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De Absalón Castellanos Domínguez a Pablo Salazar Mendiguchía, pasando desde luego por el sexenio 2006-2012, los brazos más tétricos del orco comprimieron a Chiapas hasta provocar su estrangulamiento.

Violaciones recurrentes a los Derechos Humanos, sangre en los surcos, asesinatos, secuestros y robos en las ciudades y rapiña en las cajas públicas de los chiapanecos constituyeron un panorama doloroso en ese periplo aciago.

Antiquísimamente olvidado, Chiapas fue agarrotado en una atmósfera de violencia; permaneció polarizado por distintas fuerzas, por el sectarismo religioso y, por supuesto, por el zapatismo que con singular astucia tendió sus redes para hacer de la manipulación una vitrina que le permitió supervivencia y la simpatía de organismos internacionales ligados a la subversión que lo manosearon como a una ramera insatisfecha.

Al atraso social se añadió el fanatismo y la impunidad. Conflictos postelectorales, invasiones de tierras, presencia paramilitar, sangrientos choques fratricidas y un depravado manejo ideológico de la iglesia católica y de hordas protestantes conformaron un escenario calamitoso. La entidad se convirtió en tierra de nadie.

La pereza gubernamental incubó bandas que se dedicaron al asalto y al homicidio. La organización “Los Chinchulines” alcanzó maligna celebridad no sólo por la crueldad en la operación de sus militantes, sino porque en su momento fue un secreto a voces que sus dos principales promotores eran paradójicamente Walter León Montoya y Rafael Ceballos Cancino quienes fungían como diputados federales por el Partido Revolucionario Institucional.

(Rafael Ceballos Cancino sigue activo en la administración pública. Actualmente se desempeña como delegado del ISSSTE en Chiapas entre acusaciones de corrupción y abusos de poder. De Walter León Montoya nada se sabe. Sabines lo mandó a la cárcel acusado de planear el asesinato de un líder obrero).

Paz y Justicia, Máscara Roja y MIRA fueron otras falanges delictivas que sentaron su hegemonía en las comunidades norteñas de la entidad. El 21 de diciembre de 1997 el diario La Jornada desnudó la relación entre grupos paramilitares y el gobernador Julio Cesar Ruiz Ferro, lo que significó una macabra premonición del genocidio de Acteal pues a los pocos días al menos 45 indígenas fueron masacrados en ese poblado en un hecho que conmovió al mundo.

Las hostilidades religiosas llegaron al clímax. El sectarismo impregnó a las iglesias católicas y a los templos evangélicos. El miedo de la iglesia católica por las sensibles bajas en su feligresía y la propagación de otras corrientes de fe detonaron una lucha frontal que desató una atroz persecución en las comunidades tribales y un interminable catálogo de abusos y desórdenes.

Hoy no estamos en un lecho de rosas porque las cosas a veces no salen como quisiéramos. Pero hagamos un corte de caja responsable entre el pasado inmediato y el statu quo actual y, sinceramente, pongamos las cartas sobre la mesa. –

 

Cierto: Se han tomado políticas públicas que no a todos nos gustan, pero que son necesarias e inaplazables so pena de caer envueltos por la ingobernabilidad como en aquellos episodios trágicos que le comentamos.  

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