La noche de este viernes personas desconocidas hirieron a un vigilante con arma de fuego en el barrio de Tlaxcala en la zona norte de San Cristóbal de Las Casas.

Los hechos se dieron a eso de las 20:30 horas, cuando el vigilante impidió un asalto que dos sujetos armados a bordo de una motocicleta pretendían realizar en un Oxxo ubicado en la Calzada Tlaxcala.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Policia Estatal Preventiva (PEP) y ministeriales quienes lograron detener a uno de los asaltantes, quién fue puesto a disposición del Ministerio Público en calidad de presentado.

Mientras que la persona herida fue trasladada al Hospital de las Culturas para su atención médica.

La mañana del sábado fue hallado el cuerpo de una persona del sexo masculino sin vida con señales de tortura, en el camino de terracería de una comunidad de San Cristóbal de Las Casas.

Habitantes de la Ranchería Guadalupe Shuncala, municipio de San Cristóbal de Las Casas, reportaron a las autoridades estatales el hallazgo de un hombre sin vida en uno de los predios de dicha localidad, el cual se encontraba cerca de un camino de terrecería que conduce hacia la Comunidad Los Pozos Municipio de Huixtán.

El cuerpo presentaba heridas provocadas por arma blanca punzo cortante con quemaduras en gran parte de su anatomía, así lo informó el secretario del Juzgado de Paz y Conciliación Indígena de la localidad.

Dentro de sus prendas de vestir le fue encontrada una tarjeta de Banamex y su  identificación oficial del INE, con la cual se identificó que respondía al nombre de Ruiz Córdova, originario de Ocosingo.

Hasta el lugar de los hechos arribaron diferentes cuerpos de seguridad y el fiscal del Ministerio Público, quien ordenó el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), para practicarle la necropsia ley.

“Avanzan las acciones en el municipio de Chalchihuitán en contra de los miles de desplazados, esa injusticia de los gobernantes del municipio es dirigido por el síndico municipal Hermelindo García Núñez con la aprobación de la presidenta municipal Margarita Díaz García”, informó Marcos Pérez Gómez, vocero de los desplazados.

Denunció que nuevamente autoridades y caciques de Chalchihuitán.m les destruyeron casas a diez familias desplazadas que se encuentran viviendo en campamentos.

“Nuestros compañeros fueron expulsados de sus propias comunidades desde hace mucho tiempo, por ser desplazados les destruyeron sus casas y quemaron lo que encontraron dentro de las viviendas de los desplazados, esta acción ha sido planeada por el síndico municipal en forma secreta con sus caciques de las comunidades, diciendo a su gente que deben decir que es usos y costumbres, que que es un acuerdo de la asamblea de la comunidad”, aseveró.

Así también recordó que en diciembre de 2018 comenzó la persecución encabezada por el actual síndico municipal Hermelindo García Núñez; “el síndico decía que los desplazados no tendrán derecho a obras sociales; que cada comunidad vea y determine que castigo les deben dar a los desplazados, podría ser cárcel y multa, así empezó a incitar a las comunidades en contra de los desplazados”.

Ante estos hechos se presentaron en la Fiscalía de Justicia Indígena a denunciar, "de repente ahí apareció el síndico y el fiscal, ahí aprovechó para hablar sobre este tema y nos metió a su oficina, pero el síndico manifestó que no sabe nada de la quema de casas y pertenencias de los desplazados”.

Manifestó que los campamentos de los desplazados son; k'analumtik, Jolk'ante'tik, Ch'enmut, Xixibtontik, Cruztón, Cruz K'ak'alnam, Barrio Pom, Vololch'ojon, Tulantik y P'ejelton; “en este último paraje los caciques vendieron 11 rotoplas y 12 comales para hacer totillas propiedad de los desplazados, y se repartieron el dinero por cada habitante del paraje, rotoplas y comales que había obsequiado la organización Cárita".

Finalmente Pérez Gómez agregó que la Policía Estatal Preventiva, la Policía Especializada, así como un ministerio público de la Fiscalía de Justicia Indígena acudieron al lugar para levantar un peritaje de los daños ocasionados, un censo de los afectados y se inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.