Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. – La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de las Fiscalías de Distrito Metropolitano y contra Feminicidios, ejecutó una orden de aprehensión contra José “N” como probable responsable del feminicidio de Laura “N.”, ocurrido el pasado 4 de noviembre en la colonia San José Terán, en Tuxtla Gutiérrez.

A tan solo tres días de los hechos, elementos de la Policía de Investigación lograron la detención del presunto agresor, dando cumplimiento al mandamiento judicial emitido por el Juez de Control para la Atención de Delitos Graves de los Distritos de Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa. Tras su aprehensión, José “N.” fue trasladado al juzgado correspondiente para la celebración de la audiencia inicial.

Según la carpeta de investigación, el 4 de noviembre de este año, en un establecimiento ubicado en la colonia San José Terán, el imputado habría disparado un arma de fuego contra Laura “N.”, quien perdió la vida en el lugar de los hechos. Tras el ataque, el presunto agresor se dio a la fuga.

El detenido se encuentra a disposición del Órgano Jurisdiccional, que en las próximas horas determinará su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado reitera su rechazo enérgico a cualquier acto de violencia contra las mujeres y reafirma su compromiso de que ningún delito quedará impune.

FGE localiza sin vida a Victor José Carrera Mayor, presunto responsable del feminicidio de Liliana Guadalupe “N”*

La Fiscalía General del Estado informa que el probable partícipe en el delito de feminicidio de Liliana Guadalupe "N", Victor José Carrera Mayor, fue localizado sin vida este domingo 27 de octubre en un domicilio ubicado al norte poniente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Elementos de FGE recaban información en el marco de una Carpeta de Investigación, en tanto que personal de Servicios Periciales arribaron al lugar para trasladar al cadáver al Servicio Médico Forense a fin de practicar la Necropsia de Ley.

El presunto responsable del feminicidio de la niña Liliana Guadalupe “N” era buscado por las autoridades desde el pasado 19 de octubre; la FGE ofrecía una recompensa de 500 mil pesos a quien aportara información efectiva y fidedigna para su localización.

La mañana de este jueves, integrantes de la Colectiva Cereza, se manifestaron a las afueras de Palacio de Justicia en San Cristóbal de Las Casas, por el feminicidio de la niña Liliana Guadalupe, quien fue víctima de la negligencia y falta de acción por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En conferencia de prensa, indicaron que durante cinco días, la FGE no activó los protocolos de búsqueda inmediata, como el uso de cámaras del C4 o el rastreo de datos telefónicos, acciones que pudieron haber salvado la vida de la menor en las primeras 24 horas.

"A pesar de contar con herramientas legales como el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que les permite realizar investigaciones urgentes, la Fiscalía tardó en actuar, lo que resultó en la huida del feminicida", aseguraron.

Destacaron que el colectivo Madres en Resistencia ha denunciado estas omisiones y ha acompañado a la familia de Liliana Guadalupe en su búsqueda. "Durante los días, la familia colocó carteles y rastreó posibles ubicaciones, mientras las autoridades se mostraban desinteresadas en ayudar".

Mencionaron que la Fiscalía llevó a cabo un cateo, pero para entonces, el peligroso responsable ya se había escapado. "Este caso refleja la falta de compromiso de las autoridades para proteger a las mujeres. La indignación también se extiende a otros casos de injusticia en Chiapas, donde se acusa a la FGE de fabricar pruebas en contra de personas inocentes, muchas de ellas indígenas".

Agregaron que en el caso de Juana y Ernesto, se han presentado pruebas falsas y violaciones a los derechos humanos, incluyendo entrevistas manipuladas a sus hijos adolescentes, quienes fueron amenazados por la Fiscalía para declarar en su contra. "Este modus operandi de construir casos con pruebas ilegales y prejuicios raciales es una constante en los procesos judiciales de la región".

Denunciaron que el sistema de justicia en Chiapas enfrenta una creciente presión social por cambios radicales. "La corrupción, las alianzas entre fiscales y jueces y las violaciones a los derechos humanos en los procedimientos judiciales son temas urgentes que deben abordarse. Las recientes audiencias relacionadas con el caso de Juana y Ernesto han sido diferidas debido a la presión pública, lo que genera esperanzas de que se logre una revisión justa de los casos planteados".

Finalmente la colectiva Cereza, dijo que La falta de transparencia y la impunidad en estos casos han dejado un amargo sabor en las familias afectadas y en las organizaciones que luchan por la justicia. "Las autoridades deben rendir cuentas por su negligencia y garantizar que las víctimas y sus familias reciban un trato digno y justo. El futuro de la justicia en Chiapas depende de que se tomen acciones contundentes contra la corrupción y el racismo que prevalece en el sistema penal".

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