Ernesto Vázquez Reyna murió tras un ataque con explosivos y armas largas; autoridades federales investigan como un acto de narcoterrorismo.
Reynosa, Tamps., 5 de agosto de 2025.
Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, fue asesinado la tarde del lunes en un ataque armado en el municipio de Reynosa. La agresión ha sido calificada por autoridades como uno de los atentados más graves contra funcionarios federales en la historia reciente del estado.
El ataque ocurrió poco después de las 18:30 horas en el Bulevar Miguel Hidalgo, a la altura del fraccionamiento Las Quintas. Según reportes preliminares, sujetos armados interceptaron la camioneta en la que viajaba el fiscal y lanzaron un artefacto explosivo, lo que provocó una fuerte detonación e incendio del vehículo.
A pesar de la explosión, Vázquez Reyna logró salir de la unidad, pero fue alcanzado por una segunda ráfaga de disparos. El funcionario fue rematado por hombres armados que descendieron de otro vehículo y huyeron del lugar tras confirmar su muerte.
Fuentes de seguridad indicaron que en el lugar se hallaron restos del vehículo totalmente calcinado, casquillos de armas largas y restos del posible explosivo utilizado. La zona fue acordonada por elementos del Ejército, Guardia Nacional y fuerzas estatales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador fue informado de los hechos y expresó su condena durante una reunión con el gabinete de seguridad. Por su parte, la FGR confirmó el fallecimiento y anunció la apertura de una carpeta de investigación por homicidio doloso, en coordinación con autoridades estatales.
“No vamos a permitir que la violencia imponga condiciones al Estado mexicano. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó esta mañana en conferencia la fiscal general adjunta en Delincuencia Organizada, María Teresa Cabrera.
Vázquez Reyna, de perfil reservado, era delegado de la FGR en Tamaulipas desde 2019. Estaba a cargo de investigaciones sensibles relacionadas con delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos y delitos federales en la frontera norte del país.
Hasta el momento, no hay detenidos ni se ha informado de indicios sobre la identidad de los agresores. Autoridades no descartan que el crimen esté vinculado a cárteles que operan en la región y que mantienen una disputa territorial por rutas de tráfico y control aduanal.
Organismos civiles y defensores de derechos humanos han exigido al gobierno federal medidas urgentes para proteger a los operadores de justicia en zonas de alto riesgo.
