·         Sedatu acordó con 6 l municipios chiapanecos acciones y recursos para la operación de los subsidios del programa de infraestructura para ampliación o mejoramiento de vivienda

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicó el convenio de coordinación que celebró con seis municipios del estado de Chiapas, que permitirá la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de Infraestructura para ampliación o mejoramiento de la vivienda (Cuartos Rosas).

En la edición de este lunes del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Sedatu acordó con los municipios chiapanecos de Ángel Albino Corzo, Benemérito de las Américas, Berriozábal, Bochil, Frontera Comalapa e Ixtacomitán, acciones y recursos para la operación de los subsidios del programa de infraestructura para ampliación o mejoramiento de vivienda (Cuartos Rosas).

La dependencia federal indicó que el acuerdo dará prioridad a las zonas, municipios y localidades que concentran a la población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre; esto es, las personas en situación de pobreza alimentaria extrema.

Y que en la medida de sus posibilidades normativas, financieras y operativas; ajustarán su estrategia de cobertura para ampliar el acceso a los beneficios y la atención de las personas en pobreza alimentaria extrema, con base en la estimación de indicadores y el planteamiento de metas especialmente diseñadas para la población antes referida.

 El convenio publicado establece que la dependencia y los municipios de Chiapas se sujetarán a la normativa federal y local aplicable, a las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura, correspondientes al ejercicio fiscal 2016, y al Anexo Técnico de Ejecución de cada proyecto en la operación del subsidio de los programas de infraestructura.

También se convino que los subsidios federales y los recursos financieros locales aportados en el marco del subsidio de los programas de infraestructura, se ejercerán en las zonas de actuación para ampliación o mejoramiento de vivienda (Cuartos Rosas).

Las partes involucradas en el convenio de coordinación definieron que la instancia ejecutora del proyecto denominado "Cuartos Rosas", serán los municipios que deberán aplicar los recursos asignados en el marco del subsidio de los programas de infraestructura.

En opinión de Mariano Díaz Ochoa, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del estado, cada tres años hay nuevos ricos en la entidad, tras de que quienes fungieron como ediles se retiran con las manos llenas de dinero por los actos de corrupción que cometen.

En este sentido aceptó que la queja más sentida de la población es la impunidad con la que actúan aquellos funcionarios que se vuelven “millonarios” de la noche a la mañana. “No hay castigo para nadie. Hay mucha denuncia y lo más irónico es que cada tres años, éstos nuevos ricos en los ayuntamientos se burlan de la sociedad, pues saben que no se les hará nada”.

Durante una breve entrevista, el representante popular aseguró que existen reglas para hacer que los servidores públicos rindan cuentas del uso de presupuestos, empero, “adolecemos de la aplicación de las mismas y los legisladores tenemos la obligación de demandar que esta tarea se haga”.

Díaz Ochoa aceptó más adelante que no sólo hay administraciones municipales que faltan de entregar la cuenta pública del año pasado, sino incluso son varios los ediles que ya dejaron el cargo y que nunca transparentaron el uso del dinero en sus administraciones“, refirió.

Interrogado respecto a qué falla en la cadena de la legalidad, pues pese a la existencia de leyes anticorrupción e instancias encargadas de castigar a los culpables, no hay nadie encarcelado, aseguró que ello denota que dichas dependencias no sirven o no hacen su trabajo.

“Hay muchos ex-presidentes municipales que deben estar en la cárcel”, enfatizó y calificó como saludable que por ley el próximo 5 de mayo, todas las acciones para transparentar recursos por parte del Órgano de Fiscalización y la Contraloría del gobierno del estado, deben subirlas a sus portales web.

Al respecto enfatizó que con estas acciones la sociedad podrá enterrase porqué el alcalde de Teopisca no entregó su cuenta pública y cuánto dinero defraudó o el de Tenejapa que salió hace dos trienios y el cual nunca mostró en qué utilizó el presupuesto municipal.

En cuanto a las observaciones que hizo recientemente la Auditoría Superior de la Federación al gobierno del Chiapas sobre el manejo de recursos públicos en diversas áreas, el legislador consideró que éstas podrán ser solventadas. “No son acusaciones de corrupción, sino aclaraciones que deben hacer las dependencias para transparentar el uso del dinero”, dijo.

Miguel Agustín López Camacho, contralor general de Chiapas, aseguró que la entidad tiene todos los instrumentos para realizar actos de fiscalización para verificar el correcto uso de los recursos públicos y adelantó que a 21 meses de terminar la actual administración, se debe hacer otro tipo de auditorías.

“Nuestra presencia debe ser más enfocada a la prevención de actos de corrupción para entregar una administración limpia en tiempo y forma a quien vaya a gobernar el próximo sexenio. Ante ello desde ahora trabajamos para tener un cierre de administración ordenado, oportuno y veraz”, anotó.

Recordó que el último día del año pasado el Congreso del estado aprobó la Ley Anticorrupción con lo que la entidad dio un paso muy importante, pues de los 32 estados del país, únicamente dos (Nayarit y Chiapas) han dado cumplimiento con el Sistema Nacional del ramo.

Informó que una vez ejercida la nueva normatividad, se deben hallar los mecanismos y las bases para realizar las tareas del SEA (Sistema Estatal Anticorrupción), para empezar a operar el 18 de julio próximo, fecha designada previamente por la Federación.

“En este sentido es necesario que el Constituyente emita la convocatoria con la finalidad de hallar a siete ciudadanos que a su vez seleccionarán a cinco individuos para efectos de que éstos últimos formen parte de la Comisión Anticorrupción de Chiapas”, dijo.

Calificó la función de los ciudadanos citados como importante, pues serán quienes, en coordinación con el Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado, Secretaría de la Contraloría, Instituto de Acceso a la Información Pública, Fiscalía de Combate a la Corrupción, Tribunal de Justicia Administrativa y el Consejo de la Judicatura de Chiapas, auditen y verifiquen la transparencia de todos los integrantes de la administración pública estatal.

“El mecanismo fundamental de la Comisión es coordinar las acciones de todas las instancias referidas para prevenir, detectar y sancionar las prácticas apartadas de la ley. Todos los hechos no transparentes serán sometidos a consideración para efectos de emitir las sanciones correspondientes”, explicó.