Rafael Martínez Puón, director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE y Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, coincidieron en señalar que la reforma electoral obliga a la construcción de un servicio profesional electoral nacional.

Al inaugurar el Diplomado de Actualización Electoral Nacional, Chacón Rojas reconoció que ahora hay la necesidad de quienes se dedican a la materia electoral y de ciudadanos interesados en actualizarse en la materia electoral, sobre todo que la ley incorpora figuras novedosas, como el servicio profesional electoral nacional, el  tema de la reelección, garantía electoral en las contiendas y candidaturas independientes.

Inclusive, establece nuevos lineamientos; la reforma crea el sistema nacional electoral, el cual busca estandarizar las actividades electorales en México, y tras lo ocurrido en 2015 nace la necesidad de la profesionalización de quienes integran las estructuras de los organismos electorales.

Oswaldo Chacón dijo que todo esto implica sentar las nuevas bases del IEPC, con cambios en las prácticas de los trabajos en los procesos electorales y de sus estructuras operativas; este ejercicio nació con el propósito de generar herramientas del conocimiento a quienes en las próximas semanas tendrán la oportunidad de concursar para ocupar puestos y cargos en 29 plazas disponibles en el Instituto.

En tanto, al dictar la cátedra inaugural, Rafael Martínez Puón señaló que muchos de los que llevan el diplomado tendrán la oportunidad de incorporarse a desempeñar actividades electorales, previa convocatoria nacional que se hará al respecto.

Reconoció que la profesionalización de instituciones públicas no deja de ser una asignatura pendiente en el país, aunque ya se dio el paso al sistema democrático ahora se requiere de burocracias, personal que brinden certeza a los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones.

Destacó la relación de la profesionalización con un sistema democrático, porque garantiza la calidad de los servicios públicos, que los servidores públicos no sean rehénes de los partidos políticos; porque se democratice el servicio público; disminuye la corrupción; el personal sabe perfectamentes que no se debe a la persona que lo contrata, sino de sus capacidades; y se fortalece la cultura de la democracia.

·         La Jucopo en San Lázaro analizará las tres quintentas que entregó el Comité Técnico de Evaluación y propondrá a quienes ocuparán las tres vacantes

 El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, informó que el Comité Técnico de Evaluación (CTE) entregó las tres quintetas de quienes considera las y los candidatos más idóneos para integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Son tres listas, con cinco aspirantes cada una, de entre los cuales la Jucopo propondrá a quienes ocuparán alguna de las tres vacantes a consejeros del INE”. Estas listas se darán a conocer el día de mañana en reunión de dicho órgano legislativo y serán publicadas en la página electrónica de la Cámara de Diputados.

Martínez Neri recordó que este lunes era la fecha límite para que el CTE entregara dicho listado, luego de haber seleccionado a 51 semifinalistas de los 152 que se inscribieron al proceso, mismos que fueron evaluados bajo tres aspectos fundamentales: un examen de conocimientos, una entrevista y la revisión de sus expedientes, subrayó.

El presidente de la Jucopo señaló que corresponde a este órgano de gobierno de la Cámara de Diputados impulsar y privilegiar la construcción de acuerdos entre los grupos parlamentarios para seleccionar a las y los candidatos a consejeros electorales del INE.

Al respecto, señaló que el viernes 31 de marzo es la fecha límite para notificar a la Mesa Directiva el acuerdo con los nombres de quienes deberán ser sometidos a aprobación del pleno de esta Cámara.

Los nuevos funcionarios electorales deben tomar protesta el 5 de abril, en sustitución de Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Arturo Sánchez Gutiérrez y Javier Santiago Castillo, cuyo encargo concluye el 4 de abril de presente año.

Finalmente, Martínez Neri agradeció el esfuerzo y profesionalismo de las y los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, quienes realizaron una labor intachable.

El Instituto Nacional Electoral (INE) debe intervenir en Chiapas. No sólo por la probada parcialidad del árbitro electoral, que lo descalifica per ser el vínculo inocultable del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía con Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

La participación del INE en Chiapas también debe darse  por la baja participación electoral o elevado abstencionismo en la entidad. Una tendencia que contrasta con el porcentaje de participación electoral a nivel nacional.  Un hecho persistente, elección tras elección, a tal grado que ha llamado la atención de científicos sociales como Willibald Sonnleitner y Juan Pedro Viqueira (Nexos, noviembre 2004).

La baja participación de la ciudadanía en las elecciones es un problema muy, pero muy serio, y el INE no puede quedar al margen. 

La participación más alta en Chiapas desde 1994 (año del levantamiento armado indígena comandado por el EZLN) se registró en el 2006. Fue de un 55%. Pero fue una excepción. 

En 2003 la participación electoral fue tan sólo de un 31.5%. 

Y el abstencionismo en el 2009 fue del 70 por ciento, según documentó CIMAC.

La misma tendencia se observó en los comicios intermedios del 2015. El abstencionismo fue del 53.6%. Hay que sumarle a ello que poco más de 80 mil personas anularon su voto y al fenómeno recurrente en varios municipios de la entidad: las casillas incineradas. Práctica común en Chenalhó, Chamula, Zinacantán, Oxchuc, Ocosingo, Venustiano Carranza, Huehuetán, Tila, Comitán,  Salto de Agua y Chiapa de Corzo.

Contrario a otros municipios indígenas, en los que se vota con más entusiasmo. Aquellos donde la población indígena es mayoría, el voto alcanza hasta el 63%, lo que llama la atención de los analistas políticos. 

"Un caso sin duda excepcional, pero no por ello menos ilustrativo, es el del pequeño municipio de Santiago el Pinar. Allí la participación alcanzó el 78% en unas elecciones muy reñidas (el PRI ganó con 39%, seguido de la Alianza PAN-PT que obtuvo 36% y del PRD que alcanzó el 24%)", anotan Willibald Sonnleitner y Juan Pedro Viqueira.

"Curiosamente -resaltan- los municipios con menor participación electoral son las grandes ciudades de Chiapas. Ahí sólo el 44% de los ciudadanos acude a votar.

Los investigadores destacan la migración a otros estados de la República o a Estados Unidos, como un factor que ha elevado artificialmente el abstencionismo.

Los casos extremo son Santiago El Pinar -que con mil 481 electores tuvo una tasa de participación de 90%- y Tuxtla Gutiérrez -en donde de los 322 mil 306 ciudadanos inscritos sólo votó el 37%-. Y eso es un porcentaje elevado, porque para las elecciones federales del 2015, la capital del estado registró una participación de 293,436 electores. El abstencionismo sumó el 71.1%.

El INE debe intervenir en Chiapas porque además de que las elecciones son caras, resultan ser elecciones de minorías. Y no sólo por eso es necesaria, urgente e inaplazable la intervención del INE en Chiapas. Su participación es imperativa porque además de la desconfianza en el árbitro electoral local (el IEPC), los procesos electorales suelen mantener vicios marcados (como las campañas adelantadas; la presunción de financiamiento de campañas por el narcotráfico) y otros vicios recurrentes que hacen dudar de los resultados finales, como el voto en blanco, la comprar voluntades, el acarreo masivo, el regalo de despensas, tortas y refrescos.

Por eso y más, la presencia del INE y la observación nacional e internacional son más que indispensables en Chiapas.