Salto de Agua, Chiapas.- En un hecho histórico para el desarrollo de Chiapas, el gobernador constitucional del estado, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, dará este mes el banderazo oficial de inicio a los trabajos de construcción de la autopista Palenque–San Cristóbal de Las Casas, una de las obras de infraestructura más esperadas en la entidad.

El evento, que tendrá lugar en el municipio de Salto de Agua, reunirá a todo el gabinete estatal y a presidentes municipales de las distintas regiones de Chiapas, quienes atestiguarán este momento significativo para la conectividad y el crecimiento económico del estado.

Esta magna obra representa no solo un avance en términos de comunicación terrestre, sino también un símbolo de compromiso con el desarrollo del sureste mexicano. Tras más de 25 años de espera y el paso de cuatro administraciones estatales, finalmente se inicia la construcción de esta vía que unirá dos polos turísticos y culturales de enorme relevancia para México.

A un año de la elección de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, el arranque de esta autopista se perfila como un parteaguas para el estado, marcando el inicio de una nueva etapa de transformación en Chiapas.

Con este paso, la administración de Ramírez Aguilar consolida uno de los proyectos más ambiciosos de infraestructura en la entidad, con una visión de largo plazo orientada al desarrollo regional, la seguridad vial y la atracción de inversiones.

Francisco Ramírez Galindo, exintegrante de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, acusa abusos, encubrimientos y colusión criminal al interior del grupo.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Francisco Ramírez Galindo, exmilitar y exmiembro de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), denunció públicamente una serie de presuntas irregularidades graves dentro de este grupo de élite de seguridad en Chiapas, al que se integró con la intención de servir al estado, pero del que asegura haber salido decepcionado por la corrupción sistemática que presenció.

En declaraciones difundidas a medios y redes sociales, Ramírez acusa al comandante Lemus Vidal José Carlos de liderar el cuerpo en estado de ebriedad, encubrir delitos cometidos por integrantes de la corporación y proteger a personas con órdenes de aprehensión. Entre los casos señalados, destaca un presunto incidente en el que dos jóvenes fueron atropellados por elementos de la FRIP, quienes luego habrían sembrado drogas en la escena para deslindarse de responsabilidades.

El denunciante también expone casos de robo de combustible, uso indebido de recursos públicos, e incluso la permisividad de intentos de abuso sexual por parte del chofer del comandante. Asegura que estas prácticas no son excepcionales, sino parte de una estructura que opera con total impunidad.

Ramírez hizo un llamado directo al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y al secretario de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño, para que se investigue y depure a la FRIP. Según afirma, la corrupción dentro de esta corporación no solo afecta a la ciudadanía, sino que también facilita actividades del crimen organizado, incluyendo el tráfico de drogas e indocumentados hacia Estados Unidos.

Pese al riesgo que implican sus denuncias, Ramírez Galindo ha revelado su identidad y asegura contar con más pruebas que respaldan sus acusaciones. “No me voy a quedar callado. Esto tiene que saberse, por la seguridad de Chiapas y de México”, declaró.

La reciente denuncia de Francisco Ramírez Galindo, exmilitar y exmiembro de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en Chiapas, no debería pasar desapercibida. Al contrario: debería sacudir a las instituciones, encender focos rojos en el gobierno estatal y provocar una reacción inmediata. Lo que Ramírez revela no es menor: corrupción, abuso de poder, colusión con el crimen organizado y un sistema que opera más para proteger a delincuentes que para garantizar la seguridad ciudadana.

El testimonio es perturbador. Habla de mandos que dan órdenes bajo los efectos del alcohol, de intentos de abuso sexual encubiertos, de atropellos a jóvenes inocentes a quienes después se les “siembran” drogas para justificar el uso excesivo de la fuerza. Habla, en resumen, de una estructura podrida desde dentro, en la que el uniforme se convierte en escudo para delinquir y la jerarquía en una red de complicidades.

Más preocupante aún es la normalización del silencio. Que alguien como Ramírez Galindo se atreva a hablar, a poner su nombre y su rostro en una denuncia pública, solo evidencia el nivel de desesperación y frustración que reina dentro de una corporación donde los buenos elementos —si los hay— prefieren callar o marcharse.

¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde el secretario de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño? ¿Dónde el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar? ¿Hasta cuándo se permitirá que cuerpos de “élite” operen como brazos armados del crimen, con recursos públicos y bajo el amparo del Estado?

Chiapas no merece una policía corrupta. México no puede seguir tolerando instituciones que alimentan la violencia que dicen combatir. La denuncia de Ramírez no debe ser vista como una anécdota ni como una venganza personal: es un grito de auxilio y una demanda urgente de justicia. Y quienes hoy están en el poder, si de verdad quieren gobernar con dignidad, deben escuchar.

Porque cuando el uniforme deja de proteger al pueblo y empieza a proteger al crimen, lo que está en juego ya no es solo la seguridad: es la democracia misma.