San Cristóbal de Las Casas, Chis.— Tres mujeres sobrevivientes de un intento de feminicidio, robo con violencia y violación en grado de tentativa, ocurridos en febrero de 2023 en una montaña ubicada al sur de esta ciudad, exigieron justicia y denunciaron impunidad, omisiones y violencia institucional por parte de autoridades estatales.
En rueda de prensa, acompañadas por sus familiares, integrantes de la Asamblea Somos Fuego Feminista y la abogada Martha Figueroa, las víctimas demandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que cumpla con su deber y garantice un proceso judicial con perspectiva de género, sin revictimización, así como la reparación integral del daño, medidas reales y efectivas de protección, garantías de no repetición y no discriminación.
Dulce, una de las sobrevivientes, relató que el 25 de febrero de 2023 ella, su hermana y una amiga de nacionalidad canadiense fueron víctimas de un ataque armado mientras descendían de la montaña conocida como Don Lauro, donde se ubica una ruta turística.
“Dos hombres armados nos agredieron brutalmente; intentaron violar a una de nosotras y asesinarnos. Salimos con vida porque luchamos juntas por sobrevivir. Tras el ataque, los agresores huyeron y fuimos auxiliadas por otros turistas que se encontraban en la zona”, narró.
La víctima denunció que al solicitar auxilio al número de emergencias 911, la respuesta fue que la policía no podía acudir debido a que la zona se rige por usos y costumbres, lo que —señaló— evidenció un abandono institucional absoluto en un momento crítico.
Posteriormente, con apoyo de familiares y amistades, acudieron a la Fiscalía de Distrito Zona Altos para denunciar los hechos; sin embargo, lejos de recibir atención adecuada, afirmaron haber sido víctimas de violencia institucional. Dulce señaló que la agente del Ministerio Público se negó inicialmente a atenderlas, emitió comentarios misóginos y revictimizantes, minimizó la gravedad del ataque armado, no proporcionó traductor para la víctima extranjera y les cobró por tomarles la declaración.
Indicó que fue hasta que el hermano de una de las víctimas difundió parte de los hechos en redes sociales que la Fiscalía intervino. No obstante, a casi tres años del ataque, aseguró que la violencia no ha cesado: han recibido amenazas, intimidaciones y hostigamiento por parte de los agresores y personas vinculadas con su defensa, además de enfrentar impunidad y omisiones por parte de diversas instituciones estatales.
“Seguimos esperando respuestas claras y transparentes. El ataque dejó secuelas profundas en nuestras vidas: daños psicológicos y físicos, pérdidas económicas y laborales, estigmatización social y constantes intimidaciones en nuestros domicilios y redes sociales. Vivimos con miedo ante la ausencia de medidas de protección reales y efectivas”, concluyó.
