La justicia penal en San Luis Potosí padece una alarmante distorsión en sus prioridades. Mientras la Fiscalía local demuestra una celeridad implacable para procesar y encarcelar a comunicadores bajo la controversial regulación de identidad digital, la gran mayoría de las víctimas de crímenes graves en el estado topan con un muro de ineficacia burocrática. Datos recientes de la plataforma de análisis México Evalúa sitúan a San Luis Potosí entre los estados con mayor rezago judicial en el país, registrando un índice de impunidad del 93.2% en la resolución de casos. Esta realidad evidencia un aparato de seguridad pública que castiga con rapidez la disidencia digital mientras permite que la delincuencia de alto impacto opere al margen de la ley. [1, 2]

Radiografía de la Impunidad: Cifras de la Desproporción

• Efectividad Institucional Mínima: De acuerdo con los indicadores consolidados por México Evalúa, la efectividad promedio del sistema de justicia potosino es de apenas el 6.8% en la resolución efectiva de carpetas de investigación, quedando muy por debajo de la media nacional. [1]
• Violencia Organizada: Aunque informes oficiales del gobierno federal destacan disminuciones porcentuales en el promedio de homicidios dolosos, el Índice de Paz México ubica a San Luis Potosí con una de las calificaciones más desfavorables en delitos de la delincuencia organizada (4.792), multiplicando por tres la media nacional en este rubro. [1, 2]
• El Filtro de la Cifra Negra: Organismos civiles reportan que solo 6 de cada 100 delitos cometidos en el estado llegan a ser investigados por las autoridades. De este pequeño porcentaje que ingresa al sistema, las tasas de impunidad específica rozan niveles absolutos, alcanzando un 99.9% de olvido judicial en el robo simple y más del 94% en feminicidios. [1]

La Alerta Internacional ante la Prisión Preventiva

 ¡Un respiro para las y los potosinos! La Secretaría de Finanzas (SEFIN) ha confirmado que, para el 2025, el costo del control vehicular, o "canje anual", se mantendrá sin aumento en comparación con el año anterior. Con una tarifa de mil 344 pesos, la tasa se conserva estable, en un claro apoyo a la economía de las familias potosinas.

Sin embargo, la renovación de la tarjeta de circulación, documento que debe actualizarse cada tres años, tendrá un ajuste de 503.49 pesos en su tarifa, alcanzando los dos mil 240 pesos para 2025. Este ajuste, que cubre los ejercicios 2025, 2026 y 2027, tiene como objetivo garantizar la vigencia del documento hasta el 2028, resultando en un pago anual de 167.80 pesos.

La titular de la SEFIN, Ariana García Vidal, destacó que, a pesar de este ajuste puntual, el gobierno del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona continúa implementando políticas públicas que no afectan el bolsillo de los potosinos, como la eliminación del cobro por tenencia y la permanencia de programas gratuitos de licencias y placas, lo que posiciona a San Luis Potosí como el único estado en el país con estos beneficios.

“Seguimos comprometidos con el bienestar económico de las familias potosinas. No solo no aumentamos el costo del control vehicular, sino que seguimos con programas que hacen de nuestro estado un referente a nivel nacional en cuanto a beneficios gratuitos para los contribuyentes”, declaró García Vidal.

Con estas acciones, el gobierno potosino reitera su compromiso con el bienestar económico de la población, ofreciendo estabilidad y apoyos que no solo facilitan la movilidad, sino que promueven un desarrollo más accesible para todos.

El pasado 2 de julio también se informó que una mujer fue sometida en el 2017 a 30 sesiones de quimioterapia innecesarias, pues fue diagnosticada erróneamente con cáncer por dos médicos oncólogos del Hospital General de Zona (HGZ) No. 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de San Luis Potosí, reveló una investigación de la CNDH.

El problema inicial consistía en un tumor con dimensiones de dos centímetros que no era maligno, y que después de seis meses cuando se detectó el diagnóstico erróneo, éste creció a 10 kilogramos.

Los doctores del HGZ No. 50, “detectaron” tumor de células gigantes de hueso y sometieron a la paciente a quimioterapia innecesaria.

Debido a la mala praxis, la usuaria requerirá cuidados y tratamientos especiales por tiempo indefinido, los cuales deberá proporcionarlos el IMSS como consecuencia directa “de la inadecuada atención que recibió”.

Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación 117/2022 a Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del IMSS. El instituto informó, ese mismo 2 de julio y por medio de un comunicado, que ya está analizando la recomendación emitida.

Una #Mujer fue sometida a tratamientos de quimioterapia basados en un diagnóstico equivocado en el HGZ-50 del @Tu_IMSS. Por ello, emitimos la #Recomendación 117/2022.

Puedes consultarla aquí ???? https://t.co/BhfAdBOd17#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/OAshN9PL7z

— CNDH en México (@CNDH) July 1, 2022