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Chiapas / Cancún – La reciente liberación de Carlos Alberto, señalado como presunto responsable del feminicidio de Ana Gómez, ha causado profunda indignación en Chiapas y en distintos sectores del país. El juez Carlos Lima determinó su liberación al considerar que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación, pese a que el imputado habría confesado el crimen en etapas anteriores del proceso.

Ana Gómez, una joven chiapaneca que trabajaba en el hotel Hard Rock de Cancún, fue hallada sin vida hace varios años en el interior de una habitación del mismo establecimiento. La causa de su muerte estuvo relacionada con violencia sexual y física, lo que llevó a catalogar el caso como feminicidio, un delito que en México puede alcanzar penas de hasta 50 años de prisión.

Carlos Alberto fue detenido y permaneció en prisión durante cuatro años. Sin embargo, la reciente resolución judicial lo dejó en libertad, generando reclamos por parte de familiares de la víctima, colectivos feministas y defensores de derechos humanos, quienes acusan impunidad y fallas en el sistema de justicia.

“Si él no es el responsable, entonces ¿quién mató a Ana? ¿Dónde está el verdadero culpable?”, cuestionaron activistas en redes sociales, señalando que el caso continúa sin resolverse.

La liberación también reaviva las críticas al Poder Judicial por decisiones que, según los denunciantes, revictimizan a las mujeres asesinadas y a sus familias, al tiempo que debilitan la confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia.

Hasta el momento, la familia de Ana Gómez no ha recibido información clara sobre la continuidad de la investigación o si se buscará a otros posibles responsables del feminicidio.

Yajalón, Chiapas – Un video que circula en redes sociales ha generado indignación entre los habitantes de Yajalón, luego de que se exhibiera a un miembro de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal agrediendo físicamente a un ciudadano, aparentemente durante una detención.

En las imágenes se observa cómo el elemento de seguridad golpea con una tabla a un hombre, mientras otros uniformados permanecen en el lugar sin intervenir. El hecho ha sido ampliamente difundido bajo el término de “tablear”, en referencia al tipo de castigo físico aplicado.

Ante la polémica, la Secretaría de Seguridad de Pueblo emitió un comunicado en el que informa que ya se han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Asimismo, confirmaron que el elemento involucrado fue separado de su cargo de manera preventiva, en tanto se determina su responsabilidad.

“Mientras se esclarecen los hechos, el elemento que actuó de forma indebida será separado de su cargo hasta deslindar las responsabilidades correspondientes”, señala el comunicado oficial.

El caso ha reavivado el debate sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad y ha provocado reacciones de preocupación por parte de ciudadanos y organizaciones de derechos humanos.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del ciudadano agredido ni su estado de salud. Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan mayores detalles sobre el caso.