·         Marco Cancino es un miedoso que no da la cara a la ciudadanía por temor a las protestas sociales, aseguró la regidora Laura Alejandra García García

 Luego de una sesión de Cabildo a puerta cerrada y sin previa convocatoria donde se aprobara por mayoría del Cabildo un nuevo Reglamento Interior del Ayuntamiento Municipal, la regidora Laura Alejandra García García, lamentó que sus demás compañeros regidores se hayan prestado a los intereses del presidente Marco Antonio Cancino González, que contraviene a la ley orgánica municipal de Chiapas y porque por ende también vulnera los derechos de la ciudadanía.

Entrevistada en una estación de radio, la funcionaria evidenció que "Marco Cancino es un miedoso, que no da la cara a la ciudadanía por temor a las protestas sociales" y que por esa razón realiza las sesiones a puerta cerrada y a espaldas del pueblo".

García García expuso que ella solicitó por escrito que la reunión de Cabildo se efectuara de manera pública a fin de escuchar las diversas voces ciudadanas ya que dicho tema correspondiente al reglamento era de interés social.

Mencionó que de igual manera, mediante un escrito enviado la semana pasada a los integrantes del Cabildo les solicitó votar en contra del reglamento dado a que estaba elaborado  "a conveniencia y capricho del presidente municipal".

Dijo que es desafortunado que Cancino González cuente con el apoyo de la mayoría de regidores y que ella sola no pueda hacer frente a las ilegalidades con las que se desempeña, al tiempo de recalcar que lo único que le quedaba, "era denunciar públicamente a Cancino González para que la ciudadanía se dé cuenta de que calaña es su presidente". 

"Es un reglamento hecho a modo, las modificaciones que le realizaron aparentan beneficiar a la ciudadanía pero es todo lo contrario", concluyó la regidora del partido Chiapas Unido durante la entrevista radiofónica.

·         Si a través de Profeco, no se llega a ningún consenso, agotan el tema a través de un juicio oral mercantil o el juicio ordinario mercantil comentó Elvira Chávez Maldonado

 La asesora jurídica federal del Instituto Federal de Defensoría Pública con adscripción en San Cristóbal de Las Casas, Elvira Chávez Maldonado, aseguró que las quejas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son turnadas primero ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y como última instancia ante un juicio.

“La Comisión Federal de Electricidad han aumentado las tarifas y consecuentemente veo   que no es equilibrada la forma en que cobra los kilowatts hora, en unos cobra por poner un ejemplo 100 pesos y en otro 500, por el mismo uso que se le da. En San Cristóbal de Las Casas, cuando es una denuncia contra la CFE, nos ha autorizado la única adscripción que se pueda acudir ante la Profeco para poder hacer verificaciones y se vea la situación con los usuarios”, mencionó.

En entrevista, aseveró que si a través de Profeco  no se llega a ningún consenso, agotan el tema a través de un juicio oral mercantil o el juicio ordinario mercantil.

Chávez Maldonado apuntó que la gran mayoría de casos con la CFE por los cobros altos, se han concluido con la Profeco, ya que se realizan verificaciones y los ajustes respectivos “y ha bajado el consumo de las personas”.

“En aquellos casos en que  no se acuda a la Profeco y no se llegue a ningún arreglo o están inconformes en la forma en que se está  facturando y determinando sus kilowatts hora y  se detecta que es irregular la forma en que están actuando, entonces tendríamos que  agotar el juicio correspondiente”, abundó.

Chávez Maldonado llamó a todas aquellas personas que tengan multas de la Policía Federal,de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, militares que hayan causado baja dentro del servicio, o las personas pensionadas del Issste que quieran nivelar su pensión, acudan a las oficinas de esta ciudad para ser atendidos.

Finalmente, reveló que las oficinas de la Defensoría se encuentran ubicadas en Diagonal Hermanos Paniagua, número 38 Bis, del Barrio de Fátima, con un horario de nueve de la mañana a tres de la tarde y de cuatro a seis de la tarde, donde laboran cinco personas, entre ellos dos asesores jurídicos federales, dos de personal de apoyo y una trabajadora social, además uno de ellos habla una lengua indígena y sirve como traductor en algunos casos.