienes o servicios a favor de dichos sujetos”, señaló.

·         La reforma a la Ley General de Educación pretende facilitar la revalidación de estudios de los migrantes mexicanos que regresen al país; se espera que esta semana se debata en el Pleno de la Cámara de Diputados

 Por mayoría, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Educación que pretende facilitar la revalidación de estudios de los migrantes mexicanos que regresen al país, sobre todo de los dreamers que sean deportados por el gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump.

La reforma fue aceptada en los mismos términos que la avaló el Senado de la República y se espera que esta semana se debata en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Al debatirla en la comisión, la diputada de Morena, Patricia Aveces, dijo que tres de los 12 artículos reformados dan pie a la privatización de la educación.

Si el problema migratorio realmente fuera el centro de esta iniciativa, se hablaría de apoyar a las escuelas rurales y comunitarias, en donde se concentrará el grueso de la población que regresará debido a las deportaciones masivas”, dijo.

Sin embargo, sus argumentos fueron refutados por las demás fuerzas políticas. El secretario de la Comisión y miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Luis Manuel Hernández, resaltó que ninguna autoridad mexicana sabe todavía en qué estados se concentrarán los estudiantes deportados, ni siquiera el número de dreamers que llegarán al país ante una deportación masiva.

Tenemos un problema. No sabemos cuántos niños ni jóvenes vengan en las próximas semanas o meses. No sabemos si se van a quedar en la frontera, no sabemos si van a ir a Guanajuato, o a Michoacán, o a Oaxaca, o a Guerrero, o a las entidades donde están sus orígenes y no sabemos de qué tamaño va a ser el problema ni por niveles, ni por modalidades, ni por regiones”, declaró.

La presidenta de la Comisión, Hortensia Aragón, precisó que la reforma otorga facilidades a los migrantes que regresan al país para incorporarlos al sistema educativo nacional, sin importar su condición migratoria o los documentos con los que cuenten, pero, de ninguna manera, se trata de una reforma sobre la calidad educativa ni en materia migratoria.