Con relación al estado de salud de la enfermera Gabriela Mayanin López, quien el miércoles fue ingresada al Hospital Rafael Pascacio Gamboa, el Subdirector de Atención Hospitalaria de la Secretaría de Salud, Jairo Trejo Pérez, informó que la enfermera se encuentra estable y se recupera favorablemente.

El funcionario explicó que la noche de este miércoles la unidad médica que se encuentra a las afueras del campamento donde un grupo de enfermeras se mantiene en huelga de hambre desde hace 18 días, recibió el aviso de que una de ellas se sentía mal y por ello, en forma inmediata fue ingresada al nosocomio.

De acuerdo a la valoración médica realizada a la enfermera, Trejo Pérez indicó que Gabriela Mayanin López tuvo un cuadro de deshidratación moderada y que en estos momentos se encuentra estable sin comprometer su vida, sin embargo, se mantendrá atención permanente para lograr su pronta recuperación.

Finalmente, el doctor Jairo Trejo reiteró el ofrecimiento del Gobierno del Estado de poner a su disposición todos los recursos del Estado para proteger la salud de Gabriela Mayanin y de cualquiera de sus compañeras que lo requiera, por lo que se mantendrán atentos a cualquier eventualidad.

El senador Roberto Albores Gleason impulsa garantizar por Ley que los proyectos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que se realizan con dinero del erario, sean realizados con mano de obra y por empresas locales, para que la derrama económica se quede en la entidad federativa.

La propuesta señala que, para detonar un mayor crecimiento económico en los estados con mayor rezago y pobreza, como Chiapas, es necesario invertir la mayor cantidad de recursos en infraestructura pública estratégica, utilizar más y de mejor manera los recursos de la entidad.

También plantea premiar a las empresas que generen empleos basados en mano de obra local, además de definir los requisitos a través de los cuales se pueda identificar a las que son consideradas como locales, entre los cuales deben contar con domicilio fiscal y una antigüedad de tres años en la entidad donde se llevará a cabo el proyecto.

Albores Gleason dijo que estados como Chiapas requieren recibir la más alta prioridad y el compromiso de la República por mejorar las condiciones de vida de su población. “Necesitamos una mayor inversión en infraestructura estratégica, que rompa con el círculo vicioso de baja productividad y elevados niveles de pobreza”, expuso.

Asimismo, mencionó que el gasto de inversión es un importante impulsor de la economía y uno de los factores que determinan la evolución a largo plazo del crecimiento y de la productividad de la economía.

*IEPC frena sus ambiciones de poder y le ordena quedarse quieto; también debe retirar toda su propaganda electoral porque ha incurrido en violaciones a la ley

 En su onceava sesión extraordinaria, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), resolvió conceder la adopción de medidas cautelares dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario en contra de los ciudadanos Emilio Enrique Salazar Farías, Diputado Federal por el IX Distrito Electoral Federal en Chiapas; Roberto Armando Albores Gleason, en su calidad de Senador de la República de la XLIII Legislatura y la ciudadana Gloria Trinidad Luna Ruiz, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En un comunicado en poder de Primera Edición, el tan cuestionado IEPC señaló que lo anterior obedece "a  la presentación de diversas denuncias ciudadanas por presuntos actos de promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y promoción de actividades legislativas fuera de los plazos establecidos en la ley, mismos que son reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su numeral 134,y el Código Comicial Local en su numeral 243".

Alex Walter Díaz García, consejero presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC, informó que al existir indicios que podrían resultar violatorios a la normatividad electoral, los denunciados deberán acatar las medidas cautelares aprobadas por la Comisión, consistentes en realizar acciones necesarias, suficientes e idóneas para suspender y retirar la difusión de la propaganda denunciada, en un término no mayor a 48 horas, esto con la finalidad de que no se vulnere el principio de equidad de cara proceso electoral local 2017-2018 que inicia el próximo mes de octubre.

El consejero Díaz García añadió que “de las pruebas que presentaron los denunciantes y de las obtenidas por la Oficialía Electoral del Instituto, la Comisión llegó a la conclusión que hay indicios suficientes para suponer que la propaganda sujeta a investigación pudiera afectar la equidad de los próximos comicios locales, de ahí que decidieran atender la solicitud de medidas preventivas, sin que ello implique que se haya acreditado la responsabilidad de los denunciados, pues ello dependerá de las investigaciones que seguirán su curso hasta que los procedimientos administrativos instaurados se resuelvan de fondo”.

Díaz García advirtió que “las medidas deberán ser ejecutadas en los próximos días, y que en caso de no ser acatadas, los denunciados podrían ser sujetos del inicio de un nuevo procedimiento administrativo sancionador o la aplicación de una medida de apremio en su caso, por desacato a la autoridad electoral”.

El consejero electoral también informó que en una sesión previa, la Comisión de Quejas y Denuncias aprobó el Acuerdo de radicación, admisión y emplazamiento, dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario, iniciado por una denuncia ciudadana en contra del ciudadano César Bernardino Serrano Nucamendi.

 Serrano Nucamendi realizó presuntos actos de proselitismo en esta ciudad capital, a través de espectaculares y entrevistas difundidas en el portal de Youtube y páginas electrónicas de diversos medios informativos.