·         La solicitud de Jeanette Vizguerra para quedarse en Estados Unidos fue rechazada, por lo que varios partidarios se manifestaron en apoyo a la mexicana

Una mexicana que está tratando de que no la deporten se refugió en una iglesia de Denver luego de que las autoridades federales de inmigración rechazaran su solicitud para quedarse en el país, el caso más reciente que ha puesto a temblar a la comunidad inmigrante frente al compromiso de la Casa Blanca de reforzar el cumplimiento de la ley.

Jeanette Vizguerra no acudió el miércoles a la audiencia que tenía programada con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en el suburbio de Centennial. Cerca de 100 partidarios suyos se manifestaron afuera del edificio mientras su abogado, Hans Meyer, y un ministro ingresaban a la oficina.

Ambos dijeron que en la recepción encontraron a numerosos agentes, algunos de ellos armados, y se les indicó que Vizguerra no recibiría otra extensión en su intento por obtener una visa tipo U que a veces se concede a las víctimas de delitos.

El portavoz del ICE, Shawn Neudauer, señaló que la mujer es "una prioridad de detención" porque tiene dos declaraciones de culpabilidad por delitos menores y en un principio un juez ordenó su deportación definitiva en 2011.

Meyer dijo que Vizguerra había recibido varias extensiones previas durante el gobierno del presidente Barack Obama porque las autoridades saben que la obtención de la visa puede tardar dos o tres años.

Esta es una alerta roja grande, enorme, de que el gobierno de Trump tiene planes de deportar a tantas personas como le sea posible", declaró Meyer, que declinó revelar detalles sobre el delito del que Vizguerra fue víctima.

Trump ha convertido en una prioridad el combate a la inmigración ilegal, anunciado sus planes de construir un muro fronterizo, amenazado con recortar los recursos a las ciudades que protejan a personas, y ha emitido un decreto en el que afirma claramente que prácticamente cualquier inmigrante que se encuentre sin permiso en el país podría ser una prioridad para ser deportado, en especial aquellos con órdenes de deportación pendientes.

Nuedauer del ICE no quiso decir si el rechazar la solicitud de Vizguerra para que se le dé una extensión es un cambio en las políticas.

La mujer se refugió en la iglesia, una táctica habitual para evitar la deportación porque por lo general los agentes no ingresan a lugares de culto, al tiempo que los defensores de los inmigrantes solicitaban la libertad de un joven de 23 años en el estado de Washington que fue detenido a pesar de beneficiarse de un programa federal que ampara de la deportación a quienes fueron traídos sin autorización a Estados Unidos cuando eran niños.

Vizguerra dijo que se acordó de los casos de Daniel Ramírez Medina y Guadalupe García de Rayos, ésta última una mujer que vivía en Arizona y que cuando acudió a una cita de rutina en el ICE fue detenida y deportada a México al día siguiente.

Vizguerra, que lloró al principio, dirigió unas palabras en español por un megáfono a quienes la apoyaban afuera de las oficinas del ICE y después en persona en la Primera Iglesia Unitaria, no distante del Capitolio estatal.

Acompañada en el altar por tres de sus cuatro hijos, la ex organizadora sindical y limpiadora de casas dijo que sus únicos delitos están relacionados con trabajar sin autorización en el país para mantener a su familia.

La mujer dijo que fue arrestada por carecer de licencia de conducir y no tener su vehículo registrado. Los agentes descubrieron además que estaba en posesión de un documento falso de identidad, que ella dijo tenía un número de Seguro Social basado en los dígitos de su fecha de nacimiento, no uno que perteneciera a una persona real.

Vizguerra dijo que comunicó la semana pasada a sus hijos la decisión de permanecer en una habitación del sótano de la iglesia que fue pintada en 2014 para alojar a algún inmigrante que necesitara refugiarse en el lugar.

Ustedes pueden ver por qué estoy luchando tan duro para ganar mi caso", dijo en referencia a su familia.

 La Fiscalía Especializada en Protección de los Derechos de las Mujeres de Chiapas participa en la capacitación sobre "Entrenamiento transfronterizo de secuestro de niños" efectuada en Laredo, Texas.

 Asimismo, participan representantes de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Durango.

En este sentido, la Fiscal Especializada Nancy Benítez Rebollo destacó el compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello en materia de prevención, seguridad y justicia.

En representación del Procurador Raciel López Salazar, expuso que la capacitación abarca el esfuerzo y la colaboración del programa Alerta Amber que impulsa la coordinación entre los estados.

 También se analiza el secuestro de niños, explotación y tráfico en Estados Unidos y México.

 "Una de nuestras prioridades es combatir los secuestros de niños, la explotación, el turismo sexual y otras formas de victimización, tanto interna, como externamente", señaló la Fiscal Especializada.

Enfatizó en la necesidad de vigilar a los menores y conocer el uso de sus redes sociales, ya que es una de las formas más comunes en que son enganchados por las bandas de tratantes de personas.

 "Si la Alerta Amber se utiliza dentro de los tiempos y forma correcta, nos garantiza un alto porcentaje de efectividad en la recuperación de los menores.

·         La campaña apoyada por Wal-Mart, Target y Best Buy, así como algunas asociaciones de comercio, pide detener el impuesto propuesto por el Partido Republicano

Una coalición de más 100 empresas y asociaciones de comercio en Estados Unidos lanzó una campaña para detener el impuesto de ajuste fronterizo propuesto por el Partido Republicano y considerado por el presidente Donald Trump.

Titulada “Estadunidenses por productos asequibles (AAP)”, la campaña es apoyada por Wal-Mart, Target y Best Buy, y por la Asociación de Tecnología del Consumidor, la Federación Nacional de Minoristas y la Asociación de Líderes de la Industria Minorista, entre otras.

La campaña busca involucrar a los consumidores, que terminarían por pagar más por productos que adquieren de manera cotidiana —entre ellos alimentos, gas y ropa— en el esfuerzo por convencer al Congreso de detener este gravamen.

En total, cada familia estadunidense debería pagar mil 700 dólares adicionales cada año si se aprueba este impuesto, de acuerdo con la campaña.

Asimismo, la iniciativa pretende mostrar a los legisladores que el impuesto del 20 por ciento a todas las importaciones a Estados Unidos perjudicaría a los creadores de empleos en este país.

El impuesto es un componente de la propuesta republicana de reforma tributaria, que pretende alentar a las empresas a fabricar sus productos en vez de importarlos pero que, de según la campaña, terminaría por transferir el costo a los consumidores.

Los consumidores son en última instancia los perdedores de cualquier esfuerzo para gravar las importaciones porque la economía en los Estados Unidos es impulsada por los consumidores”, expresó Matthew Shay, director ejecutivo de la Federación Nacional de Minoristas (NRF).

En un comunicado, Shay añadió que las empresas aglutinadas bajo la NRF están dispuestas a trabajar con el Congreso para simplificar los impuestos y para alentar a las empresas en Estados Unidos pero que el impuesto fronterizo no contribuye con estos objetivos.

El impuesto “es dañino, no ha sido probado, pondría en riesgo los empleos minoristas estadunidenses y obligaría a los consumidores a pagar hasta un 20 por ciento más por bienes esenciales”, según Sandy Kennedy, de la Asociación de Líderes de la Industria Minorista.