Representantes de Promedios de Comunicación Comunitaria (ProMedios), el Colectivo Flor de Asfalto, la Colectiva Autónoma de Colaboración Social, entre otros, dieron a conocer que se han cumplido 130 días de huelga de hambre de los reclusos Marcelino Ruiz Gómez, Abraham López Montejo y Germán López Montejo, internos en el Cerss 5, en San Cristóbal de Las Casas.

Y 10 en Comitán y que hasta la fecha, el estado mexicano ha permanecido indiferente frente a las medidas necesarias para remediar tal situación. En conferencia de prensa, contaron que el pasado 15 de marzo, Marcelino, Abraham, Germán, Juan y Adrián iniciaron una huelga de hambre al interior de las cárceles para exigir justicia y libertad.

Así como para denunciar al estado mexicano por la privación arbitraria de su libertad, “tortura, discriminación, presunción de inocencia, falta de traductor, falta resolución pronta, completa e imparcial y por consecuencia la falta de acceso a la justicia”.

 Indicaron que los familiares han denunciado la preocupación frente a esta situación de graves violaciones a derechos humanos, la falta de atención a la salud y en especial ante el marco de la contingencia por COVID-19.

Asi también solicitaron medidas alternativas a la prisión, sin éxito. En varias ocasiones han denunciado la falta de una alimentación digna para ellos y la población penitenciaria en general sin que las peticiones sean atendidas, pues se les ha entregado alimentos escasos o en malas condiciones.

 Agregaron que Marcelino fue detenido el 5 de febrero de 2002, y lleva 19 años, 10 meses privado de su libertad y sentenciado a 25 años de prisión, mientras que Abraham y Germán fueron detenidos el 17 de enero de 2011 y llevan 10 años, 10 meses, sentenciados a 75 años de prisión cada uno, “pagando por un delito que no cometieron”.

 Juan fue detenido el 28 de febrero de 2007, después de 12 años, 9 meses de prisión, fue puesto en libertad mediante resolución del cuadernillo 278/MR-2/2019, la Mesa de Reconciliación le otorgó el beneficio de sentencia suspendida, debido a que su declaración fue obtenida bajo tortura y no contó con traductor ni con abogado que conociera su lengua y cultura.

Mientras que Adrián fue detenido el 3 de febrero de 2004 y liberado el día 7 de septiembre del 2021, tras 17 años 8 meses y 4 días preso injustamente, un Juez Federal le concedió el amparo liso y llano por violaciones al debido proceso entre pruebas insuficientes para acreditar su responsabilidad.

 “Exigimos al estado mexicano el cumplimiento inmediato de la Opinión número 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas para la liberación inmediata de Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo y la reparación integral de todo el daño que se les ha causado a ellos y a sus familiares", expresaron.

Finalmente pidieron  la especial atención e intervención del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

“Lo único que han recibido es hostigamiento, represión, intimidación, humillación, calumnias por parte de las autoridades de los centros penitenciarios, así como vigilancia y amenazas hacia las familias y organizaciones que les acompañan".

Familiares de 17 personas presos en el Cereso 13 de Tonalá se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez, pidiendo la intervención de diputados locales para exigir justicia, porque aseguran que están injustamente recluidos.

  Isaac Tinidad López aseguró que inicialmente eran 22 los que estaban en esta situación, y entre los 17 que todavía están recluidos cuatro son centroamericanos, a quienes al igual que los chiapanecos fueron detenidos en el camino, golpeados y torturados para inculparse.

Acusó de malas prácticas a las policías, porque cuando se comete algún delito, en la necesidad de dar resultados agarran al primero que se atraviesa por la zona donde se haya dado la delincuencia, les meten una madriza  hasta que ya no aguantan y se declaran culpables.

  Sin embargo, cuando han logrado echarle el guante al verdadero delincuente, con que les paguen salen libres. Es una corrupción la que prevalece en la procuración de justicia en ese municipio de la zona Costa, subrayaron.

En la entrada principal al Congreso del Estado de Chiapas hombres y mujeres reclamaron la libertad de sus familiares Emilio López Cigarroa, detenido por el delito de abigeato y homicidio; Juan Gabrial y Alexos Ivan Sánchez Ordóñez, Domitilio Toledo Alvarado y Francisco Martínez Alonso, por el delito de abigeato; Francisco Miguel Martínez Fonseca, por violación; Jorge Domínguez Toledo, despojo agravado.

Jacob Eduardo Tomhas Sánchez, por tentativa de feminicidio; José Luis Laguna Ramos, por secuestro; Francisco López Lazos, por violación; Julio César Martínez López, por robo; Samuel Jiménez Pérez, por abigeato; Florentino Toledo Colmenares, por despojo; Fidel Antonio Portillo y José Luis Larín Castro, por extorsión; Jonhatan Álvarez Núñez y Josúe Rubín Alexander Calles, por extorsión.

·        Dos activistas acusan a Liliana Ruiz Pascasio, quien se cree “dueña y señora del organismo”

 La Jefa del Departamento de Recursos Materiales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas, Liliana Ruíz Pascasio, fue acusada  de violentar los derechos humanos de dos activistas, por lo que piden a Juan Oscar Trinidad Palacios, Presidente de la CEDH tome cartas en el asunto para no ser cómplice de la prepotencia en que se maneja esta funcionaria, quien argumenta ser sobrina del magistrado del Tribunal Unitario, Homero Ruiz, quien presuntamente le protege  sus fechorías en contra del personal administrativo de trabajo.

 Las activistas Martha Riofrio y Jacivi Gómez dieron a conocer en exclusiva para este medio, que Liliana Ruiz  las trató con la punta de los pies y con palabras altisonantes por el simple hecho de estacionarse en el interior del sótano que tiene la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para todos aquellos que acuden para algún trámite o queja.

 Las referidas activistas llegaron procedente del CERESO El Amate en donde se han caracterizado por apoyar a las mujeres privadas de su libertad y en esta ocasión asistían a la CEDH para recibir de la Dirección de Atención a víctimas de violaciones de los derechos humanos, apoyos o donativos para ser donadas a las referidas mujeres presas de esas violaciones.

 Sin embargo, agregaron que “nunca pensaron que ellas serían las primeras víctima de esas violaciones, por lo que interpondrán ante la Comisión de los Derechos Humanos la correspondiente queja en contra de la mencionada funcionaria que se ostenta la dueña y señora del Departamento de Recursos Materiales en donde a decir de algunos trabajadores han desaparecido vehículos que hoy laboran como taxis, por lo que el Presidente de la CEDH Juan Oscar Trinidad Palacios no debe permitir presuntos actos de corrupción en esa dependencia y la tal Liliana quien dice es inamovible del puesto, debe de ser investigada y cesada del cargo.