El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la 69ª Legislatura, Ismael Brito Mazariegos, presentó su renuncia al Congreso del Estado, en un gesto que podría interpretarse como una señal de alejamiento de las dinámicas políticas tradicionales que han marcado la historia reciente de Chiapas.

Brito Mazariegos, quien durante su gestión ha sido parte de un sistema político profundamente marcado por la corrupción y los intereses de las élites económicas, decidió dar un paso atrás en su carrera política tras una reunión con el gobernador Eduardo Ramírez, en la que destacó la "empatía y sensibilidad" del mandatario ante sus problemas de salud.

"Fue un honor escuchar sus enriquecedoras experiencias de vida y conocer su firme compromiso con el bienestar de Chiapas", escribió el legislador en sus redes sociales, una frase que puede verse como un intento de justificar su salida a través de una narrativa que busca apelar a la buena voluntad del poder institucional.

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Sin embargo, su mensaje de agradecimiento no se limita a Ramírez, sino que también menciona a otros actores políticos como el presidente del Congreso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Guillén Guillén, con quienes, según él, compartió "una amena y enriquecedora charla".

Este tipo de declaraciones, por más que intenten dar una imagen de cordialidad política, no logran ocultar las profundas contradicciones que existen entre los discursos de "compromiso con el pueblo" y las decisiones tomadas dentro de un Congreso que, como muchos otros, sigue estando alejado de las verdaderas necesidades de la ciudadanía. La renuncia de Brito Mazariegos es un recordatorio más de cómo los políticos, una vez que no pueden o no quieren seguir alimentando el sistema que los apoya, optan por retirarse de manera diplomática, dejando intactas las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad.

Chiapas.– La situación es desesperante en los Altos de Chiapas. Más de 3,400 personas, entre mujeres, niños y ancianos, se han visto forzadas a abandonar sus hogares tras una emergencia humanitaria que ha afectado gravemente a las comunidades de Pantelhó y Chenalhó. Las autoridades están en alerta máxima ante este desplazamiento masivo, que está dejando a miles de personas sin refugio ni recursos.

Las comunidades de San José Tercero, San Francisco, El Roblar y la cabecera municipal de Pantelhó, entre otras, han sido evacuadas de forma precipitada. En total, miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y desplazarse hacia zonas más seguras, buscando refugio ante la grave incertidumbre que los rodea.

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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el IPRI han emitido un llamado urgente para que se actúe de inmediato, exigiendo que se garantice la protección integral de las víctimas y se les ofrezca el apoyo necesario, conforme a la Ley Estatal sobre Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas. Las organizaciones también piden la desarticulación de grupos que afectan la estabilidad de la región y que el gobierno garantice una solución real y efectiva.

Los pueblos indígenas de la región están a la espera de respuestas concretas de las autoridades, que aún no han cumplido con sus promesas de apoyo, mientras enfrentan esta crisis sin precedentes que los deja vulnerables a una incertidumbre total.