La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza el doctor y piloto aviador Óscar Alberto Aparicio Avendaño a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Policía Estatal Preventiva (PEP), Vial Preventiva y de Turismo, Fuerza Ciudadana y la Policia de Caminos, custodian la paquetería para el proceso electoral 2025 en el municipio de Oxchuc, Chiapas, en coordinación con el Instituto de Elección y Participación Ciudadana (IEPC).

Como parte de los acuerdos firmados en convenio de colaboración entre los titulares de ambas dependencias en el mes de enero, elementos de seguridad, resguardan y trasladan la paquetería electoral de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez al municipio de Oxhuc, para las elecciones municipales este mes de febrero.

Esta colaboración es con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de las elecciones extraordinarias en este municipio de la región Altos de Chiapas, antes, durante y después del ejercicio democrático, aunado al proceso de brindar seguridad pública para resguardar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía.

La SSP a cargo del titular Óscar Alberto Aparicio Avendaño busca contribuir a la democracia con transparencia y legitimidad para el desarrollo y gobernabilidad del pueblo de Oxchuc, como lo dejó establecido ante el IEPC, durante la firma de convenio en el mes de enero para brindar custodia de la paquetería electoral del año 2025.  

Esta custodia significa que su traslado y resguardo con el máximo nivel de seguridad busca evitar cualquier incidente que pueda comprometer la integridad del proceso electoral con la finalidad de garantizar la integridad y la transparencia del proceso.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso del Ejecutivo estatal que lidera Eduardo Ramírez, de establecer las condiciones necesarias de seguridad para el desarrollo de los procesos electorales en el estado de Chiapas.

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. Fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional requirente, para que se determine su situación jurídica

La Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de José “N”, por el delito de responsabilidad médica y técnica, cometido en agravio de María “N”, por hechos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima se sometió a una cirugía de cesárea y fue atendida por la persona detenida; sin embargo, presentó complicaciones posteriores a la cirugía y fue trasladada al Hospital Regional “Doctor Rafael Pascasio Gamboa”, en donde los médicos le informaron al familiar, que le habían realizado una mala cirugía y que su vida corría peligro.

Derivado de ello, la víctima resultó con severos daños motrices, sensoriales y daño cerebral permanente.

La persona aprehendida fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional requirente, para que se determine su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar Cero Impunidad.

El retorno forzoso de miles de chiapanecos desde Estados Unidos es un desafío que, lejos de ser circunstancial, plantea un panorama de crisis social, económica y humanitaria en el estado de Chiapas y, por extensión, en todo México. La interrogante central es: ¿qué futuro les espera a estos ciudadanos retornados que, tras ser deportados, regresan a un territorio donde las condiciones de vida distan de ser favorables?

Uno de los primeros y más urgentes problemas que enfrentarán los deportados será la búsqueda de empleo. En un estado como Chiapas, donde las oportunidades laborales son ya limitadas, la situación se complica aún más. La falta de infraestructura económica adecuada y de un mercado laboral que ofrezca posibilidades reales de empleo coloca a los chiapanecos retornados en una posición vulnerable, pues se verán obligados a competir por puestos de trabajo que no cumplen con las condiciones mínimas para una vida digna.

A este desafío se suman las condiciones de salud de muchos de los deportados. Los retornados no solo enfrentarán la escasez de empleo, sino también la necesidad de atención médica. La infraestructura sanitaria en Chiapas, con sus carencias estructurales y operativas, no está preparada para absorber el volumen de necesidades de salud que se generarán. La falta de medicamentos, equipos médicos obsoletos y personal insuficiente hará que los deportados enfrenten condiciones sanitarias precarias. De esta manera, se verán en la obligación de recurrir a sus propios ahorros, si es que lograron acumularlos, para atender sus enfermedades.

La adaptación a una nueva vida en Chiapas implicará también desafíos en áreas como la vivienda, la educación y la integración familiar. Los retornados deberán enfrentarse a un entorno de escasos recursos en el que el acceso a servicios básicos será limitado, lo que incrementará aún más las tensiones sociales en un estado que ya enfrenta altos índices de pobreza. A su vez, este escenario generará presiones adicionales sobre los gobiernos municipales, estatales y federales, que hasta la fecha no han mostrado una capacidad adecuada para gestionar este flujo masivo de deportados.

El fenómeno migratorio, que ha forzado a miles de mexicanos a emigrar, también está produciendo efectos de gran alcance. Millones de pesos llegan al país en remesas enviadas por nuestros connacionales, pero estos recursos no son suficientes para resolver las profundas desigualdades sociales y económicas que enfrentan muchas regiones de México. Es evidente que los flujos migratorios y las remesas no pueden ser la solución a largo plazo para una economía que no ha logrado generar las condiciones de desarrollo necesarias en sus territorios.

En este contexto, la falta de una estrategia gubernamental integral para atender la problemática de la migración forzada es alarmante. Los discursos superficiales, los esfuerzos aislados y las promesas de ayuda inmediata no son suficientes para resolver los problemas estructurales que han llevado a la migración masiva, ni para mitigar los efectos de la deportación de miles de ciudadanos que regresan a un país que no está preparado para recibirlos. Sin una respuesta coherente y coordinada, los efectos sociales, económicos y políticos de esta crisis continuarán profundizándose.

Es imperativo que los gobiernos, tanto a nivel federal como estatal, adopten una postura más proactiva y estratégica ante la crisis migratoria que ya está en marcha. No solo se necesita atención inmediata para los deportados, sino una visión de largo plazo que impulse reformas estructurales en áreas clave como el empleo, la salud, la vivienda y la educación, con el fin de evitar que la situación se convierta en una bomba de tiempo que afecte a las futuras generaciones.

De no tomarse acciones decisivas, el costo social y económico será irreversible y tendrá repercusiones que irán más allá de Chiapas. El regreso forzoso de nuestros connacionales no debe ser visto como un hecho aislado, sino como una oportunidad para repensar el modelo de desarrollo en México y adoptar políticas públicas que garanticen una verdadera inclusión social y económica.

San Cristóbal de Las Casas, 20 de febrero de 2025.- La Dirección de Policía y Tránsito Municipal de San Cristóbal de Las Casas llevó a cabo, el día de ayer, una operación de retiro de estructuras metálicas que obstruían el paso en la Calle General Utrilla, una de las principales arterias de la ciudad. Esta calle conecta con el Mercadito 2 y la zona de José Castillo Tielemans, áreas de gran afluencia tanto para peatones como para vehículos.

La medida forma parte de un esfuerzo integral para el ordenamiento urbano y la recuperación de espacios públicos, un compromiso de la administración local con la mejora de las condiciones de tránsito y la seguridad en la ciudad. La decisión responde a una histórica demanda de los habitantes, quienes manifestaron las dificultades que presentaba la circulación en la zona debido a la presencia de estas estructuras metálicas.

El retiro de las obstrucciones busca restablecer el libre flujo vehicular y peatonal, mejorando la conectividad y reduciendo los riesgos tanto para conductores como para transeúntes. Esta intervención fue previamente anunciada a los comerciantes que ocupaban las áreas afectadas, quienes recibieron un plazo de 72 horas para desocupar las zonas correspondientes.

Las autoridades municipales señalaron que la liberación de esta vía es parte de un plan más amplio para equilibrar las necesidades comerciales con el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un entorno seguro y accesible. Se espera que, con esta acción, se logre un tránsito más fluido y una mayor seguridad en la zona, beneficiando a los habitantes y a quienes visitan el mercado a diario.

El proyecto de ordenamiento urbano continúa siendo una prioridad para la administración municipal, que ha reiterado su compromiso con la mejora de la infraestructura y la calidad de vida de los habitantes de San Cristóbal de Las Casas.