La justicia penal en San Luis Potosí padece una alarmante distorsión en sus prioridades. Mientras la Fiscalía local demuestra una celeridad implacable para procesar y encarcelar a comunicadores bajo la controversial regulación de identidad digital, la gran mayoría de las víctimas de crímenes graves en el estado topan con un muro de ineficacia burocrática. Datos recientes de la plataforma de análisis México Evalúa sitúan a San Luis Potosí entre los estados con mayor rezago judicial en el país, registrando un índice de impunidad del 93.2% en la resolución de casos. Esta realidad evidencia un aparato de seguridad pública que castiga con rapidez la disidencia digital mientras permite que la delincuencia de alto impacto opere al margen de la ley. [1, 2]

Radiografía de la Impunidad: Cifras de la Desproporción

• Efectividad Institucional Mínima: De acuerdo con los indicadores consolidados por México Evalúa, la efectividad promedio del sistema de justicia potosino es de apenas el 6.8% en la resolución efectiva de carpetas de investigación, quedando muy por debajo de la media nacional. [1]
• Violencia Organizada: Aunque informes oficiales del gobierno federal destacan disminuciones porcentuales en el promedio de homicidios dolosos, el Índice de Paz México ubica a San Luis Potosí con una de las calificaciones más desfavorables en delitos de la delincuencia organizada (4.792), multiplicando por tres la media nacional en este rubro. [1, 2]
• El Filtro de la Cifra Negra: Organismos civiles reportan que solo 6 de cada 100 delitos cometidos en el estado llegan a ser investigados por las autoridades. De este pequeño porcentaje que ingresa al sistema, las tasas de impunidad específica rozan niveles absolutos, alcanzando un 99.9% de olvido judicial en el robo simple y más del 94% en feminicidios. [1]

La Alerta Internacional ante la Prisión Preventiva

Con exagerada anticipación en Chiapas rumbo a la sucesión gubernamental en 2030, estos tres perfiles ya figuran en las "conjeturas políticas" locales, cada uno con fortalezas y retos distintos según el panorama actual:

Sasil de León Villard, es vista como una de las figuras femeninas con mayor trayectoria legislativa (diputada local, diputada federal y dos veces Senadora). Su posicionamiento nacional y su cercanía con las estructuras de poder la mantienen como una carta fuerte para la gubernatura.

Jorge Llaven Abarca, el actual Fiscal General del Estado ha construido una plataforma basada en la seguridad y gobernabilidad. Su estrategia "seguridad desde lo local" y su presencia constante en operativos de alto impacto lo perfilan como el candidato del "orden", un tema prioritario para el electorado chiapaneco de cara al 2030.

Óscar Aparicio Avendaño, como  Secretario de Seguridad del Pueblo, ha trabajado en estrecha colaboración con Llaven Abarca, incluso siendo coautor del libro "Chiapas, camino a la paz". Su perfil es más técnico-operativo, pero su visibilidad en la pacificación del estado lo coloca como un actor relevante en la mesa de sucesión. 

¿Qué definirá la balanza?

Existe una fuerte corriente que sugiere que el próximo gobierno de Chiapas (2030-2036) debería ser encabezado por una mujer, lo que daría ventaja a Sasil o a otros perfiles entre los que se mencionan también a Patricia Armendáriz Guerra y María Elena Orantes.

Si el estado continúa enfrentando retos de violencia, el electorado podría inclinarse por perfiles como Llaven o Aparicio.

Todas y todos los aspirantes según el apoyo que reciban desde el centro del país y la estructura del partido en el poder, serán determinantes en sus aspiraciones.

Molinos de viento

Susana Solís Esquinca

¿La economía estará tan mal en Chiapas que decenas de empresarios han colonizado el servicio público? 

De emprendedores han pasado a Godínez. 

Aunque muchos de ellos se han mantenido por trienios o sexenios, no obstante ser dueños de empresas exitosas que supondría no necesitan estar en el quehacer político, eso ocurre cada vez con más frecuencia. 

Una cosa es que se les invite a formar parte del servicio público y uno muy distinto que entren con calzador por cadena de favores o pago de facturas.

Y aunque algunos de ellos se quejan de que los recursos de la 4T son cada vez más raquíticos con recortes de sueldo, personal y presupuesto -que hasta tienen que poner de su bolsa- se mantienen en los cargos supongo que más por un tema de poder que de dinero.

Sin duda el ecosistema político ha variado. Primero los políticos, una vez que dejaban el cargo se volvían empresarios, constructores, consultores o iniciaban alguna empresa aprovechando las relaciones que tejieron; después esos políticos ya no esperaban terminar su gestión y se asociaban con prestanombres para el mismo fin; ahora las cosas se han invertido y parece que los empresarios encontraron el caminito de las “relaciones” con el poder para asegurar ventajas para su beneficio, o al menos eso es lo que parece.

Ojalá -al menos- que la experiencia empresarial que es más dinámica, la utilicen para reconfigurar la burocracia que tradicionalmente es lenta y perezosa; pero creo que se toparán con pared.

*Rebelión en la granja…y quizá en la granjita*

¿Cuántos alcaldes chiapanecos ya se frotan las manos para dejar el poder municipal como herencia a sus familiares en 2027?

La aprobación en el Senado de la reforma contra el nepotismo que envío la presidenta Claudia Sheinbaum con un transitorio negociado con el partido satélite PVEM para que sea hasta el 2030, ya tuvo respuesta de la mandataria y definitivamente no le gustó.

Esto porque su partido Morena lo doblaron los verdes, en el interés de este último de no ceder San Luis Potosí y dejar a la esposa del “pollo” Gallardo como gobernadora.

La reforma pasó a Cámara de Diputados donde ya se gesta una rebelión en voz del vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar (cercano a Sheinbaum), quien declaró que en San Lázaro harán todo para modificar la minuta del Senado y las medidas anti nepotismo se apliquen desde 2027.

Pero previendo que se pueden enojar los verdes, la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde se curó en salud al anunciar cambios en los estatutos para la reelección inmediata de familiares para 2027, afirmando que en su partido no se permitirá; por lo tanto en la aldea muchos alcaldes tendrán que salirse de Morena y quizá cobijarse en el PVEM, -donde es claro que desde su creación, el nepotismo es parte de su ADN-; pero con el riesgo de que el guinda vaya con otro candidat@ y gane o divida el voto.

*Oxchuc pasó la prueba del ácido*

Las elecciones en Oxchuc transcurrieron en paz y tranquilidad debido al oficio político de la Secretaría General de Gobierno y Mediación que encabeza Patricia Conde, así como la estrategia de seguridad que se implementó a través de la FRIP.

Tras largos 6 años, por fin tienen a un ayuntamiento completo y sobre todo paritario. 

Veremos como transcurren estos tres años y si los elegidos tendrán la capacidad para resarcir heridas, gobernar para bien de toda la ciudadanía, sin grupos ni facciones y que este municipio indígena comience a levantarse y prosperar.

Importante será para las autoridades estatales no soltarles la mano hasta que se olviden los agravios y haya una verdadera reconciliación que les permita vivir en paz.

That’s All.