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Organizaciones y colectivos Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y organizaciones solidarias exigieron al Estado mexicano el cese a la serie de asesinatos, hostigamientos y violencias perpetradas en contra del Comité en Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI).

 

Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa los integrantes de la CODEDI realizada en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en donde relataron que el día 17 de julio de 2018, aproximadamente a las 11:30 horas, hombres portando armas de alto poder, con trajes militares y encapuchados cercaron la casa de Abraham Hernández González, coordinador regional del CODEDI en la comunidad de Salchi; en San Pedro Pochutla, Oaxaca. 

 

“Arrastraron a Hernández González de su casa y lo llevaron a la fuerza en una camioneta con placas RH-70-92 escoltada por una motocicleta. La familia y los miembros del CODEDI inmediatamente dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca y a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, las cuales no tomaron ninguna acción efectiva para encontrar al Hernández González, a pesar de que tenían elementos movilizados a escasos kilómetros del lugar. Cinco horas más tarde, aproximadamente a las 16:30 horas, fue encontrado muerto, con señales de tortura y ejecutado con un tiro en la frente”, indicaron.

 

Destacaron que Abraham coordinaba los trabajos colectivos en un terreno de un simpatizante de la organización que lleva una lucha jurídica de hace años, juntamente con el CODEDI, en contra del despojo de sus tierras por grupos criminales de la región, que se han dedicado a venderlas a empresas turísticas nacionales y extranjeras.

 

Refirieron que esta situación de conflicto ya había sido reiteradamente denunciada a las autoridades municipales y el CODEDI había hecho diversos intentos de mediación entre los involucrados, sin tener respuesta favorable. Ante estos hechos el comité responsabiliza a los grupos criminales y al Estado mexicano por los hechos ocurridos, debido a que este homicidio se suma a la emboscada del 12 de febrero, donde fueron asesinados tres integrantes de la organización.

 

Tomando en cuenta el historial de represión, el contexto de violencia del estado de Oaxaca y los recientes hechos de hostigamiento y asesinato, solicitaron se respete y garantice la integridad y seguridad personal de los y las integrantes de los pueblos indígenas y comunidades campesinas integrantes del Comité, así también la efectiva justicia y sanción a los culpables intelectuales y materiales de las cuatro ejecuciones extrajudiciales del 12 de febrero y del 17 de julio en contra a los integrantes del CODEDI.

"Pedimos se de seguimiento de las investigaciones por la Procuraduría General de la República, ya que se trata de hechos de competencia federal, por el uso de armas de alto poder y acciones criminales, tomando en cuenta las denuncias que involucran a las fuerzas estatales en los hechos, el respeto a los usos y costumbres y al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y comunidades campesinas vinculados al CODEDI, en el fortalecimiento y organización regional de sus topiles”, concluyeron.

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