De los editores...

Usted ya puede matar a un asaltante....

Hace poco, el Congreso de Nuevo León aprobó  reformas al artículo 17 del Código Penal del Estado para dar mayores alcances a los particulares en casos de legítima defensa infligiendo, así, un letal golpe a la impunidad que corroe las entrañas de los aparatos de justicia y genera desconfianza, miedo e incertidumbre entre la sociedad.

Es decir, los ladrones y criminales tardan más en ser detenidos que en salir de la cárcel porque se topan con jueces corruptos a quienes no les importa la moralidad ni conocen quién es la madre Temis.

¿De qué se trata esa reforma? Muy sencillo: Cualquier persona que prive de la vida a alguien que irrumpa en su domicilio tendrá protección de la ley.

La reforma fue avalada por unanimidad por los 42 diputados que integran el Congreso neolonés. Incluso el gobernador Jaime Rodríguez Lozano la ha visto con simpatía al señalar que ahora, "los ciudadanos ya pueden estar sin temor y defender a su familia".

Pero la puerca torció el rabo en donde usted ya se imagina. De inmediato, defensores de derechos humanos pusieron el grito en el cielo y dicen que la citada reforma es más bien un permiso para matar.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León, Sofía Velasco, sostiene que esa reforma es un cheque en blanco para cometer excesos o abusos y que será contraproducente. No la apoya, pues.

El 30 de septiembre de 2016 en la madrugada, 5 militares fueron emboscados y asesinados en Culiacán, Sinaloa. Se les dio el tiro de gracia. Jamás la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un pronunciamiento al respecto. ¿Y si hubiera ocurrido lo contrario?

Literalmente el Ombudsman es un defensor del pueblo. Su función deberá ser siempre objetiva, imparcial, ecuánime, justa, apegada a Derecho.

¿Por qué ha avanzado tanto la delincuencia en este país? Porque hay un sistema de justicia podrido controlado por jueces inmorales e hipócritas. Porque el Estado ha renunciado a su función elemental de proteger la vida y los intereses de la sociedad desde el gobierno de Felipe Calderón. Porque las leyes que hay no se aplican, se tuercen o quedan supeditadas a caprichos políticos.

Porque los defensores del pueblo actúan con parcialidad velada, con complicidades soterradas o simulaciones al amparo de los derechos humanos. Aunque ellos se llamen víctimas y griten ser impolutos.

 Necesitamos leyes más eficaces y funcionarios probos que entiendan que ellos también tienen familias y dejen su zona de confort. Necesitamos, con urgencia, que se combata con energía la impunidad y la corrupción. Urge devolver el prestigio y la credibilidad a las instituciones.

Claro que en Nuevo León se ha dado un paso histórico y eso no quiere decir que estemos regresando a la época del talión. Allí, en Nuevo León, los diputados han hecho algo porque la gente ha llegado al hartazgo de la impunidad con que actúan delincuentes y malandros que nos han robado la paz y, lo peor, arrebatan la vida de nuestros semejantes sabedores de que las leyes en este país son enclenques y tendrán una voz aliada en los defensores de derechos humanos.