• Les aseguran dos rifles, narcóticos, 4 motocicletas y otros artículos

Como parte de los operativos y acciones de investigación que se realizan en el municipio de Cintalapa de Figueroa, el Grupo Interinstitucional, conformado por la Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Grupo de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Guardia Nacional y Guardia Estatal Preventiva, detuvieron en flagrancia a nueve personas, como presuntos responsables del delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con la variante de posesión con fines de comercio del narcótico conocido como marihuana y metanfetamina.

Lo anterior, por hechos ocurridos el 9 de enero de 2026, en el camino de terracería que conduce de Cintalapa de Figueroa al ejido Abelardo L. Rodríguez, del municipio de Cintalapa.

Los elementos realizaban recorridos preventivos de combate a los delitos de alto impacto en el municipio de Jiquipilas cuando recibieron el reporte de una denuncia donde alertaban la presencia de varias personas comercializando droga en varias motocicletas, por lo que los efectivos se trasladaron al lugar, deteniendo a Martín "N", de 24 años de edad; Rubicel "N", de 19 años; Sebastián "N", de 23 años, alias "El Chaparro"; Juan "N", de 46 años, alias "El Aguilillo"; Job "N", de 26 años, alias "Job"; Ley H. "N", de 18 años, alias "Halcón"; Raúl ",N", de 18 años, alias "Raúl"; Lleiber "N", de 47 años, alias "Flaco", y Edén "N", de 48 años.

Al realizarles una inspección se les aseguraron dos rifles calibre .22 milímetros, una gramera, un dron pequeño, cuatro motocicletas, tres gorras de un grupo criminal, un chaleco táctico, dos rodilleras, una codera, dos gorras de la Guardia Nacional, dos mariconeras pixeladas, una credencial y una licencia, así como cuatro bolsas con hierba verde con las características de la marihuana, 67 bolsitas con material granulado (cristal) y mil 220 pesos en efectivo.

Los imputados y aseguramientos fueron puestos a disposición del Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, quien determinará lo conducente.

La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar Cero Impunidad.

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- Por abuso de autoridad y contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Sally “N”, como presunta responsable de los delitos de abuso de autoridad y contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, cometido en agravio del erario municipal de Cintalapa de Figueroa.

El 7 de enero de 2026, presuntamente la inculpada, en su carácter de síndica municipal de Cintalapa, autorizó y permitió pagos con recursos públicos a policías municipales sin la certificación de control de confianza requerida, omitiendo denunciar, suspender los pagos o cesar la conducta ilícita, lo que resultó en un perjuicio al erario municipal y al Sistema Estatal de Seguridad Pública.

La indiciada fue puesta a disposición de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, que definirán su situación legal.

La Fiscalía General del Estado procura la paz y seguridad del pueblo, sin importar quién o quiénes cometan los delitos, serán presentados ante la justicia bajo la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad.

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La reciente detención de Yoel Alter, identificado por autoridades federales como integrante y operador de la secta Lev Tahor, vuelve a exhibir una realidad incómoda: la persistencia de estructuras criminales que operan durante años ante la mirada tardía o permisiva del Estado.

Alter es acusado de trata de personas y matrimonios forzados, delitos que, de acuerdo con las investigaciones, se cometían principalmente contra menores de edad, obligados a integrarse a un sistema de control absoluto bajo el disfraz de prácticas religiosas. No se trata de hechos aislados, sino de un modus operandi documentado internacionalmente, atribuido desde hace años a Lev Tahor.

La secta mantiene presencia en Chiapas al menos desde 2017, con reportes constantes de abusos, aislamiento, sometimiento de mujeres y niños, y el traslado irregular de personas entre países. En 2022, el rescate de 17 menores en las inmediaciones de Tapachula confirmó que las alertas no eran infundadas. Aun así, el grupo continuó operando.

El caso de Yoel Alter resulta especialmente inquietante porque ya había sido detenido en Guatemala, lo que plantea una pregunta inevitable:
¿por qué alguien señalado por delitos tan graves podía encontrarse en libertad y moviéndose en territorio mexicano?

La falta de una explicación clara por parte de las autoridades abre la puerta a sospechas de fallas en la cooperación internacional, vacíos legales o negligencia institucional. En cualquiera de los escenarios, el costo lo pagan siempre los mismos: los menores de edad.

La prisión preventiva dictada contra Alter es un paso necesario, pero insuficiente si no se acompaña de una revisión profunda sobre cómo y por qué Lev Tahor logró asentarse durante años en Chiapas, pese a antecedentes públicos, denuncias previas y rescates documentados.

Este caso no solo exige justicia penal. Exige también rendición de cuentas, porque cuando una red de abuso logra sobrevivir tanto tiempo, la responsabilidad no recae únicamente en sus líderes, sino también en quienes debieron impedirlo y no lo hicieron.