·         Podría haber enfrentamientos si no se reanuda obra de Chicoasén

·         Señalan a la Diputada María de Jesús Olvera como la culpable de la crisis

·         CFE informó que de no reanudarse la obra en un mes se la llevará a otro estado

 Ejidatarios lanzaron un ultimátum al gobierno del estado para que resuelva la reanudación de la construcción de la presa Chicoasén II, o de lo contrario actuarán contra quienes no permiten los trabajos y ello podría derivar en enfrentamientos sangrientos, dijeron.

Alberto Hernández Camacho, comisariado ejidal del citado municipio, relató que el proyecto de la presa, mismo que se construía dentro del ejido propiedad de 98 personas, está paralizado desde hace siete meses, lo cual ha afectado económicamente la zona.

En este sentido dio a conocer que debido a los constantes atrasos en las tareas de edificación y las pérdidas económicas que origina, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), les informó que de no reactivarse en un plazo de 30 días, se llevará el proyecto a otro estado.

 “El gobierno ha recibido muchas peticiones de nuestra parte para solucionar el conflicto y para actuar contra la Diputada María de Jesús Olvera, quien ha dañado el proyecto, el cual es importante no sólo para el municipio, sino para el estado, pero parece no importarle”, señaló.

A su vez, Eduardo Adolfo Ríos, representante de los Transportistas de Chicoasén, recordó que la edificación de la presa inició en 2015, en cuyo lapso al día de hoy lleva 25 paros, el ´más reciente con duración de poco más de 200 días de suspensión.

Dijo desconocer porque ninguna de las denuncias que han presentado contra la mala legisladora ha surtido efecto, pues lo han hecho ante instancias estatales y federales. “Está señora se encuentra muy bien relacionada, pues impide se aplique el estado de derecho”.

Informó que de la edificación sobrevivían mil 500 familias por el trabajo directo que genera, además de igual número de manera indirecta. “Podríamos recuperar a la fuerza la carretera que personal de la Diputada mantienen cerrada, pero no deseamos llegar a este extremo”.

Adolfo Ríos hizo responsable a las autoridades de lo que pudiera suceder en la zona, ya que insistió “están cansados de que nadie haga caso a sus demandas, las cuales no son producto del capricho de unos cuantos, sino de una población que clama justicia”.

En su oportunidad, Mario Alberto Grajales, quien representa al sector empresarial, proveedores de materiales y prestadores de servicios en la zona, pidió la reanudación de los trabajos en la presa. “No es justo que una oportunidad de trabajo en estos tiempos de crisis se pierda por los intereses de una señora que ejerce mal sus funciones”.

·         Demanda de que se les paguen tres millones de pesos por concepto de indemnizaciones, tras de que fueran desplazados de su comunidad en 2013.

 Un grupo de aproximadamente setenta habitantes del municipio de Venustiano Carranza iniciaron este martes un plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno en demanda de que se les paguen tres millones de pesos por concepto de indemnizaciones, tras de que fueran desplazados de su comunidad en 2013.

Alfredo López Núñez, vocero de los inconformes informó que desde mayo del citado año un grupo paramilitar encabezado por José Vázquez Hernández, los amenazó de muerte sino abandonaban sus tierras. “No tuvimos otra opción y desde ese entonces buscamos justicia y el resarcimiento de los daños”.

Reveló que en aquel entonces las autoridades, representadas por Secretario de Gobierno, Noé Castañón, firmaron un acuerdo en el que se comprometían al pago por el quebranto económico causado a aproximadamente 119 familias de la comunidad. “Pero es la fecha que no nos resuelven”, señalaron.

Tras una marcha que iniciaron en el Parque “Cinco de Mayo” aproximadamente a las 10:00 horas, los campesinos coincidieron que la autoridad les ha cerrado las puertas para el diálogo. “Exigimos castigo para quienes actuaron en nuestra contra, entre ellos OCEZ,  pues todo lo hemos documentado”, detallaron.

Relataron asimismo que tras ser despojados de sus pertenencias encontraron refugio en la comunidad Trinidad Oquil.

López Núñez aseguró que actualmente en Venustiano Carranza los pobladores viven con temor. “Es un pueblo sin ley, cuya población se encuentra en total indefensión y donde cualquiera pueda secuestrar, robar, matar, es decir, no hay Estado de Derecho en la comunidad. No queremos más ilegalidad”.

Respecto a la cantidad que exigen como indemnización, dieron a conocer que es el monto global de las pérdidas económicas que sufrieron los 119 afectados. “Todos fuimos despojados de manera particular de parcelas, casas, autos y animales de corral. Lo que pedimos es justo”, argumentaron.

Detallaron que inicialmente el gobierno les dio unos terrenos para que trabajaran, sin embargo se trata de superficies cuya tierra es mala, donde no pueden producir ningún alimento, por lo que todos los labriegos deben hallar trabajos temporales en otras regiones para poder sostener a sus familias”.

·         El titular de la Coestrach señaló que los choferes del trayecto multicitado cuentan con un sueldo fijo, lo cual origina que no expongan a los pasajeros en busca de llenar las unidades

Jorge Omar Vázquez Martínez, presidente de la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas (Coestrach), rechazó que las unidades de la Ruta 108 de Tuxtla Gutiérrez trabajen como “piratas” y destacó que todos los vehículos están debidamente autorizados por la Secretaría de Transporte.

 “El día 15 de abril de 2013 la citada dependencia aprobó la fusión de las rutas 108 y 124 y el documento que se emitió está firmado por el que en ese entonces era titular de la instancia, Mariano Guadalupe Rosales. La documentación de las 30 unidades que trabajan en esta ruta están en regla”, dijo.

Aceptó que algún momento, debido al enojo de algunos transportistas, se implementaron operativos, los cuales fueron ilegales, pues se había informado con anticipación de la fusión de rutas. “Desde este entonces promovimos un amparo número 01/2016, cuyo fallo fue favorable para nosotros”.

 “Tenemos la protección de la justicia federal y es por medio de este documento que seguimos trabajando, ya que demostramos a la autoridad que se nos violaron nuestra garantías individuales, entre ellas la del acuerdo previo del que ya se dieron detalles”, aseveró el líder.

Vázquez Martínez aseguró que el servicio (ruta 108), es un modelo a seguir. “Quienes conformamos este organismo lo hicimos con la idea de brindar un servicio de calidad, eficiente, coordinado y seguro. “Es el único recorrido que tiene contabilizador de pasajeros, además de que cuentan con GPS para conocer el paradero minuto a minuto de cada Urvan”.

Ante el pésimo servicio que prestan otras rutas, situación que se refleja en el alto número de incidentes en las que se ven involucradas, el dirigente trasportista detalló que dentro de su agrupación optaron por dotar a las unidades con cámaras, para conocer al culpable en caso de percance.

Con relación a la posible climatización de todos los vehículos de la ruta, señaló que existe un proyecto con el Tecnológico Regional, el cual quizá se aterrice en este año. “Nuestra idea es dar siempre un mejor servicio”, anotó.

Aunado a lo anterior, el titular de la Coestrach señaló que los choferes del trayecto multicitado cuentan con un sueldo fijo, lo cual origina que no expongan a los pasajeros en busca de llenar las unidades y por lo tanto tener una mayor ganancia económica, como sucede en otros recorridos.