Habitantes de Altamirano denunciaron que constantemente son hostigados, perseguidos y detenidos en los puestos de control que mantiene la policía local en las salidas del municipio.

Indicaron que desde hace más de un año que se nombró el Concejo Municipal se instalaron puestos de control en las salidas principales de la cabecera municipal, presuntamente para evitar el ingreso de delincuentes. Agregaron que desde ese momento el síndico concejal Gabriel Montoya Oseguera es el que mantiene el control en el municipio.

Visitantes externaron su malestar porque los elementos de la Policía Municipal se portan muy agresivos durante las revisiones, como si fueran delincuentes los automovilistas que van de paso procedentes de San Cristóbal, Comitán, Ocosingo y de otras comunidades, además de sentirse acosados, intimidados y hostigados.

"Está bien que vigilen las entradas, pero no de esa manera, hostigando, deteniendo y persiguiendo a la gente, queremos transitar libremente por nuestras calles y carreteras de nuestro municipio", aseguraron pobladores del lugar .

* Si los estudiantes no compran los paquetes de libros; directivos, docentes y administrativos tienen que pagarlos.

Directivos, docentes y administrativos de los 338 planteles con los que cuenta el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), fueron informados a través de una circular, que a partir del día de mañana tienen que acudir a las coordinaciones de Zona, para recoger material bibliográfico de editorial Pearson, dirigido a la venta de los estudiantes.

Docentes de diversas partes de la entidad, denunciaron que desde el semestre pasado han sido obligados a vender los libros y si en dado caso, los jóvenes deciden no hacer esa compra, los directivos, administrativos y docentes, tienen que poner el dinero, afectando la economía de los maestros, quienes reciben su pago por hora.

Aunque en reunión con padres de familia, decidieron no hacer la compra de libros, sustentada con acta, las autoridades superiores han hecho caso omiso y obligan a depositar el dinero de los paquetes de libros, cuyos precios oscilan entre $420 (segundo semestre), $360 (cuarto semestre) y $300 (sexto semestre).

Por lo que los maestros de dicha institución, hacen un llamado al gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas para que ponga un alto a los atropellos que se vive actualmente en Cobach, y realicen una auditoría, ya que docentes detectaron en la constancia de retención fiscal del ejercicio 2022, cantidades infladas a favor del patrón, situación que les preocupa.

Finalmente, señalaron que de no resolverse dicha situación se irán a paro laboral, impidiendo que inicie el semestre el próximo 13 de febrero.

Integrantes de el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció que la dilación y el burocratismo de autoridades federales impiden el acceso a la justicia para Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

A través de un documento exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  que no se conduzca con dilación y burocratismo, que notifique de forma inmediata el fallo a favor de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya a las instancias e instituciones respectivas.

"La Suprema Corte emitió un fallo a favor de los revolucionarios el 10 de agosto del presente, sin embargo, aún no notifica al Tribunal Colegiado de la Federación para que éste a su vez, pueda notificar a las instancias e instituciones competentes e involucradas para la búsqueda y presentación con vida de Gabriel y Edmundo".

Destacaron que el caso de desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya ejemplifica la política de gobierno para la impartición de justicia en el país, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia a favor de las víctimas y sus familiares van 19 días de dilación para la notificación a las instancias responsables de ejecutar dicha sentencia.

Aseguraron que por la gravedad de este crimen; familiares de Gabriel y Edmundo, organizaciones populares y organizaciones de derechos humanos se mantendrán en el plantón frente a la SCJN para exigir al gobierno federal cumpla el compromiso de garantizar el acceso a la justicia para los miles de detenidos desaparecidos.

Y de manera particular se garantice el cumplimiento de la sentencia emitida sobre el caso de desaparición forzada de ambos revolucionarios, para que sus familiares conozcan y den con el paradero de cada una de las víctimas.

"Le corresponde al gobierno federal exhortar a la SCJN para que agilice el engrose y proceso burocrático en la sentencia emitida el 10 de agosto", acotaron.