San Cristóbal de Las Casas podrá tener candidata o candidato a la alcaldía en las elecciones de 2027, luego de que el municipio quedara clasificado como de “género libre” en el proceso de insaculación realizado por el Congreso del Estado de Chiapas.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El tablero político rumbo a las elecciones municipales de 2027 en Chiapas comenzó a tomar forma.

Este domingo 27 de septiembre, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado realizó el proceso de insaculación previsto en la reforma electoral para determinar los municipios donde las candidaturas a las presidencias municipales deberán ser encabezadas por mujeres y aquellos que quedarían bajo la categoría de género libre.

Y para San Cristóbal de Las Casas hubo una definición que seguramente comenzará a mover nombres, grupos y aspiraciones políticas:

San Cristóbal de Las Casas quedó con género libre

Esto significa que, rumbo a la elección de 2027, la candidatura a la Presidencia Municipal de San Cristóbal de Las Casas podrá ser encabezada por una mujer o por un hombre, conforme a las reglas electorales aplicables.

El resultado no implica que el municipio haya sido reservado para candidatos hombres. Por el contrario, la clasificación como “libre” permite que los partidos políticos definan si postulan a una mujer o a un hombre para encabezar su planilla.

En el quinto bloque, integrado por seis de los municipios considerados prioritarios de Chiapas, los resultados fueron:

Género libre:

• Tuxtla Gutiérrez

• Ocosingo

• San Cristóbal de Las Casas

Candidatura encabezada por mujer:

• Tapachula

• Comitán de Domínguez

• Las Margaritas

La definición coloca a San Cristóbal de Las Casas en una situación distinta a Tapachula, Comitán y Las Margaritas, donde las candidaturas a la Presidencia Municipal deberán ser encabezadas por mujeres.

¿Qué significa esto para San Cristóbal rumbo a 2027?

En términos políticos, el resultado mantiene abierto el escenario para quienes aspiren a encabezar las diferentes fuerzas políticas en la próxima elección municipal.

Todavía falta mucho camino antes de las definiciones partidistas, registros y campañas; sin embargo, la insaculación despeja una de las primeras incógnitas rumbo al proceso electoral:

en San Cristóbal podrán competir por la candidatura tanto mujeres como hombres.

La decisión adquiere especial relevancia por el peso político, económico y electoral de San Cristóbal de Las Casas dentro de la región Altos de Chiapas.

El procedimiento se realizó ante notario público

La Junta de Coordinación Política realizó la insaculación con la presencia del notario público número 150, Juan Gabriel Coutiño Gómez, quien dio fe del procedimiento.

También participaron la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Marcela Castillo Atristain, así como integrantes de la JUCOPO y legisladoras invitadas.

El procedimiento está relacionado con el Artículo Segundo Transitorio del Decreto 307, de fecha 14 de septiembre de 2026, mediante el cual se modificaron disposiciones electorales orientadas a garantizar la paridad efectiva en las presidencias municipales de Chiapas.

Comienza a moverse el tablero político en San Cristóbal

Aunque todavía no es momento de registros oficiales ni de candidaturas formalmente definidas, el resultado elimina una de las restricciones que podían condicionar la sucesión municipal.

Ahora la atención comenzará a concentrarse en quiénes buscarán posicionarse dentro de los partidos políticos, qué alianzas podrían construirse y quiénes llegarán con posibilidades de obtener una candidatura rumbo a 2027.

Por ahora hay una certeza:

San Cristóbal de Las Casas quedó abierto a candidaturas de mujeres y hombres para la Presidencia Municipal en 2027.

El primer movimiento del tablero electoral ya ocurrió. Lo siguiente será conocer quiénes comenzarán a mover sus piezas.

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Durante años, la política mexicana aprendió a convivir con un secreto a voces: el poder del narcotráfico no terminaba en las brechas, laboratorios o rutas de trasiego; también alcanzaba estructuras económicas, empresariales y políticas. Lo verdaderamente excepcional no era la sospecha, sino el silencio institucional que siempre la rodeó.

Por eso el caso de Rubén Rocha Moya representa algo distinto. No por tratarse del primer gobernador señalado públicamente por presuntos vínculos criminales, sino porque ahora el señalamiento proviene directamente de United States, en medio de la peor crisis de fentanilo que ha enfrentado ese país y bajo una presión política interna que exige resultados inmediatos.

Rocha llegó al poder como parte de la consolidación territorial de Morena en el norte del país. Académico, operador político y figura cercana al obradorismo, representaba la estabilidad política en un estado históricamente marcado por la influencia del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la aparente calma nunca logró esconder del todo las tensiones internas, los reacomodos criminales y la creciente percepción de que la gobernabilidad en ciertas regiones dependía más de equilibrios informales que de control institucional real.

La captura y posterior crisis derivada del caso de Ismael “El Mayo” Zambada terminó alterando ese equilibrio. Desde entonces, comenzaron a aparecer filtraciones, testimonios y versiones sobre investigaciones estadounidenses que, según diversas fuentes, no solo buscaban operadores criminales, sino también posibles redes de protección política.

El golpe terminó llegando de manera frontal: acusaciones públicas, investigaciones abiertas y una narrativa desde Washington que parece abandonar definitivamente la vieja práctica diplomática de “cooperación discreta”. El mensaje es claro: Estados Unidos ya no pretende limitarse a perseguir capos; ahora también quiere señalar a quienes considera piezas funcionales dentro del sistema.

El problema para México es profundamente incómodo. Porque aunque jurídicamente aún no exista sentencia ni culpabilidad comprobada, políticamente el daño ya ocurrió. La simple sospecha de vínculos entre gobierno y crimen organizado erosiona instituciones, fractura la narrativa oficial y revive uno de los temas más delicados de la vida pública nacional: la posible normalización de la narcopolítica.

Sin embargo, en medio de la tormenta, también aparece un fenómeno recurrente en la política mexicana: la dispersión mediática. Mientras el caso Rocha escala internacionalmente, comienzan a surgir otros temas capaces de absorber conversación pública y dividir la atención nacional. Uno de ellos fue la reciente declaración del titular de la Secretaría de Educación Pública, quien adelantó posibles modificaciones al calendario escolar antes de un anuncio oficial completo, generando inmediatamente debate en redes, medios y sectores educativos.

No sería la primera vez que una crisis política de gran tamaño termina diluyéndose entre nuevas polémicas, discusiones sociales o agendas paralelas cuidadosamente amplificadas. En México, la velocidad del escándalo suele competir con la velocidad del olvido.

La gran pregunta no es únicamente si las acusaciones contra Rocha prosperarán judicialmente. La verdadera interrogante es si el país está dispuesto a sostener la discusión de fondo sobre la relación entre poder político, crimen organizado y gobernabilidad… o si, una vez más, todo terminará enterrado bajo el siguiente tema viral de la semana.

Con exagerada anticipación en Chiapas rumbo a la sucesión gubernamental en 2030, estos tres perfiles ya figuran en las "conjeturas políticas" locales, cada uno con fortalezas y retos distintos según el panorama actual:

Sasil de León Villard, es vista como una de las figuras femeninas con mayor trayectoria legislativa (diputada local, diputada federal y dos veces Senadora). Su posicionamiento nacional y su cercanía con las estructuras de poder la mantienen como una carta fuerte para la gubernatura.

Jorge Llaven Abarca, el actual Fiscal General del Estado ha construido una plataforma basada en la seguridad y gobernabilidad. Su estrategia "seguridad desde lo local" y su presencia constante en operativos de alto impacto lo perfilan como el candidato del "orden", un tema prioritario para el electorado chiapaneco de cara al 2030.

Óscar Aparicio Avendaño, como  Secretario de Seguridad del Pueblo, ha trabajado en estrecha colaboración con Llaven Abarca, incluso siendo coautor del libro "Chiapas, camino a la paz". Su perfil es más técnico-operativo, pero su visibilidad en la pacificación del estado lo coloca como un actor relevante en la mesa de sucesión. 

¿Qué definirá la balanza?

Existe una fuerte corriente que sugiere que el próximo gobierno de Chiapas (2030-2036) debería ser encabezado por una mujer, lo que daría ventaja a Sasil o a otros perfiles entre los que se mencionan también a Patricia Armendáriz Guerra y María Elena Orantes.

Si el estado continúa enfrentando retos de violencia, el electorado podría inclinarse por perfiles como Llaven o Aparicio.

Todas y todos los aspirantes según el apoyo que reciban desde el centro del país y la estructura del partido en el poder, serán determinantes en sus aspiraciones.