El futuro incierto ^Destacado

La recurrencia al futuro imperfecto condicional, deja en claro dos cosas: Una, 
que el Estado, hasta hoy, no se había preocupado por la muerte de decenas de periodistas y dos, que cabe la posibilidad —sí, solo la posibilidad— de que en un futuro indefinido se apliquen protocolos efectivos para garantizar la libertad de expresión y la integridad física, moral y psicológica de periodistas y activistas de derechos humanos. 

“Protegeremos”, “debemos”, “daremos con los responsables”, “actuaremos con firmeza”, “fortaleceremos la estructura y el presupuesto”, “estableceremos un esquema nacional”, “fortaleceremos la Fiscalía Especial”, “capacitaremos,”, “nos reuniremos”, “revisaremos…”; todo apuntando hacia un futuro incierto, hacia lo que no sabemos con certeza si se logrará.

No lo sabemos porque desde que la actual administración se instaló en Los Pinos, el fracaso en materia de seguridad ha sido constante, aplastante. Han pasado más de cuatro años y hasta hoy, el resultado es desolador. Falta de voluntad, viejas inercias, complicidad, incapacidad y una larga lista de factores que han fortalecido las raíces de dos males mayores: la corrupción y la impunidad. 

De éstos penden la violencia, la inseguridad y el crimen en general. Nadie ignora que policías, ministerios públicos, jueces, magistrados y ministros, han facilitado la expansión de la impunidad. Todos estamos ciertos que las cárceles están repletas de gente que no ha tenido los recursos financieros suficientes para comprar la justicia… En muchos casos, llenas de chivos expiatorios para hacernos creer que se aplica la ley.

De forma tal que lo expresado por el presidente Peña Nieto y su segundo de a bordo, Miguel Ángel Osorio Chong, no es ninguna garantía de seguridad para periodistas y defensores de los derechos humanos. En el remoto supuesto que esa fuera su intención, debe pasar, su propuesta, por una depuración integral de la PGR y el Poder Judicial, que es donde están enraizadas la corrupción y la impunidad.

Desde hace años se ha venido hablando de “protocolos de seguridad y medidas cautelares”, pero éstas son insuficientes e ineficaces; hace unos días, un colega reportero de Tuxtla (Lenin Flores), acudió a la delegación de la PGR para denunciar el acoso de un desconocido. La respuesta fue indignante: “no le han hecho nada”, declaró el periodista a otros compañeros que acudieron en su auxilio.

La mayoría de los 267 periodistas asesinados en México de 1990 a la fecha, habían denunciado amenazas de muerte previas; fueron desoídos. Algunas veces, se implementaron medidas cautelares para protegerlos de posibles atentados y sin embargo, fueron asesinados. 

Esto reafirma la sospecha que los protocolos e incluso, la asistencia policial a potenciales víctimas, no funcionan. No, porque quienes están detrás de tales crímenes tienen la certeza que nunca serán llevados a los Tribunales. Y más, si los autores intelectuales, gozan de protección del Estado o detentan algún cargo público, como ha ocurrido en muchos casos. 

Según algunas estadísticas que han surgido tímidamente en las últimas horas, solo tres sentencias se han logrado a lo largo de éstos 27 años de crímenes contra la libertad de expresión. Los asesinos, han gozado de cabal libertad, lo que sin duda, otorga seguridad a quienes los ordenan.

Frenar los ataques permanentes contra periodistas no es cuestión de promesas ni discursos preñados de indignación; requiere la inmediata y efectiva acción del Estado para empezar desde dentro a garantizar las libertades civiles y los derechos humanos. Mientras el sistema de gobierno esté infiltrado, contaminado y sucio, ninguna buena intención abonará en beneficio de un sector vulnerable, como lo es el periodismo mexicano. 

Lo único rescatable de la forzada aparición del presidente Peña Nieto con el tema de los asesinatos de periodistas, es que parece haber superado la negación que tenía al respecto y sobre la crítica situación de seguridad en el país. Era un paso necesario. Ocultarlo, era una pesada losa para su decadente administración.

La gran pregunta es si mantendrá sus promesas o una vez que merme la indignación por el asesinato de Javier Valdez, volverá al ostracismo y a dejar de lado su responsabilidad institucional y obligación constitucional. 

Cuando veamos las detenciones de los responsables y sean sentenciados, entonces habremos de creer en su rosario de deseos. Cuando cada periodista ejerza su profesión sin presiones, ni miedo, ni amenazas, habremos de creerle. Solo entonces.