El Instituto Nacional Electoral (INE) debe intervenir en Chiapas. No sólo por la probada parcialidad del árbitro electoral, que lo descalifica per ser el vínculo inocultable del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía con Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

La participación del INE en Chiapas también debe darse  por la baja participación electoral o elevado abstencionismo en la entidad. Una tendencia que contrasta con el porcentaje de participación electoral a nivel nacional.  Un hecho persistente, elección tras elección, a tal grado que ha llamado la atención de científicos sociales como Willibald Sonnleitner y Juan Pedro Viqueira (Nexos, noviembre 2004).

La baja participación de la ciudadanía en las elecciones es un problema muy, pero muy serio, y el INE no puede quedar al margen. 

La participación más alta en Chiapas desde 1994 (año del levantamiento armado indígena comandado por el EZLN) se registró en el 2006. Fue de un 55%. Pero fue una excepción. 

En 2003 la participación electoral fue tan sólo de un 31.5%. 

Y el abstencionismo en el 2009 fue del 70 por ciento, según documentó CIMAC.

La misma tendencia se observó en los comicios intermedios del 2015. El abstencionismo fue del 53.6%. Hay que sumarle a ello que poco más de 80 mil personas anularon su voto y al fenómeno recurrente en varios municipios de la entidad: las casillas incineradas. Práctica común en Chenalhó, Chamula, Zinacantán, Oxchuc, Ocosingo, Venustiano Carranza, Huehuetán, Tila, Comitán,  Salto de Agua y Chiapa de Corzo.

Contrario a otros municipios indígenas, en los que se vota con más entusiasmo. Aquellos donde la población indígena es mayoría, el voto alcanza hasta el 63%, lo que llama la atención de los analistas políticos. 

"Un caso sin duda excepcional, pero no por ello menos ilustrativo, es el del pequeño municipio de Santiago el Pinar. Allí la participación alcanzó el 78% en unas elecciones muy reñidas (el PRI ganó con 39%, seguido de la Alianza PAN-PT que obtuvo 36% y del PRD que alcanzó el 24%)", anotan Willibald Sonnleitner y Juan Pedro Viqueira.

"Curiosamente -resaltan- los municipios con menor participación electoral son las grandes ciudades de Chiapas. Ahí sólo el 44% de los ciudadanos acude a votar.

Los investigadores destacan la migración a otros estados de la República o a Estados Unidos, como un factor que ha elevado artificialmente el abstencionismo.

Los casos extremo son Santiago El Pinar -que con mil 481 electores tuvo una tasa de participación de 90%- y Tuxtla Gutiérrez -en donde de los 322 mil 306 ciudadanos inscritos sólo votó el 37%-. Y eso es un porcentaje elevado, porque para las elecciones federales del 2015, la capital del estado registró una participación de 293,436 electores. El abstencionismo sumó el 71.1%.

El INE debe intervenir en Chiapas porque además de que las elecciones son caras, resultan ser elecciones de minorías. Y no sólo por eso es necesaria, urgente e inaplazable la intervención del INE en Chiapas. Su participación es imperativa porque además de la desconfianza en el árbitro electoral local (el IEPC), los procesos electorales suelen mantener vicios marcados (como las campañas adelantadas; la presunción de financiamiento de campañas por el narcotráfico) y otros vicios recurrentes que hacen dudar de los resultados finales, como el voto en blanco, la comprar voluntades, el acarreo masivo, el regalo de despensas, tortas y refrescos.

Por eso y más, la presencia del INE y la observación nacional e internacional son más que indispensables en Chiapas.

El fútbol. ¡Ah, el fútbol! Ese fenómeno social avasallante; ese deporte popular que genera 
emociones multitudinarias, pasiones degenerativas y negocios multimillonarios. Ese sin el cual, un altísimo porcentaje de la sociedad, no tendría el contentamiento eficaz para el olvido de contrariedades íntimas.

Ese mismo que paralizó millones de gargantas el pasado fin de semana, cuando el gremio arbitral determinó parar todos los pitos, en protesta por la blandengue sanción a dos futbolistas que agredieron —o intentaron agredir— a dos silbantes. Al final, como todos saben, la crisis se solventó imponiendo a los agresores, el castigo que dicta la normativa… Y todos felices de nuevo. 

Pero, ¿eso acaba con la profunda crisis del deporte en el país? ¿Otorga confianza y credibilidad a dueños de equipos, directivos, cuerpos técnicos, jugadores, árbitros? No. La rebelión de los jueces del fútbol, ha sido apenas la punta del iceberg que nos indica que el peligro, es mucho mayor del que se cree. 

Constituido el futbol en la herramienta social para aminorar la presión sobre los problemas políticos del país, debería ser puesto a salvo. El vocablo “debería”, ajusta porque es un deseo, quizá solitario, ante la realidad que es contraria y pavorosa: el fútbol permanece secuestrado por empresarios sin escrúpulos, que practican cierto tipo de esclavitud sobre cientos de jóvenes deportistas. 

Ello ha desatado infructuosos intentos por crear un sindicato de futbolistas que proteja los derechos humanos, económicos y profesionales de éstos. En ese contexto, ha regido más el poderoso dinero de los dueños de los equipos incluso, sobre las leyes del país que garantizan plena libertad a los ciudadanos y castigan abusos que vulneren la seguridad jurídica de todos.

La “venta” de jugadores inter-equipos y en clubes de otros países, no es otra cosa que trata de personas, amparada en criterios que rebasan normas relacionadas con los derechos humanos. En esas transacciones, el jugador no tiene oportunidad de nada. Hemos escuchado declaraciones de muchos de ellos, mostrando su desacuerdo en ir a tal o cual equipo; otros, a modo de castigo, son enviados a clubes pequeños, donde su desarrollo profesional será nulo. 

De ahí se han generado cuestionamientos severos que han sido desoídos por directivos y autoridades. Siendo el fútbol la válvula de escape a la terrible crisis política y social, ha sido dejado en el abandono, a pesar de la generación de millones y millones de dólares en ganancias… para los empresarios y algunos gobiernos que se han apropiado de ese deporte. 

No vayamos lejos: la franquicia radicada en Chiapas (Jaguares), ha sido el ejemplo más claro del mal trato que los directivos dan a ese sector. Los sueldos les son retenidos constantemente. Las ganancias arriba mencionadas, no se reflejan en el buen desempeño de los jugadores, lo cual es lógico: “no pagas bien ni a tiempo, no trabajo ni rindo como quieres.” 

Desde esa perspectiva, hay que decir que todo el deporte está contagiado. Y más, el que depende de instituciones del Estado. Los pasados Juegos Olímpicos de Brasil, así lo demostraron. La corrupción ha invadido al deporte nacional. Ahí están los resultados de las selecciones nacionales en diversas ramas y categorías. 

Sobre eso está el mandato incontestable de las dos cadenas de televisión más grandes del país. Tratándose de fútbol, son los dueños de ambas empresas los que imponen directores técnicos del seleccionado y emiten órdenes sobre quienes deben componer el cuadro titular. Todo, de acuerdo a sus intereses financieros, nunca a favor de la gloria de nuestro deporte. 

De hecho, la defensa de los dos jugadores protagonistas del affaire que llevó al paro de pitos de la semana pasada, no se había dado en los tribunales deportivos, sino desde las cámaras y micrófonos de las aludidas. Porque así convenía a sus intereses, no al interés del aficionado que, con todo y las pifias en ese aclamado deporte, sigue llenando los estadios.

En lo tocante el asunto futbolero, lo que viene debe ser para mejorar y ofrecer un espectáculo distinto. Para lograrlo, debe prevalecer el respeto. Sí; respeto de todos lados. Porque los árbitros, no son la Santísima Trinidad. No son infalibles. Muchas veces, pitan a capricho de ellos mismos, de su gremio o a instancia de algún equipo en particular. Dicho de otra forma, cuando un árbitro se equivoque deliberadamente, también debe ser castigado.

Los jugadores por su parte, deben cumplir con el reglamento en vigor. Y claro está, rendir de acuerdo a sus capacidades. Jesús Corona, seleccionado nacional y portero del Cruz Azul lo definió muy claro: “El respeto debe ser recíproco.” No hay otra forma de lograr un fútbol más digno. 

En lugar de agua, los niños prefieren el refresco porque es más barato; se disparan casos de obesidad, desnutrición y diabetes infantil

La entrada de refrescos embotellados a zonas indígenas de Chiapas ha causado que los niños presenten mayor desnutrición, ya que toman las bebidas a diario como si fuera agua pura, aseguró el doctor Néstor García Chong, investigador de la facultad de Medicina Humana Manuel Velasco Suárez.

Detalló que el acceso a los refrescos es más fácil que en la zona centro de la entidad chiapaneca, pues por citar algunos ejemplos, la coca cola cuesta por lo menos cinco pesos menos.

Por ello, el investigador recomendó que urge poner atención a estos lugares a donde se debe llevar información sobre el tema de alimentación y prevención de enfermedades, porque el alto consumo de refrescos embotellados genera diabetes infantil.

Asimismo, vio viable que tanto gobierno, Asociaciones Civiles y sociedad trabajen en establecer una Comisión sin fines de lucro en donde se informe cada año sobre el crecimiento de los menores, desarrollo, desnutrición, sobre peso, obesidad entre otros, tal como lo hace la UNICEF a nivel mundial.

EMBARAZOS NO DESEADOS

La Empresa DKT S.A. de C.V. de México, inició en Chiapas la Gira por la Salud Reproductiva en donde se busca acercar a las mujeres la implementación de métodos anticonceptivos.

Debido a los niveles críticos de embarazos no planeados y no deseados en mujeres entre los 15 y 19 años que se registran en el estado, la alianza de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte (SJRyD) y DKT, permitirá definir un posicionamiento y una estrategia para trabajar en la sensibilización a población juvenil para el uso de métodos de planificación, la capacitación a personal de salud y para la colocación de dispositivos DIU.

Luis Arturo Cruz Fernández, director de servicios clínicos y programas sociales de DKT México, comentó que con la campaña será posible empoderar y capacitar jóvenes de comunidades urbanas, rurales e indígenas.

 Se busca beneficiar a población de las instituciones públicas: Secretaría de Seguridad Pública, población cautiva de los CERESO, población migrante y de escasos recursos, para los cuales la colocación del DIU es de forma gratuita; en los demás casos la colocación tiene un costo de recuperación de 50 pesos.

DKT es una organización sin fines de lucro International ha promovido la planeación familiar y la prevención del VIH/SIDA mediante la mercadotecnia social. Es una de las organizaciones privadas más grandes que provee productos y servicios de planificación familiar en países subdesarrollados, ayudando a 21 millones de parejas en el 2013 previniendo 8.3 millones de embarazos no deseados; 12,364 muertes maternas y 1.8 millones de abortos.