Maestros de la Región Altos de la Sección VII y normalistas marcharon la tarde de este domingo, del kilómetro 46 hacia el centro de San Cristóbal de Las Casas, para exigir el cumplimiento de las demandas del magisterio y  el aumento de plazas para los de nuevo ingreso.

En entrevista Stalin Hernández Arrazate, coordinador del  Consejo Central del Lucha en la Región Altos de la Sección 7 dijo que que una comisión de las diferentes delegaciones de la coordinadora, organizaciones y estudiantes, ratificaron su posición de continuar saliendo a las calles porque las exigencias del magisterio no han sido resueltos.

"Mantenemos una posición de exigir una mesa de diálogo con el Presidente de la República, porque se han llegado a acuerdos pero no han resuelto las problemática del magisterio y no hay reconocimiento de la autoridad local", aseveró.

Por ello pidió se resuelva la problemática de las cajas de ahorro y de Fondo de Ahorros y Beneficio Social (Fabes), porque el gobierno  no permite que sean los socios que administren las cajas sino el mismo gobierno.

Denunció al organismo llamado Usicamm porque rige toda la vida laboral de todos los profesores del nivel de educación básica, generando una problemática porque controla las plazas, el ingreso, el servicio, los movimientos y los ascensos pero con sus lineamientos violentando el derecho de los trabajadores.

"Hay faltas de vacantes  de maestros en las escuelas telesecundarias en la región Altos, a ellos les hace falta 39 maestros en una zona escolar, quiere decir que estos grupos no son atendidos, las autoridades piden el regreso a clases presenciales, pero no hay maestros, además que no hay servicios básicos ni se generan los insumos necesarios de higiene", expresó.

Finalmente dijo que junto con estás exigencias, el magisterio a nivel nacional y estatal realizan movilizaciones por que este domingo se cumplen siete años de la masacre de Ayotzinapa, exigiendo la presentación con vida de los estudiantes.

Alrededor de 100 personas desplazadas de la colonia Santa Catarina ahora la Libertad, marcharon de la Unidad administrativa hacia el centro histórico de San Cristóbal de Las Casas, la mañana de este martes para exigir el retorno a sus hogares.

En entrevista Lucio Mariano Jiménez Velasco, coordinador estatal de la Organización Indígena de Chiapas (OICH), dijo que esta movilización es porque hoy cumplen 6 años de desalojados, y que hasta la fecha no les han dado una solución a sus demandas.

Indicó que tienen una mesa de negociación pero no ha habido justicia,  "está marcha es para decirle al gobierno y a todas las autoridades que nos estamos cansando, pero tampoco vamos a perjudicar a otras personas, por ello optamos por una marcha pacífica como desplazados de Santa Catarina, agradecemos a las organizaciones del Frente Campesino y estudiantes que hoy se suman para pedir justicia y poder retornar".

Agregó que hasta el momento las autoridades les han dicho que van a retornar a su colonia pero no se han visto los resultados, "nuestras casas y terrenos ya los vendieron y están ocupados por pseudolíderes que son Domingo López Díaz y Juan Pérez Jiménez y ahora no saben que hacer para que nos lo regresen".

Destacaron que ellos son los fundadores desde el 2009, "somos 200  desplazados que no tenemos donde vivir, los que ahora ocupan la colonia son  gente delictiva, narcotraficantes y secuestradores, hay trabajadores del ayuntamiento y del gobierno, no es posible mientras que la gente pobre estamos afuera, esa es nuestra inconformidad".

Señaló que ya están cansados de esperar y que exigen al gobierno que en la mesa de diálogo ya se de una solución definitiva a sus demandas, "la respuesta está en manos de las autoridades, no queremos que haya otro derramamiento de sangre como paso en el 2018, si no quieren que retornemos a Santa Catarina que nos den otra opción digna donde podamos vivir en paz".

Así también pidió castigo para los líderes de esa colonia Martín Palé Santiz, Manuel Tom Palé alias "el Chicano", Juan Pérez  Jiménez, Domingo López Díaz, Marcelino Díaz López y Mario Pérez López, por amenazas a los desplazados y por ser los autores intelectuales de la muerte de su hermano Juan Carlos Jiménez Velasco, acribillado el 24 de marzo de 2016.

"Ya hay órdenes de aprehensión pero la Fiscalía de Justicia Indígena no hace su trabajo,  Martín Palé está en el Amate pero no por el caso de mi hermano por ello queremos que se castigue por ese asesinato", concluyeron.

Después de media hora de que marcharan más de 250 evangelicos por las principales calles de San Cristóbal de Las Casas, la Fiscalía General de la República dejó en libertad al pastor Alejandro Jiménez Jiménez por falto de elementos de prueba.

"Gracias a Dios, a las  iglesias;  a las organizaciones sociales; La Fe no debe ser perseguida en Chiapas; Presidente Obrador necesitamos una mesa federal", expresaron los evangélicos.

Los líderes  religiosos  Esdras Alonso González y Abdías Tovilla Jaime, habían advertido durante la marcha que si no dejaban en libertad al pastor Alejandro  convocarían a realizar movilizaciones a las bases que lo integran  más de un millón y medio de evengelicos en el estado de Chiapas.

Asi también calificaron de vergonzosa la detención, ya que el pastor había denunciado desde el 10 de enero la quema y destrucción de sus viviendas, las amenazas de muerte por caciques de esa comunidad y como respuesta a eso fue detenido y golpeado por los policías durante un fuerte operativo  realizado en la comunidad de Mitzitón.

Después de 48 horas el pastor Alejandro Jiménez Jiménez, fue puesto en libertad, lo que causó gran alegría en la comunidad cristiana evangélica.

En entrevista Esdras Alonso, dijo "para nosotros siempre fue inocente y fue lo que se probó, ahora que el está libre pedimos que en este caso se desahoguen las carpetas de investigación y lo que el siempre reclamo desde el día 10 de enero de los agravios que se cometieron, conforme a derecho se resuelvan".

Finalmente indicó que si la Fiscalía del Estado no es capaz de resolver esta problemática, que sea la Fiscalía General de la República haga atracción de los expedientes y temas de intolerancia religiosa, para evitar problemas donde las autoridades están coludidas en contra de la gente que han estado agraviando de la comunidad cristiana.