La militarización no resuelve la crisis humanitaria por desplazamiento: Frayba

El Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", (Frayba), denunció que la militarización no resuelve la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en México.

A través de un comunicado indicó que a más de 100 días del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, persiste el riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán en Chiapas.

“La militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad, un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998”, aseveró.

Refirió que la presencia del ejército mexicano en las comunidades han significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía.

“El actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario del Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal, Abraham Cruz fue tesorero de Rosa Pérez Pérez, presidenta de Chenalhó quien reactivó a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región Altos, esto durante el gobierno de Manuel Velasco Coello”, aseguró el Frayba.

Así también recordó que la Base de Operaciones Mixtas (BOM) en la cabecera de Chalchihuitán en diciembre de 2017, no detuvo el asedio de grupos armados y tampoco garantizó ayuda humanitaria integral a las 5 mil 266 personas víctimas de desplazamiento forzado de 9 comunidades de Chalchihuitán y una de Chenalhó.

"El 1 de mayo de 2018 se instaló una BOM en Saclum pero persistieron las agresiones con armas de fuego, 17 de las 22 personas asesinadas de Santa Martha y 2 de las 5 personas asesinadas de Aldama fueron en ataques posteriores a la instalación de elementos policiacos y militares en la zona, lo anterior, con la omisión de militares de la VII Región Militar al mando del Comandante Carlos Ramón Carrillo del Villar", mencionó.

Destacó que el 23 de enero de 2019 se instaló una BOM, en la comunidad de Coco, en el municipio de Aldama, en donde los soldados de la VII Región Militar son los responsables de garantizar la seguridad a la población de Aldama y Santa Martha, esta medida "disuasiva" también fracasó, las fotografías de militares en el paisaje campesino denota una zona de guerra en un país que se dice “democrático.”

“La población más vulnerable en medio de la crisis humanitaria por conflictos administrados por el Estado mexicano, son las mujeres con sus hijos e hijas; en desplazamiento forzado, sin atención médica, sin acceso a la escuela, sin alimentación adecuada, bajo la amenaza de disparos cuando transitan por los senderos o incluso en su casa, el 16 de enero de 2019, Apolonia Santíz López, fue herida cuando se encontraba en su patio, en la comunidad Cotsilnam, hasta el momento la bala permanece en su pómulo por no tener acceso a una adecuada atención en salud", aseguró.

Otra víctima dijeron es Rosa Hernández de 65 años de edad, quien recibió una herida de bala el 23 de febrero de 2019, mientras se encontraba cortando leña en Tabak, y el 24 de marzo de 2019 un niño de 3 años resultó herido durante un ataque armado también en Tabak "uno de los disparos atravesó la tabla de una casa donde se encontraba el menor Armando Santos.

Finalmente el organismo afirmó que la población de comunidades que han sido desplazadas en Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán, se encuentran en terror constante ante el miedo del accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar procedentes de Chenalhó, por lo que urge se investiguen a estos grupos civiles armados con el fin de lograr su identificación, desarme y desarticulación.