Hace algunos días el gobierno mexicano rechazó, categóricamente, el informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, mediante el cual, coloca a México en el segundo lugar (solo después de Siria) de los países más violentos del planeta. Los argumentos que la Cancillería y la secretaría de Gobernación expusieron, eran insostenibles. Conforme han pasado los días, se hacen menos confiables y más cuando el índice de criminalidad socaba la seguridad de uno de los sectores más importantes: el periodismo.
Hace unas horas, el enésimo periodista mexicano fue asesinado en Culiacán, Sinaloa; el crimen no tiene ya, nada de extraordinario, en virtud de la cotidianeidad con que se ha arremetido contra la prensa de un país cuyas autoridades han mostrado sobrada incapacidad para garantizar la seguridad de los periodistas.
Días antes, un grupo armado retuvo, robó y amenazó a seis periodistas en el estado de Guerrero. La lista de hombres y mujeres periodistas asesinados desde que la administración de Felipe Calderón declaró una guerra sin estrategias, sin fundamento legal y sin efectividad en la respuesta inmediata, es larga.
Y de estos crímenes ni uno solo ha sido esclarecido. Ni un solo hombre ha sido llevado a los Tribunales para que responda por esos delitos. Ello es signo inequívoco del colapso absoluto de las instituciones del Estado en materia de seguridad y justicia.
No ha habido voluntad oficial para proteger la vida de quienes informan a la sociedad.
Por el contrario, el discurso ha sido evasivo. Se ha recurrido insistentemente a la negación de la realidad y al ocultamiento de hechos que lastiman severamente a los mexicanos.
La postura de la SEGOB y Relaciones Exteriores de hace una semana, es notoriamente opuesta a la exigencia de justicia y pone sobre la mesa de los debates, la capacidad gubernamental para ofrecer condiciones de seguridad y libertad para el ejercicio del periodismo.
Por desgracia, el gobierno federal ha anclado su obligación constitucional en pretextos y explicaciones burdas, que solo confirman ineptitud e indiferencia ante un grave problema que debe solucionarse cuanto antes. Decir, por ejemplo, que las y los periodistas asesinados en México tenían algún tipo de relación con el crimen organizado, es un argumento cobarde y tosco que demuestra la insensibilidad e ineficacia del gobierno.
Ineficacia que se ha extendido a todos los sectores del país.
“Verdades históricas” y “daños colaterales”, solo han terminado en exabruptos inaceptables, insustanciales y vergonzantes que determinan la nula responsabilidad del Estado para detener la creciente ola de violencia en todo México y en la que las instituciones se han visto inmiscuidas, como el caso de la presunta ejecución extrajudicial en Puebla.
Nada frena el miedo, el terror que invade a la sociedad ante la atrocidad, continuidad y violencia con que se ataca a los comunicadores y activistas sociales.
Los discursos resultan insuficientes para creer que la autoridad competente, cumplirá con su función. Todo ha quedado en una perorata de bajo nivel que desnuda las carencias institucionales para hacer frente a los crímenes contra periodistas.
México requiere urgentemente de acciones contundentes para asegurar que ni un periodista más, sea asesinado; urge, además, que cese el alegato oficial en torno a las motivaciones que, presuponen, son causales para el asesinato. Nada justifica una muerte violenta; por lo tanto, intentar culpar a los periodistas de su final destino, es fatuo, irresponsable y detestable.
La libertad de expresión no debe estar bajo el mandato de nadie; es un derecho humano y por lo tanto, obligación del Estado es, proteger eficazmente a quienes ejercen el oficio. Ignorar esa tarea, es dar la espalda a la realidad, pero sobre todo, a la verdad que debe prevalecer en México.
La exigencia —que por antonomasia es permanente—, es de justicia y de correcta aplicación de los criterios legales para terminar con la matanza de periodistas. Ni un periodista más asesinado; ni un periodista menos en las redacciones.
México no puede seguir nadando en un mar de sangre solo para complacer exigencias de los gringos que, seamos honestos, son los consumidores de las drogas que nos han arrastrado a una guerra sin sentido. No podemos seguir poniendo los muertos, mientras nuestros vecinos del norte alucinan al grado de elegir a un loco como presidente.
