*El gran fraude que oculta Pablo

*Son 31 millones de euros que se esfumaron en su administración, pero de eso no habla

El 27 de enero de 2004, el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, firmó el principal programa de cooperación entre México y la Unión Europea (UE), el Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la Selva Lacandona (Prodesis). Entonces el gobierno de Chiapas dispuso de un fondo de 31 millones de euros, 16 millones los aportó el gobierno de Chiapas y el resto la UE. 

Ese monto equivalía a casi la tercera parte de la cooperación total que acordaron la UE y México para el período 2007-2013: 110 millones de euros.

La Comisión Europea había estimado que el PRODESIS beneficiaría, entre 2004 y 2008, a 155 mil habitantes establecidos en 833 comunidades, divididas en 16 microrregiones “de la región Selva de Chiapas”. Esta abarca siete municipios: Ocosingo, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Benemérito de las Américas, La Trinitaria y La Independencia.

Al final, según evaluaron consultores privados contratados por la Unión Europea, no redujo la pobreza ni protegió el medio ambiente Tampoco impulsó el desarrollo sustentable 

Conclusión: el PRODESIS fue un fracaso total en Chiapas. 

Con los recursos destinados por la Unión Europea a Chiapas, no sólo se hubiesen construidos dos puentes Chiapas y 10 tramos carreteros como el que regentea la española  Aldesa; se hubiese podido construir un segundo piso a toda la selva Lacandona.

Pero de eso no habla Pablo Salazar Mendiguchía. 

PRODESIS se planteó tres "objetivos generales": "reducir la pobreza", "disminuir la presión sobre los recursos naturales de la Selva Lacandona y mitigar los procesos de degradación medioambiental en la zona", y "reformular las políticas de desarrollo social" con la finalidad de hacerlas "más participativas y sustentables".

Sin embargo, el informe de la Misión de Evaluación de Medio Término del Prodesis, presentado como documento confidencial a la Comisión Europea, que lo financió, constató el fracaso de los objetivos de ese programa de cooperación.

El informe --cuyo contenido difundió Proceso en su edición del 20 de enero de 2008-- aseguraba entonces que Prodesis "no ha logrado disminuir la pobreza" ni tampoco aminorar de manera apreciable "la presión sobre los recursos naturales, y que las iniciativas económicas del proyecto para fomentar "el desarrollo social" de la región "no han arrojado resultados positivos concretos".

Elaborado por los despachos privados independientes IBF International Consulting y BAa Consultors –basados en Bruselas y Barcelona, respectivamente--, el informe indica que "pesar de ser pertinente en sus objetivos", Prodesis "no es viable".

Mientras que el Plan Operativo Global de Prodesis marcaba que 2005 y 2006 debían de ser años "de plena ejecución" del proyecto, "en realidad no se logró siquiera iniciar la mayor parte de las actividades planeadas", por lo que los cuatro años de duración de Prodesis "se reducen aproximadamente a dos de intervención efectiva", lo cual "no es suficiente para promover procesos que tomarían normalmente entre cinco y 10 años".

La Misión de Evaluación se quejó en su informe de que las autoridades chiapanecas (el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchia) le negaron el acceso a la “red de información interna del proyecto”.

Tal evaluación coincide con las críticas formuladas por organismos no gubernamentales de México y Europa, en el sentido de que el proyecto lo pusieron en marcha los gobiernos de la UE y del estado de Chiapas, sin consultar a la población a la que iba dirigida.

Esto en clara violación al estatuto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo al derecho de las poblaciones indígenas a participar en la toma de decisiones de proyectos que las afecten.

Pero no sólo eso. Los consultores europeos que evaluaron el PRODESIS y su aplicación en la selva Lacandona detectaron "actividades fraudulentas" que involucraron en forma directa a María de los Ángeles Cruz Hernández, secretaria de Desarrollo Social en la administración de Pablo Salazar Mendiguchia, y Rodolfo Diaz Sarvide, funcionario del PRODESIS.

Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), fechado el 7 de diciembre de 2005, observa que el Prodesis se implantó en la parte oriental de la Selva Lacandona, donde hay menor población y mayores recursos naturales Señala que esto refleja “una contradicción con el intento de reducir la pobreza”, la cual “es más fuerte en la parte occidental y en los Altos de Chiapas, pero donde los recursos naturales son menores”

Y una valoración de la Universidad Metropolitana afirma que los objetivos previstos nunca se alcanzaron.y documenta testimonios de los desvíos de recursos millonarios por parte de funcionarios públicos que operaron recursos. 

Todo ello quedó en la impunidad.

Fueron 31 millones de euros tirados a la basura, con los que no sólo se habría mejorado la calidad de vida de quienes habitan la selva Lacandona, sino que, como se pretendía, se había evitado mayor degradación del entorno selvático en la Lacandona.

Pero de eso Pablo Salazar Mendiguchía prefiere no hablar.

·         Esto, después de que trascendió que cobran del erario consanguíneos del procurador, del secretario de infraestructura, así como del coordinador de desarrollo y fortalecimiento

 El gobernador Jaime Rodríguez reconoció que su administración se ha equivocado, en la contratación de familiares, aún y cuando las mismas no infringen la ley.

Tenemos que ganarnos la confianza de los ciudadanos. Hemos cometido errores que no debemos y les he pedido a los funcionarios que le pidan a sus familiares que dejen el cargo, para que me eviten la pena de yo mismo darlos de baja”, explicó ‘El Bronco’.

Esto después de que trascendiera que cobran del erario familiares del procurador Roberto Flores, además de otros parentescos como el de Humberto Torres, secretario de infraestructura y Mauricio Torres, coordinador de desarrollo y fortalecimiento municipal.

Aunque ninguno de estas relaciones rompe con el principio de consanguineidad, establecido en la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, el mandatario buscará romper estos vínculos.

A los Torres los puse yo, es una responsabilidad mía. Al papá de Roberto Flores, lo puse yo, no él”, explicó, argumentando que Roberto Augusto Flores, fue uno de los principales colaboradores de su campaña.

Sobre su yerno, Hernán Rodríguez, quien labora en el ayuntamiento de García, el mandatario explicó: “Yo no lo escogí como yerno, lo escogió mi hija. Él nació en García, tiene trabajando en García toda su vida”.

Finalmente, el gobernador extendió su apoyo a los funcionarios implicados: “Todo el gabinete cuenta con mi apoyo, yo tendré que tomar decisiones”, dijo.

·         Guadalupe García de Rayos, quien residía en Phoenix, fue repatriada alrededor de las 10:00 horas por el cruce fronterizo de Nogales

 La deportación de una inmigrante de Phoenix a quien el gobierno de Obama le otorgó una indulgencia, brinda un primer ejemplo de la manera como el presidente Donald Trump planea cumplir su promesa de frenar la inmigración ilegal.

El caso de Guadalupe García de Rayos se convirtió el jueves en un grito de batalla para los grupos de inmigrantes que creen que la postura migratoria de Trump separa familias de manera injusta. Su arresto provocó una protesta en el centro de Phoenix, en donde los manifestantes bloquearon la salida de camionetas de la oficina federal de inmigración. Siete personas fueron arrestadas.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, desvió todas las preguntas sobre el tema al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), que en un comunicado en Twitter mencionó el jueves que la agencia "retirará a los extranjeros ilegales que fueron condenados por delitos graves, como lo ordena un juez en materia migratoria".

García de Rayos fue deportada alrededor de las 10:00 horas por el cruce fronterizo de Nogales, y la agencia trabajó de manera conjunta con las autoridades consulares mexicanas para su repatriación, señaló la portavoz de ICE Yasmeen Pitts O'Keefe por medio de un comunicado.

El caso migratorio de la señora García fue sometido a una revisión en múltiples niveles del sistema de cortes migratorias, incluyendo la Junta de Apelaciones Migratorias, y los jueces determinaron que ella no contaba con las bases legales para permanecer en Estados Unidos. El ICE seguirá enfocándose en identificar y retirar a los individuos con condenas de delitos graves que tengan órdenes finales de retiro emitidas por las cortes migratorias del país", escribió Pitts O'Keefe.

Los defensores de personas que están ilegalmente en el país pero que tienen estrechos vínculos a él acusaron que la deportación fue despiadada.

El ICE hizo lo que el presidente Trump quería hacer: deportar y separar a nuestras familias", dijo Marisa Franco, directora del grupo de defensa Mijente, con sede en Phoenix. "Vamos a defender a las familias".

García de Rayos, de 35 años de edad, fue una de las trabajadoras que fue arrestada hace años, durante una de las primeras investigaciones del entonces jefe de policía, Joe Arpaio, a los negocios sospechosos de contratar inmigrantes que utilizaron identificaciones falsas para obtener el empleo.

Fue acusada de utilizar el número de Seguro Social que pertenecía a otra persona para obtener un trabajo en el parque de diversiones Waterworld, en Glendale, un suburbio de Phoenix.

Peña Nieto felicita a integrantes del Comité Ciudadano Anticorrupción

El mandatario resaltó que con este nombramiento México da un paso más en su evolución institucional a favor de la integridad, la rendición de cuentas y el Estado de Derecho