A tres años del asesinato de Samuel Luna Girón y el desplazamiento forzado interno de 5 mil 023 personas ocurrido en octubre de 2017, mujeres y hombres  así como el Comité Chalchihuitle, (Chalchihuitán), continúan denunciando la falta de justicia y la defensa de la vida digna y del territorio.

A través de un comunicado, recordaron que el gobernador de ese entonces Manuel Velasco Coello, le dio la orden al presidente municipal de Chalchihuitán Martín Gómez Pérez para que obligara a las y los desplazados a retornar a sus casas, a través de engaños y amenazas, por lo que la mayoría retornó sin condiciones, “sólo nos quedamos en la lucha por la justicia y resistencia 289 familias, que somos en total mil 237 personas”.

“Durante estos tres años y hasta ahora siguen latentes los ataques paramilitares de San Pedro Chenalhó, y los gobiernos en turno en sus tres niveles no han cumplido con ninguna de nuestras demandas, ni las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH), ni de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, indicaron.

Por ello desde las montañas, cerros y cuevas donde permanecen los desplazados, exigieron al gobierno de la república desartícule, desarme y castigue a los grupos armados de Chenalhó, responsables del desplazamiento, del robo de pertenencias y la destrucción de casas, además urgieron la indemnización de los daños ocasionados por estos hechos de violencia.

“En este tiempo que llevamos sufriendo, entraron a despojar nuestras parcelas, los grupos armados de Chenalhó destruyeron y quemaron nuestras casas, robaron nuestros animales, cosechas y hasta la fecha no han cesado los disparos en las comunidades colindantes entre ambos municipios, a pesar de las recomendaciones de la CNDH y de las medidas cautelares de la CIDH, no se han implementado protocolos eficaces de seguridad para salvaguardar la integridad física y psicológica de las y los desplazados, no hay avances sustantivos en la investigación de los hechos y de los responsables”, denunciaron.

Así también el Comité de desplazados, dio a conocer que hay un segundo desplazamiento de 10 familias de la comunidad Cruzcacanam, por violencia generalizada, y que los gobiernos no han realizado acciones de prevención, investigación y seguridad, desde que fueron desplazadas las familias han recorrido diferentes instancias de gobierno, presentando denuncias, pero éstas han sido omisas.

“Las familias de Cruzcacanam fueron expulsadas por estar organizadas y ser parte del Comité Chalchihuitle, las familias están viviendo cerca de su comunidad de origen y los paramilitares de Chenalhó realizan disparos al aire con el fin de intimidar a las familias, nuestros niñas y niños viven en constante temor de ser agredidos, la crisis sanitaria por el COVID-19 y nuestra condición de desplazamiento nos pone en un riesgo muy alto; les decimos que seguiremos luchando hasta que se haga justicia y se castigue a los responsables”, acotaron.

Funcionarios del Concejo Municipal de Chalchihuitán, desmintieron el supuesto fallo de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a favor de tres regidores inconformes con las actuales autoridades; Agustina Díaz Núñez, Javier Núñez Pérez, Marcela Pérez Núñez y regidores suplentes.

A través de un comunicado señaron que los inconformes desde que se instaló el Concejo Municipal han tratado de desestabilizar al pueblo indígena, interponiendo impugnaciones ante las autoridades electorales de Chiapas, la Sala Regional de Xalapa y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Recordaron  que el 10 de septiembre 2020, la Sala Xalapa resolvió el expediente SX-JDC-211/2020, promovido por Agustina Díaz Núñez y otros inconformes, revocando la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en el expediente TEECH/JDC/009/2020.

“Se confirmó el decreto número 198, con fecha 25 de marzo 2020, emitido por el Congreso del Estado, el cual aprobó la designación de los cargos de presidenta municipal sustituta y síndica municipal propietaria, a Elena Cruz Cruz y Ramona de Jesús Sánchez Gómez; además, se declaró inexistente la violencia política por razón de género en relación con Agustina Díaz Núñez, Marcela Pérez Núñez y Gloría Díaz Gómez”, expresaron.

Agregaron que en ese mismo resolutivo, la Sala Regional de Xalapa, ordenó sobreseer en el juicio por lo que respecta a Gloria Díaz Gómez, debido a que su firma autógrafa no se encontraba plasmada en el escrito original de su demanda, resultando ilegal la inclusión de su nombre en dicha demanda.

Destacaron que la misma Sala Regional ordenó que a fin de contribuir a la pronta gobernabilidad en el municipio, se realizará una Sesión de Cabildo para decidir a quién propondrán para ocupar los cargos que quedaron vacantes mediante Decreto 233 del 2 de agosto 2019, fecha en la que desaforaron a la ex presidenta y al ex síndico, quienes actualmente enfrentan un proceso penal por peculado en contra de Chalchihuitán.

“A consecuencia de esta resolución de Xalapa, esta autoridad municipal, en estricto apego a derecho, presentamos un recurso de reconsideración ante la Sala Superior del TEPJF, el cual quedó registrado con el numeral SUP-REC-180/2020, y está actualmente pendiente de resolución”, Refirieron.


Finalmente aseguraron que es falso que la Sala de Xalapa ordenara algo contrario a lo anteriormente expuesto y que únicamente siguen las órdenes de sus anteriores jefes, la ex presidenta Margarita Díaz García y Hermelindo García Núñez, ex síndico, “que hoy se encuentran recluidos en un penal por el mal ejercicio de los recursos del pueblo”.

Un grupo de desplazados del municipio de Chalchihuitán, exigió que se apliquen medidas cautelares, ya que desde el desplazamiento forzado ninguna autoridad se ha acercado a platicar, ni mucho menos a ofrecerles víveres.

Al medio día de este martes, en conferencia de prensa, realizada en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el grupo de integrantes del Comité de Desplazados de Chalchihuitles, (Chalchihuitán), dieron a conocer que no se ha cumplido con las medidas cautelares número 15-18MC882-MX, para que puedan retornar a sus lugares de origen.

“Ya se cumplió tres años del asesinato de nuestro compañero Samuel Luna Girón, y existe un total de 5 mil 023 personas desplazadas en Chalchihuitán, fue un día 18 de octubre del 2017 cuando salieron nuestros hermanos de sus casas y hasta ahora nadie le ha dado solución a este problema, una de ellas es el retorno  a nuestras casas”, denunciaron.

Señalaron que la orden que le dio el gobernador en ese tiempo Manuel Velasco Coello al presidente municipal Martin Gómez Pérez, fue que debian ser obligados a retornar a sus casas todos los desplazados, “retornaron la mayoría sin condiciones, mediante engaños, el 02 de enero del 2018 quedando hoy 282 familias, pero en total son mil 237 personas sin condición de seguridad”.

Expresaron que la situación actual, son los disparos de armas de fuego, invasiones y despojos de tierras ocasionados por pobladores de Chenalhó, hay invasiones recientes, robos y asaltos en los caminos de Chalchihuitán; “hay amenazas de muerte, represiones internas de autoridades municipales, agentes municipales y habitantes del mismo pueblo”.

“El problema de la comunidad Cruz Cacanam cada vez es más difícil, ya que ellos están expuestos a la violencia y a los ataques continuos de los paramilitares que circulan en los límites territoriales entre Chalchihuitán y Chenalhó, en donde viven está cerca la frontera territorial, queremos que la ley se aplique, exigimos justicia y retorno a nuestras casas”, dijo una de las representantes.

Finalmente aseguraro que los agresores y caciques del paraje Cruz Cacanam son: Hilario Luna López, Víctor Díaz Pérez y Efraín Girón Pérez, “ellos gozan de nuestras pertenencias que quedaron en nuestras casas, mientras nosotros seguimos sufriendo sin encontrar la verdadera justicia”.