San Cristobal de Las Casas, Chiapas, 6 de agosto de 2025 — Más de 60 organizaciones de la sociedad civil, colectivos y defensores de derechos humanos manifestaron su profunda preocupación por la detención del activista Luis García Villagrán, ocurrida el 5 de agosto en Tapachula, Chiapas, en un contexto de creciente criminalización hacia quienes acompañan y defienden a personas migrantes en la frontera sur de México.
Luis García Villagrán, reconocido defensor de derechos de la población migrante y beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos desde 2019, fue trasladado a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las organizaciones advierten que este acto se inserta en un patrón sistemático de represión en medio del endurecimiento global de las políticas migratorias.
Diversos organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatorías especiales de la ONU, han reiterado que los ataques contra personas defensoras no solo violan sus derechos fundamentales, sino que también debilitan su labor esencial y dejan en situación de mayor vulnerabilidad a las poblaciones que acompañan.
En un pronunciamiento conjunto, los firmantes exigieron que se respete el debido proceso y la integridad de García Villagrán. Además, criticaron las declaraciones emitidas durante la conferencia presidencial del 6 de agosto, las cuales, aseguran, vulneran el principio de presunción de inocencia.
Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes y el Servicio Jesuita a Refugiados México, subrayan que la labor de defensa no debe ser criminalizada, sino reconocida como una pieza clave en la garantía de derechos y la justicia social.
El caso de García Villagrán se suma a una serie de hostigamientos documentados en Chiapas, lo que refleja una constante persecución contra quienes denuncian violaciones y acompañan a migrantes en su tránsito por México, particularmente en la frontera sur, donde se concentra una fuerte presión migratoria.
Frente a este panorama, las organizaciones nacionales e internacionales reiteraron su respaldo al defensor y llamaron a las autoridades mexicanas a cesar toda forma de criminalización, garantizar su seguridad y reconocer públicamente la legitimidad de su trabajo en favor de los derechos humanos.
