·         Pagan multa 102 ayuntamientos por no cumplir en tiempo y forma con la entrega de la cuenta pública

 Por no haber cumplido en tiempo y forma con la entrega de la cuenta pública municipal, 102 ayuntamientos han sido multados, y posterior a eso se han puesto al corriente, sostuvo la diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz, presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Chiapas.

La multa impuesta y que han pagado los ayuntamientos ante Hacienda, equivalente a 500 salarios mínimos, recursos que ingresaron a las arcas estatales.

Dijo que tras haber sido multados, las autoridades municipales tuvieron que ponerse al corriente con la documentación.

Conde Ruiz reconoció que en el ejercicio fiscal 2016 se ha avanzado en cuanto a la entrega de la cuenta pública de los ayuntamientos, en más de un70%, gracias que siempre se les ha venido exhortando a que cumplan en tiempo y forma.

En tanto, consideró que este año se tendrá un mayor avance, sobre todo que las multas tienen que despertar consciencias.

Por otro lado, sostuvo que no tienen conformado que el Cuarto Informe de Gobierno de Manuel Velasco Coello se lleve a cabo el 28 de enero, cuando se abra el primer periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 66 Legislatura.

Dijo que la sesión extraordinaria podría declararse en receso en un momento dado y una fecha posterior  reanudarse para el acto donde el gobernador rinda cuentas de la situación que guarda la administración pública estatal.

En cuanto a la iniciativa de ley de transparencia ya legalidad que ha presentado, la legisladora sostuvo que solamente se trata de homologar la ley federal en la materia.

Destacó que se trata de una ley que obliga a los funcionarios públicos que manejan recursos, a rendir cuentas en tiempo y forma.

La diputada volvió a exhortar a los presidentes municipales para que entreguen en tiempo y forma las cuentas públicas municipales, para que sea transparente el manejo de los recursos públicos.

·         Exigen el pago por concepto de liquidación de más de 2.5 millones de pesos

 Debido a que no les han cumplido con el pago de su liquidación luego de ser “recortados” de la plantilla laboral del Instituto Estatal del Agua, 17 ex-trabajadores demandaron el pago urgente de más de 2.5 millones de pesos que por ley les corresponde, en una protesta en el interior de la planta baja de la Torre Chiapas.

En rueda de prensa, Naxiely Villatoro Camposeco, una de las afectadas, lamentó que hasta la fecha no les cumplan, “pues consideramos que es un recurso autorizado, y así ha sucedido en otras dependencias en las cuales sí los han liquidado”.

Afirmó que esta medida fue sorpresiva: “Nos notificaron que estábamos despedidos cuando regresamos de vacaciones decembrinas, entonces venimos y nos enfrentamos a la cuesta de enero y no hay recursos… en sí, llevamos dos quincenas sin recibir pago y no sabemos qué sucede”.

Aclaró que la intención de sus compañeros y compañeras no es manifestarse de forma radical, sino buscar una solución, primero, por la vía del diálogo, “que se nos respete lo que corresponde conforme a la ley, y pues esperamos que ésta se haga valer”.

Ante la inminente desaparición de dicho instituto, afirmó que la incertidumbre es aún mayor, debido a que —aseguró— les dijeron que el recurso estaba a punto de ser liberado en la Secretaría de Hacienda, “pero nos extraña qué esté sucediendo, por qué el retraso”.

Respaldada por los demás afectados, quienes portaban cartulinas con leyendas de protesta, afirmó que hasta ese momento ninguna autoridad se les acercó para buscar una solución, “y es un dinero que todos necesitamos para pagar escuela, Infonavit, gastos del hogar, e incluso nos sacaron del seguro social, y pues eso pone la situación más compleja”.

Comentó que se mantendrán en la Torre Chiapas hasta que las autoridades les cumplan, “queremos que vengan las autoridades, que nos expliquen y con base en ello tomar acciones”.

·         Demanda de que se les paguen tres millones de pesos por concepto de indemnizaciones, tras de que fueran desplazados de su comunidad en 2013.

 Un grupo de aproximadamente setenta habitantes del municipio de Venustiano Carranza iniciaron este martes un plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno en demanda de que se les paguen tres millones de pesos por concepto de indemnizaciones, tras de que fueran desplazados de su comunidad en 2013.

Alfredo López Núñez, vocero de los inconformes informó que desde mayo del citado año un grupo paramilitar encabezado por José Vázquez Hernández, los amenazó de muerte sino abandonaban sus tierras. “No tuvimos otra opción y desde ese entonces buscamos justicia y el resarcimiento de los daños”.

Reveló que en aquel entonces las autoridades, representadas por Secretario de Gobierno, Noé Castañón, firmaron un acuerdo en el que se comprometían al pago por el quebranto económico causado a aproximadamente 119 familias de la comunidad. “Pero es la fecha que no nos resuelven”, señalaron.

Tras una marcha que iniciaron en el Parque “Cinco de Mayo” aproximadamente a las 10:00 horas, los campesinos coincidieron que la autoridad les ha cerrado las puertas para el diálogo. “Exigimos castigo para quienes actuaron en nuestra contra, entre ellos OCEZ,  pues todo lo hemos documentado”, detallaron.

Relataron asimismo que tras ser despojados de sus pertenencias encontraron refugio en la comunidad Trinidad Oquil.

López Núñez aseguró que actualmente en Venustiano Carranza los pobladores viven con temor. “Es un pueblo sin ley, cuya población se encuentra en total indefensión y donde cualquiera pueda secuestrar, robar, matar, es decir, no hay Estado de Derecho en la comunidad. No queremos más ilegalidad”.

Respecto a la cantidad que exigen como indemnización, dieron a conocer que es el monto global de las pérdidas económicas que sufrieron los 119 afectados. “Todos fuimos despojados de manera particular de parcelas, casas, autos y animales de corral. Lo que pedimos es justo”, argumentaron.

Detallaron que inicialmente el gobierno les dio unos terrenos para que trabajaran, sin embargo se trata de superficies cuya tierra es mala, donde no pueden producir ningún alimento, por lo que todos los labriegos deben hallar trabajos temporales en otras regiones para poder sostener a sus familias”.