·         Ante amenazas de muerte y por temor de daños en su integridad, la familia se desplazó de manera forzada a San Cristóbal de Las Casas, donde actualmente sobreviven en condiciones inhumanas

 A cinco años del desplazamiento forzado de un grupo de 21 personas, la mayoría mujeres y niños, así como la desaparición forzada de un indígena, las autoridades federales mantienen en la vulnerabilidad los derechos de este grupo tzeltal de los Altos de Chiapas.

Desde hace cinco años, un grupo que ha crecido ahora a 21 personas, se mantienen en un albergue improvisado esperando que las autoridades  gestionen su retorno al poblado de Banavil, municipio de Tenejapa, de donde fueron expulsados y donde también sufrieron la desaparición de Alonso López Luna.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (Frayba) documentó en abril de 2012 que la familia de Alonso López Girón, tuvo que salir de su casa por las agresiones de integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la misma comunidad de Banavil, esto el 4 de diciembre de 2011.

En aquella ocasión, cerca de 50 personas con palos y armas de fuego rodearon el lugar y sacaron a golpes a Alonso López Luna, de quien se desconoce su paradero. Ese mismo día, Lorenzo López Girón recibió un primer disparo del lado derecho del pecho y luego otro proyectil a la altura de la ingle, por lo cual fue trasladado al hospital de Las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, donde fue detenido con la acusación de lesiones calificadas.

Ante amenazas de muerte y por temor de daños en su integridad, la familia se desplazó de manera forzada a San Cristóbal de Las Casas, donde actualmente sobreviven en condiciones inhumanas y precarias, sin posibilidades de rehacer su proyecto de vida ni los medios necesarios para el sustento diario.

Este centro señaló que ha realizado constantes intervenciones públicas y privadas ante distintas instancias de los gobiernos de Chiapas y Federal, para exigir se atiendan las demandas de las familias desplazadas forzadas de la comunidad de Banavil.

El caso de Javier Duarte es inquietante. Mueve el discurso que ha soltado el presidente del PRI Enrique Ochoa Reza en cuanto el combate a la corrupción de los gobiernos no sólo de su partido, sino de todos los partidos.

            Se entiende el activismo de Ochoa Reza que después de cobrador de la luz en CFE pasó a un dinámico y temerario dirigente partidista.  Y se entiende porque el PRI está súper urgido de recobrar la confianza y la simpatía de la gente cuando el país entra a la antesala del proceso electoral del 2018 que desde ya se ve peliagudo.

            Duarte es el jugoso cebo del PRI. Con Duarte el PRI tiene una posibilidad oronda de resurgir de las cenizas a donde lo mandó el reciente proceso electoral. Así que exigir que Duarte vaya tras las rejas es sin duda el mejor activo político que tiene el tricolor en estos momentos. Al PRI le conviene que Duarte esté en la cárcel como ganancia política con miras al 2018.

            Pero más allá del inusual dinamismo de Ochoa Reza que demuestra porqué el presidente Peña le confió a él la dirigencia de su partido, el caso Duarte tiene connotaciones políticas y sociales graves que se tienen qué desgranar.

            La corrupción en este país es un fenómeno íntimamente ligado al poder y al ejercicio público.

Si bien la corrupción es el mayor problema que tiene que enfrentar América Latina, el asunto en México se torna alarmante porque su economía se supone más avanzada que sus pares latinos. Es decir, a mayor crecimiento mayor corrupción y más corruptos en todas las escalas.

            El crimen organizado ocupa el primer lugar en México y está arriba de cualquier otra nación de la región lo cual, sin duda, también es hartamente preocupante.

            Los escándalos de corrupción de Cristina Fernández en Argentina o los sobornos y su posterior encarcelamiento de Otto Pérez Molina en Guatemala, son grotescos ejemplos, como el de Javier Duarte, de la pudrición que asfixia al ejercicio del poder y la política en América Latina.

            Con Duarte en Veracruz los mexicanos nos hemos quedado estupefactos y horrorizados. Es una película de terror que incluso arrastra a personajes chiapanecos como Antonio Macías, el tal Toni Macías, y que nos advierte que es necesario recomponer las cosas en este  país so pena de que se nos haga pedazos en las manos.

            Muchos Duarte andan sueltos en México porque tristemente la corrupción es un tentáculo de mil cabezas que manosea a todos los niveles de la sociedad.

            La corrupción es un mal que se ha enraizado cada vez más en las estructuras del país. Aún podemos, sin embargo, evitar que siga avanzando conformando una sociedad más activa y participativa, vigilando a quienes son nuestros empleados (los funcionarios) y dando buenos ejemplos desde el hogar.

            ¿Es difícil? Sí, pero debemos entender que si no lo hacemos, si no empezamos ya, este país caerá irremediablemente a ese espantoso precipicio.

·         Las sanciones por 402.27 millones de pesos contra los partidos políticos derivan de las omisiones e irregularidades halladas en la fiscalización de sus informes correspondientes a 2015

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones por 402.27 millones de pesos contra partidos políticos, derivadas de omisiones e irregularidades encontradas en la fiscalización de sus informes correspondientes al ejercicio 2015.

El anteproyecto proponía multas por 520 millones de pesos: 142 millones de pesos para los comités ejecutivos nacionales, 369 millones de pesos para sus representaciones estatales y nueve millones para las representaciones políticas con registro local.

Bajo criterios, métodos y procedimientos de auditoría homogéneos, la Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización del INE, revisaron 12 mil nueve millones de pesos por concepto de ingresos y 11 mil 161 millones de egresos que las fuerzas políticas nacionales registraron en este periodo.

Durante la discusión del punto, el pleno del INE aprobó una reducción de 118 millones de pesos para todos los partidos políticos, con lo que la multa más alta, la del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pasó de 122 millones 715 mil 337.48 pesos a 117 millones 900 mil pesos.

La del Partido Acción Nacional (PAN) se redujo de 91 millones 514 mil 716.96 pesos a 50 millones 48 mil pesos; del Revolucionario Institucional (PRI), de 88 millones 643 mil 484.70 pesos a 50 millones 220 mil pesos; la del Partido del Trabajo (PT) de 58 millones 193 mil 920.03 a 47 millones 500 mil pesos.

A su vez, el Partido Verde fue multado con 21 millones 340 mil pesos en lugar de los 25 millones 129 mil 225.33 pesos; Movimiento Ciudadano con 20 millones 280 mil pesos en lugar de 30 millones 810 mil 244.87 pesos, Nueva Alianza fue sancionado con a nueve millones 390 mil pesos, en lugar de los 11 millones 211 mil 850.26 pesos previstos.

Por último, la sanción al partido Morena se ubicó en 47 millones 990 mil pesos contra los 52 millones 458 mil 368.14 pesos y Encuentro Social, pasó de 30 millones 556 mil 539.56 pesos a 30 millones 180 mil pesos.

El consejero electoral Ciro Murayama Rendón explicó que con la pérdida de su registro, el Partido Humanista, si bien se le amonesta, lo cierto es que “los recursos que quedan se utilicen en primer lugar para pagar a sus trabajadores y proveedores”.

De tal suerte que “ya no tiene caso que nosotros le impongamos una sanción dado que no hay financiamiento público que descontarle, porque ya el partido no existe”, expuso.

A su vez, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, refirió que las atribuciones de fiscalización del INE, no tienen fines persecutorios, sino que constituyen una herramienta para hacer transparente la competencia electoral y contribuir a la rendición de cuentas de los partidos políticos, como instituciones centrales de la vida democrática del país.

Refirió que las reglas que se tienen en materia de fiscalización, “no han eliminado dicha tensión, pero han servido para acotar la influencia del dinero, evitar que ésta distorsione los resortes del pluralismo”.

También han servido para estandarizar los criterios con los que la autoridad electoral revisa los dineros utilizados por los partidos políticos en actividades permanentes específicas y de campaña.

Revisar cuánto gastan, de qué fuentes proviene el dinero que reciben y cómo ejercen los recursos los partidos políticos, es la forma establecida por la legislación, para regular la inevitable tensión que genera la difícil relación en las democracias, del dinero invertido en la política”, dijo.

Córdova Vianello expresó que los 10 partidos políticos nacionales, sujetos de esta revisión, y los 32 partidos políticos locales con registro ejercieron en 2015 poco más de 12 mil 218 millones de pesos en actividades permanentes.

De ellos, “en números gruesos”, 60 por ciento corresponde a financiamiento público y el resto a financiamiento de origen privado.

A su vez, el consejero electoral Enrique Andrade González señaló que los dictámenes de fiscalización son el resultado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de partidos políticos nacionales y de los partidos políticos locales, correspondientes al ejercicio de 2015 y sus correspondientes proyectos de resolución.

Se revisaron 12 mil nueve millones de pesos de ingresos y 11 mil 161 millones de pesos de gastos”, informó el también presidente de la Comisión de Fiscalización del INE.

Andrade González destacó que entre las principales observaciones encontradas en la fiscalización del gasto en 2015 se refieren a falta de comprobación en los gastos, a falta de reporte de ingreso y gasto, a no destinar el recurso correspondiente a actividades específicas y a destinar algunos gastos a objetos no partidistas.

Adelantó que “se está planteando, asimismo, abrir procedimientos oficiosos para algunos temas específicos, a efecto de que la unidad tenga mayor información para poder determinar las observaciones correspondientes, en su caso”.

Entre ellas, las aportaciones de militantes, “mismas que se aplican estas decisiones a todas las observaciones por estas conductas, en todos los dictámenes, sin considerar, por supuesto, de forma diferenciada, a algún partido político”.