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La Asimetría de la Justicia: Censura Exprés e Impunidad Sistémica en San Luis Potosí

La justicia penal en San Luis Potosí padece una alarmante distorsión en sus prioridades. Mientras la Fiscalía local demuestra una celeridad implacable para procesar y encarcelar a comunicadores bajo la controversial regulación de identidad digital, la gran mayoría de las víctimas de crímenes graves en el estado topan con un muro de ineficacia burocrática. Datos recientes de la plataforma de análisis México Evalúa sitúan a San Luis Potosí entre los estados con mayor rezago judicial en el país, registrando un índice de impunidad del 93.2% en la resolución de casos. Esta realidad evidencia un aparato de seguridad pública que castiga con rapidez la disidencia digital mientras permite que la delincuencia de alto impacto opere al margen de la ley. [1, 2]

Radiografía de la Impunidad: Cifras de la Desproporción

Para dimensionar el uso selectivo del castigo legal en el territorio potosino, resulta indispensable confrontar la urgencia política de los delitos de opinión frente al rezago estructural en crímenes de sangre y despojo:
  • Efectividad Institucional Mínima: De acuerdo con los indicadores consolidados por México Evalúa, la efectividad promedio del sistema de justicia potosino es de apenas el 6.8% en la resolución efectiva de carpetas de investigación, quedando muy por debajo de la media nacional. [1]
  • Violencia Organizada: Aunque informes oficiales del gobierno federal destacan disminuciones porcentuales en el promedio de homicidios dolosos, el Índice de Paz México ubica a San Luis Potosí con una de las calificaciones más desfavorables en delitos de la delincuencia organizada (4.792), multiplicando por tres la media nacional en este rubro. [1, 2]
  • El Filtro de la Cifra Negra: Organismos civiles reportan que solo 6 de cada 100 delitos cometidos en el estado llegan a ser investigados por las autoridades. De este pequeño porcentaje que ingresa al sistema, las tasas de impunidad específica rozan niveles absolutos, alcanzando un 99.9% de olvido judicial en el robo simple y más del 94% en feminicidios. [1]

La Alerta Internacional ante la Prisión Preventiva

El despliegue de la prisión preventiva justificada contra periodistas potosinos contraviene directamente los estándares fijados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Ambas instituciones internacionales han emitido fallos históricos exigiendo a México limitar de forma estricta el uso de la prisión preventiva, catalogándola como una medida convencional violatoria de la presunción de inocencia cuando se utiliza de manera punitiva o sistemática.
Aplicar el encierro inmediato y preventivo por alteraciones de video o audio mediante Inteligencia Artificial desvirtúa el principio penal de que la cárcel debe ser el último recurso del Estado. Cuando los recursos de investigación y el rigor penal se concentran en silenciar la parodia o la denuncia ciudadana, pero fallan en dar justicia al 93% de las víctimas de la criminalidad ordinaria, la ley deja de ser un instrumento de orden público para transformarse en un mecanismo de protección cupular. [1]
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Alerta por nueva modalidad de estafa: archivos HTML enviados por WhatsApp simulan comprobantes de pago

En los últimos días, especialistas en ciberseguridad han advertido sobre una creciente modalidad de fraude digital que circula a través de WhatsApp: el envío de archivos con extensión .html o .htm que aparentan ser comprobantes de pago, pero que en realidad buscan robar información personal o infectar dispositivos.

De acuerdo con los expertos, estos archivos funcionan como páginas web falsas que, al ser abiertas, pueden mostrar supuestos recibos bancarios o transferencias. Sin embargo, detrás de esta apariencia legítima se esconden intentos de phishing —una técnica utilizada para engañar a los usuarios y obtener datos confidenciales como contraseñas o números de tarjeta— e incluso la posible instalación de software malicioso.

“Los ciberdelincuentes aprovechan la confianza de los usuarios y la urgencia de los mensajes para que las personas abran estos archivos sin verificar su origen”, señalan analistas del sector.

Los mensajes suelen incluir frases como “te hice un pago, revisa el comprobante” o “confirma la transferencia”, acompañadas de un archivo adjunto. En muchos casos, el remitente es un número desconocido o una cuenta que ha sido previamente comprometida.

Entre las principales señales de alerta destacan nombres de archivos sospechosos como “comprobante_pago.html” o “transferencia.htm”, errores ortográficos en los mensajes y diseños poco profesionales dentro del archivo.

¿Qué hacer si ya abriste el archivo?

Las autoridades recomiendan actuar de inmediato para reducir riesgos:

  • No ingresar ningún dato personal ni bancario.

  • Cerrar el archivo de inmediato.

  • Eliminar el archivo y el mensaje de WhatsApp.

  • Ejecutar un análisis con antivirus en el dispositivo.

  • Cambiar contraseñas de servicios importantes, especialmente banca y correo electrónico.

  • Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas posibles.

Si se sospecha que se proporcionó información sensible, también se sugiere contactar al banco para alertar sobre posibles movimientos fraudulentos.

¿Cómo evitar caer en este tipo de estafas?

Para prevenir este tipo de fraudes, los especialistas recomiendan:

  • Desconfiar de archivos adjuntos inesperados, incluso si parecen oficiales.

  • Verificar directamente con la persona remitente por otro medio antes de abrir cualquier archivo.

  • Evitar descargar o abrir archivos con extensiones poco comunes en mensajería, como .html o .htm.

  • Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones.

  • Utilizar herramientas de seguridad como antivirus y filtros de phishing.

Este tipo de fraude pone de relieve la importancia de reforzar la educación digital y mantener prácticas seguras en el uso de aplicaciones de mensajería. La recomendación principal sigue siendo la prevención: desconfiar de archivos inesperados y verificar siempre su autenticidad.

La creciente sofisticación de estas estafas obliga a los usuarios a mantenerse informados y alerta ante nuevas amenazas en el entorno digital.

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GOLPE AL CRIMEN DIGITAL: SSP, FGE Y PODER JUDICIAL ACTÚAN CONTRA CUENTAS DIGITALES POR POSIBLES VÍNCULOS CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Chiapas, 19 de febrero de 2026.– Como resultado de la coordinación institucional entre la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial del Estado, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fueron inhabilitadas, en redes sociales, diversas páginas y cuentas digitales que operaban bajo las denominaciones de “Chiapas Crudo”, “Tabo Ruiz”, “Marino Militar” y “Lupita Álvarez Jiménez”, las cuales se encuentran bajo investigación.

 

Las investigaciones desarrolladas por la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo permitieron establecer líneas de análisis relacionadas con dichos espacios digitales, al identificarse indicios sobre su posible utilización como instrumentos para la difusión de contenidos que afectan el orden público y la seguridad.

 

Derivado de los actos de investigación y del análisis jurídico correspondiente, las autoridades competentes continúan con las diligencias correspondientes en contra de las o los administradores para el esclarecimiento de los hechos, con estricto apego al marco legal vigente.

 

Con estas acciones, el gobierno de la Nueva ERA fortalece su política firme para impedir que plataformas digitales sean utilizadas como herramientas al servicio de intereses ilícitos.

 

La Secretaría de Seguridad del Pueblo reitera que el uso de medios digitales para la comisión de conductas ilícitas, la manipulación informativa o la generación de narrativas vinculadas a posibles estructuras delictivas será investigado y, en su caso, sancionado conforme a derecho.

 

Así mismo se exhorta a la ciudadanía a conducirse con responsabilidad en el entorno digital, evitar la difusión de contenidos de origen ilícito y denunciar cualquier espacio o conducta en redes sociales que pudiera estar relacionada con actividades delictivas.

 

El Gobierno del Estado actuará con determinación, firmeza y estricto apego al marco jurídico.

 

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